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  • hace 4 días
  • 14:07
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Claudia Sheinbaum impulsa un México sin monopolios

Claudia Sheinbaum impulsa un México sin monopolios

Por Gabriela Jiménez Godoy

Una reforma de gran calado fue aprobada en la Cámara de Diputados. Con 323 votos a favor en lo general y 302 en lo particular, se avaló la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio como nuevo organismo público descentralizado del Estado mexicano, en sustitución de la antigua Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en el marco de la reforma constitucional publicada en diciembre del 2024. Con esta decisión, no solo se simplifica la estructura orgánica del gobierno, sino que se fortalece la capacidad del Estado para garantizar mercados más justos, transparentes y competitivos.

La nueva Comisión Nacional Antimonopolio estará sectorizada a la Secretaría de Economía, pero contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y operativa. Su misión será prevenir, investigar y combatir monopolios, prácticas que distorsionen los mercados. 

El nuevo Pleno de la Comisión será nombrado y ratificado por el Senado, con un esquema escalonado para asegurar continuidad y especialización técnica. Además, se establece además que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza en áreas estratégicas, ni las de empresas públicas cuando cumplan sus fines constitucionales.

Esto es un acto de justicia económica. Porque donde hay concentración desmedida, hay exclusión; y donde no hay competencia real, quienes pierden son las y los consumidores de a pie. 

Esta reforma es parte del proyecto de transformación nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha dicho desde el inicio que el crecimiento debe ser más justo y la prosperidad debe compartirse. Para lograrlo, el Estado debe asumir un papel rector en la economía, garantizando reglas claras, equidad en los procesos y límites efectivos al poder excesivo de ciertos grupos.

La Comisión Nacional Antimonopolio podrá realizar investigaciones, inspecciones, emitir criterios técnicos y ordenar la suspensión de prácticas ilegales. También intervendrá en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y radiodifusión, determinando la existencia de agentes económicos y aplicando medidas correctivas para evitar daños a la libre competencia. Esto es especialmente relevante en un país donde el acceso a la información, la conectividad y los medios han estado históricamente influenciados por quienes concentran el poder económico.

Estos cambios buscan asegurar condiciones más justas para todas y todos: que ninguna empresa tenga tanto poder como para fijar precios de manera arbitraria, bloquear a nuevos competidores o imponer condiciones al consumidor; que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen sin estar sujetas al dominio de unos cuantos; y que los beneficios del crecimiento económico no se queden en la cima, sino que se traduzcan en bienestar para la mayoría.

Esta reforma garantiza que el desarrollo llegue a todos los rincones del país y que las oportunidades no sean privilegio de unos cuantos. Así, reafirma el principio fundamental de la Cuarta Transformación: el poder económico nunca estará por encima del poder del pueblo.