A partir del próximo primero de septiembre entran en funciones diversos cargos en el Poder Judicial Federal, entran después de una controvertida reforma en donde dichos cargos se eligieron por voto popular. En este espacio ya habíamos advertido que históricamente en México y el mundo los cambios políticos preceden a cambios en el poder judicial. Podemos tomar como ejemplo los casos del México postrevolucionario, la reforma judicial de Zedillo o en Estados Unidos casos como el de Packing the Court del presidente Roosvelt o inclusive las propuestas de cambio en el Poder Judicial planteadas por Donald Trump.
Pues la función jurisdiccional y judicial está inscrita en desarrollo del estado y no son ajenos a los cambios políticos o institucionales que vive un país, pese a lo que idealmente podríamos pensar, en donde los poderes judiciales fueran inmunes a los cambios políticos.
Lo anterior, nos lleva a tomar un momento para reflexionar sobre esta última etapa del poder judicial federal mexicano, que en mi opinión sería de 1994 a 2024. Veinte años en esta etapa del poder judicial mexicano que se caracterizaron por una profesionalización de la función judicial, la introducción de criterios pro-persona y armonización con el sistema internacional de derechos humanos, entre otros aciertos. Pero también tuvo cuestionamientos como un alejamiento con la población, un rezago judicial importante y una lenta implementación de reformas. Ya será trabajo de historiadores del derecho juzgar y estudiar estos años en la historia del poder judicial mexicano.
Lo cierto es que este nuevo cambio, nos permitó como mexicanos cuestionarnos el papel del poder judicial dentro del estado. Pongo como ejemplo el caso de en esta elección judicial extraordinaria ¿Cuánta gente se preguntó por primera vez que hacía un juez de Distrito? ¿Cuánta gente aprendió la diferencia entre un juez federal y un juez local? ¿Cuánta gente supo diferenciar la función judicial de la función ministerial?[2] ¿Cuánta gente aprendió a diferenciar entre las materias de los juzgados? Sin duda fue un ejercicio cívico interesante, que, si bien tuvo complicaciones y retos, será necesario hacer cambios para optimizar dicho ejercicio democrático.
En última instancia, el nuevo Poder Judicial se enfrentará al desafío de reconciliar su origen popular con la independencia y la separación de poderes. El tiempo dirá si esto no afecta su legitimidad y, por el contrario, socava su capacidad para ser el árbitro imparcial que toda democracia requiere.
[2] Mucha gente mayor continuaba relacionando al Poder Judicial con la extinta policía judicial; y para ser sinceros, si es una confusión semántica válida, aunque no tuviera que ver una cosa con la otra. La institución de la policía judicial eran elementos policiales adscritos a juzgados de instrucción que presentaban presuntos culpables en el sistema penal del siglo XIX. Este nombre se mantuvo en la ley a nivel federal y en la Ciudad de México al menos hasta septiembre de 2009 cuando se publica en la Gaceta Oficial, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de la cual se transforma la Policía Judicial en Policía de Investigación.