La Reforma Constitucional como trinchera: la urgencia de nombrar para existir

In memoriam, José Luis Mora Villamil. Descansa en Orgullo, hermana. La lucha sigue.

Nuestro México es un país que valora y se enorgullece de su diversidad cultural, que comprende una vasta riqueza gastronómica, social, de culturas, paisajes, climas y ciudades; sin embargo, hoy enfrentamos una paradoja que debería encender todas las alarmas, y es que una parte de su población es violentada por el simple hecho de existir fuera de la heteronorma. Según distintas organizaciones sociales y organismos internacionales, México ocupa el segundo lugar en América Latina en crímenes de odio contra personas LGBTI, superado únicamente por Brasil. Entre 2019 y 2023 se documentaron 523 asesinatos, con un aumento del 32% en los últimos dos años. Los hombres gays y las mujeres trans cargan con el peso más brutal de esta violencia: representan más del 70 por ciento de las víctimas, muchas de ellas, con empleos precarizados, residentes de poblaciones de la periferia, trabajadoras sexuales, entre otras. Los casos viralizados en las últimas semanas, ilustran esta impunidad estructural. 

Esta escalada de homicidios basados en orientación sexual e identidad de género no ocurre en el vacío. Se nutre directamente de discursos de odio institucionalizados y una ofensiva global coordinada por una 'hidra fundamentalista' transnacional. Esta red, impulsada por figuras como Donald Trump, (cuyo gobierno retrocedió drásticamente en derechos humanos de personas trans, sentando un peligroso precedente), y amplificada por líderes autoritarios en la región como Nayib Bukele, en El Salvador y Javier Milei en Argentina (que atacan sistemáticamente los derechos LGBTI+ como parte de su proyecto político), encuentra eco y operatividad local. En México, partidos políticos conservadores y empresarios fundamentalistas, financian opacamente campañas de desinformación, promueven narrativas pseudocientíficas como la 'ideología de género' para negar evidencias médicas, e impulsan iniciativas regresivas. Su objetivo es claro: erosionar derechos humanos bajo eufemismos de 'libertad' o 'valores familiares', creando un caldo de cultivo donde la deshumanización justifica la violencia.

En este contexto, la iniciativa de Reforma Constitucional, presentada por el Diputado Jaime López Vela, Presidente de la Comisión de la Diversidad, de la Cámara de Diputados, representa una trinchera contra el avance global del fundamentalismo, pues trasciende lo jurídico, ya que ante todo, y en el marco del contexto actual, es una declaración geopolítica en un momento crítico. Frente al avance coordinado de proyectos autoritarios que instrumentalizan el odio anti LGBTI, México enviaría el mensaje contundente, que el Estado reconoce como realidades jurídicamente protegidas lo que los fundamentalismos buscan borrar.

Esta iniciativa, entonces, opera en distintos niveles estratégicos. En primer lugar, es un contrapeso regional frente a la ola reaccionaria, esto quiere decir que de aprobarse la Reforma, México colocaría su Constitución del lado de la Corte IDH y los estándares más altos en materia de derechos humanos. Sería, además, un acto de soberanía jurídica frente a think tanks y lobbies religiosos internacionales que financian la regresión en América Latina. Por otra parte, es una advertencia a los poderes fácticos paea desactivar la narrativa del odio que buscan capitalizar electoralmente, y que con la Reforma quedaría fuera de la norma.

La urgencia de sustituir el término “preferencias sexuales” en el Artículo 1° Constitucional, en ese sentido, adquiere una dimensión ética ineludible al documentarse su instrumentalización perversa. Como advierte el CONAPRED en su Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales, este lenguaje anacrónico ha sido secuestrado por grupos pedófilos para intentar justificar sus delitos, distorsionando el concepto de diversidad al equiparar su patología criminal con una mera 'preferencia' más. Esta apropiación dolosa no es marginal, pues revela cómo el lenguaje jurídico ambiguo puede convertirse en arma para pervertir derechos humanos. Mantener 'preferencias' en la Carta Magna no sólo niega la materialidad de las orientaciones e identidades LGBTI, sino que otorga cobertura semántica a quienes buscan camuflar crímenes de violencia sexual infantil bajo el paraguas de la diversidad. La reforma del diputado López Vela corta este vínculo tóxico, ya que al consagrar “orientación sexual, identidad de género y características sexuales”, la Constitución desarma jurídica y moralmente estos discursos de legitimación de la perversión, reafirmando que los derechos humanos jamás pueden ser escudo para la explotación.

Más que una reforma, es un posicionamiento civilizatorio, en el que México tiene la gran oportunidad de declarar que los cuerpos disidentes no son campo de batalla para guerras culturales importadas. Al constitucionalizar "orientación sexual, identidad de género y características sexuales", el Estado deslegitima los proyectos políticos construidos sobre nuestra negación. No es sólo cambiar palabras, es desmantelar el andamiaje conceptual que permite a los fundamentalismos religiosos, políticos y económicos convertir vidas en daños colaterales de su cruzada contra un porvenir más justo, libre y en paz.