Vivimos en una era en la que cualquiera puede decir cualquier cosa. Tenemos acceso, sin precedentes, a libros, artículos, videos, bases de datos y herramientas de búsqueda, Google, redes sociales, bibliotecas digitales, que nos permiten informarnos sobre prácticamente cualquier tema. Sin embargo, paradójicamente, parece que el valor de la opinión se ha separado peligrosamente del conocimiento real. Esto no es solo una inquietud personal, es una observación compartida por muchos pensadores contemporáneos que estudian cómo construimos sentido y cómo nos comunicamos.
La idea de que tener derecho a opinar hace válida nuestra opinión es una ilusión peligrosa. El derecho a expresarnos es innegable y básico en sociedades libres, pero confundirlo con autoridad intelectual es un error que genera ruido, confusión y fracturas sociales. La opinión sin fundamento se multiplica como eco en un vacío: suena fuerte, pero no resuena con claridad. Uno puede opinar sobre feminismo, política, ciencias sociales o cualquier disciplina compleja sin realmente comprender lo que esos conceptos significan, y eso no solo es improductivo, sino riesgoso para el diálogo público.
Autores como Carlo M. Cipolla ya identificaron que la estupidez humana no es la ausencia de capacidad cognitiva, sino la frecuencia y el impacto de acciones y juicios que causan daño sin beneficio claro, incluso para quien los expresa. Cipolla sostiene que siempre hay más gente actuando de forma que perjudica el bien común que los que actúan razonadamente. Y lo más inquietante: no podemos subestimar cuán extendida está esa tendencia.
Esto explica por qué en redes sociales proliferan posturas categóricas, etiquetas simplistas y descalificaciones automáticas. No se trata solo de puntos de vista distintos; muchas veces se trata de opiniones que no están ancladas en evidencia, reflexión crítica o voluntad de entender al otro. Se confunde la capacidad de expresión con la preparación para argumentar, y el resultado es ruido, no diálogo.
Un caso emblemático es la reacción que obtienen observaciones matizadas sobre temas sensibles: más allá de aportar a una conversación constructiva, muchos responden con ataques personales o con ironías desconectadas del tema central. Eso no solo no enriquece el debate, sino que lo degrada. Porque opinar es fácil, pero comprender lleva tiempo, humildad y voluntad de salir del propio mundo mental para entrar en el del otro.
No sugiero que dejemos de opinar. Sugiero que antes de hacerlo, nos preguntemos qué entendemos, qué hemos leído, qué fuentes hemos confrontado y qué consecuencias tiene nuestra opinión para otros. La responsabilidad de un comunicador, y aún más de un gobernante, no es simplemente hablar: es contribuir a un discurso que ilumine, no que polarice.
Si queremos que nuestras sociedades progresen, necesitamos recuperar el valor del pensamiento crítico: no como un privilegio de expertos, sino como una herramienta de ciudadanía. Esto implica aceptar que no siempre sabemos, estar dispuestos a aprender y entender que tener derecho a hablar nunca sustituirá el deber de informarse. Así, cambiar el ruido por reflexión será, quizá, el mayor acto de respeto que podemos ofrecerle a la democracia y a nuestra comunidad humana.