Salario digno para quienes sostienen al país: la reforma para policías, maestros y médicos que aún está pendiente de entrar en vigor

En septiembre y octubre del 2024, fue celebrada con entusiasmo la aprobación de una reforma constitucional de hondo calado social establecida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador: establecer un salario base que no podrá ser menor al promedio registrado por el IMSS ($16,777 pesos) para maestras, médicos, enfermeras y policías. Se trataba de un acto de justicia laboral largamente postergado. La reforma fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras y aprobada por 30 congresos locales, cumpliendo formalmente con el procedimiento constitucional.

Sin embargo, a ocho meses de su aprobación, esa reforma sigue sin entrar en vigor. ¿La razón? No se ha emitido la declaratoria de constitucionalidad por parte de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, lo que impide su entrada en vigor. Esta declaratoria es el último paso que daría vida jurídica a lo que, hoy por hoy, permanece como una promesa no ejecutable. La reforma existe, pero no obliga. Fue votada, pero no publicada. En términos prácticos, es una ley suspendida en el aire.

Hoy, que el Congreso ha convocado a un nuevo periodo extraordinario del 23 de junio al 2 de julio, cabría esperar que esa declaratoria fuese incluida entre los temas prioritarios, sin embargo, no fue así. A pesar del valor simbólico y material de esta reforma, su declaratoria no figura en la agenda que abordará temas como seguridad, lavado de dinero, telecomunicaciones y medio ambiente, entre otros. Si bien todos son asuntos de gran relevancia nacional, preocupa que una de las reformas laborales trascendentes para el Estado mexicano haya quedado nuevamente fuera del periodo extraordinario del poder legislativo.

La Cuarta Transformación ha sostenido que en el centro de su proyecto está el bienestar de quienes menos tienen y de quienes sostienen los pilares del Estado. Por eso sorprende que el compromiso de garantizar un salario digno y permanente a quienes están al frente del aula, las clínicas y hospitales o la patrulla, no haya culminado su trayecto legislativo. Más aún cuando es el propio gobierno federal quien ha difundido públicamente este avance como uno de los logros importantes del sexenio anterior.

¿Estamos frente a un olvido técnico? ¿O frente a una omisión política deliberada? La respuesta, posiblemente, combina ambas cosas. Técnicamente, corresponde a la Mesa Directiva del Senado emitir la declaratoria. Políticamente, es claro que hay una tensión presupuestal que ha frenado su publicación. Garantizar ese nuevo piso salarial implica reordenar partidas, ajustar techos financieros y tomar decisiones que exigen planeación y respaldo administrativo. Pero la reforma ya fue aprobada. Y si se aprobó, debe cumplirse.

Este es un buen momento para repensar lo que significa avanzar hacia el segundo piso de la transformación. No basta con celebrar reformas en el discurso: se requiere concretarlas en el acto, dotarlas de efectos legales y presupuestales. Dejar congelada esta reforma es enviar un mensaje ambiguo a quienes entregan su vida al servicio público: el mensaje de que pueden esperar un poco más. Pero ese “poco más” ya se ha transformado en meses, y corre el riesgo de transformarse en más tiempo.

Es comprensible que el rediseño fiscal de México no se resuelva en una sola legislatura. Pero también es cierto que las prioridades políticas se demuestran no en los discursos, sino en las agendas legislativas. Esta omisión, aunque técnica en apariencia, termina siendo profundamente política. Porque no declarar esta reforma no sólo priva de su derecho a los trabajadores del Estado, sino que debilita la credibilidad institucional del proceso de transformación.

En los hechos, lo que se ha frenado es una reforma que representa una inversión, no un gasto: una medida que podría reducir la rotación laboral, fortalecer la profesionalización del servicio público y dignificar funciones esenciales para la cohesión social. Asegurar un salario base digno no solo es justicia laboral, es también una medida de gobernabilidad.

Es momento de corregir por parte del poder legislativo, no con estridencia, sino con responsabilidad y brindarle certeza discursiva a la presidenta Claudia Sheinbaum. Así como el Plan Nacional de Desarrollo ha puesto en el centro el fortalecimiento del Estado y la dignificación del servicio público, también es tiempo de traducir esas metas en realidades legales. Emitir la declaratoria no es solo un trámite, es un acto de coherencia.

La legitimidad de un gobierno que se define por estar del lado del pueblo se consolida cuando cumple, sin ambigüedades, con quienes lo sostienen desde la primera línea. Maestras, enfermeros, médicas y policías no deberían seguir esperando. La reforma ya es ley; lo único que falta es cumplirla.