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  • 23 May 2023
  • 18:05
  • SPR Informa 6 min

Poder económico y poder político

Poder económico y poder político

Por Hugo Rangel Vargas

La decisión del gobierno del presidente López Obrador de ocupar temporalmente vías férreas concesionadas a la empresa Ferrosur propiedad del magnate mexicano Germán Larrea, representa otra muestra más de que la Cuarta Transformación va en serio en su máxima de separar el poder político del poder económico.

Larrea, quien ha sido uno de los beneficiarios del capitalismo de cuates que representó el régimen neoliberal en el país, tenía bajo su control y usufructo uno de los tramos ferroviarios que se convertirían en estratégicos para el tránsito de mercancías y pasajeros una vez que se concluyeran las obras tanto del Tren Maya como del Transístmico; por lo que cualquier otra determinación que no fuera la del retiro de la concesión o la ocupación temporal del tramo, implicaría la generación de una importante externalidad positiva de una obra pública, en favor de un privado.

Los múltiples negocios y la acumulación de fortuna por parte de este multimillonario tuvieron un momento clave en la modificación de la Ley Minera ocurrida durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, justo cuando se permitió la ampliación prácticamente ad perpetuam de las concesiones de explotación de minerales y se cancelaron los impuestos de esta actividad.

Durante el zedillismo, Ferrosur se hizo de la concesión de vías del ferrocarril en el sur del país y esta empresa pasaría posteriormente a ser propiedad de Larrea quien también se había adjudicado la concesión del ferrocarril Pacifico Norte. Otro negocio privado hecho al amparo del poder público.

La magnitud del poder económico que Larrea ha acumulado ha cobrado costosísimas facturas sociales y medio ambientales en los territorios en donde sus negocios se asientan. Desastres ecológicos como la derrama de desechos tóxicos sin control en la colonia Victoria de Monterrey, o desgracias humanas como el derrumbe de la mina de Pasta de Conchos en Coahuila; son tan solo una muestra de la lógica salvaje que ha imperado en la operación de los negocios de Larrea.

El timing político con el que se ha conducido el opulento empresario también pudiera estar operando en su irracional exigencia de una suma millonaria por concepto de indemnización derivado de la ocupación temporal de las vías férreas en litigio con el gobierno mexicano. No es de dudar que su pretensión bien pudiera tener como contracara la jugosa operación de compraventa de Banamex, de la que él es un pujador y en la que seguramente pretendía una condonación de impuestos.