Del legado de Otero al voto popular: la segunda etapa de la Reforma al Poder Judicial

La figura de Mariano Otero, jurista jalisciense y liberal clave del siglo XIX, es uno de esos nombres que México puede presumirle al mundo. Su aportación al juicio de amparo no fue menor, porque ayudó a consolidar una herramienta jurídica destinada a proteger a las personas frente a los abusos del poder, una institución nacida en México que con el tiempo se volvió referente internacional en la defensa de los derechos y el control de los actos de autoridad. 

Su idea iba contra el abuso de autoridad y contra el viejo modelo centralista, incluido el Supremo Poder Conservador de las Siete Leyes, que era una especie de árbitro político por encima de los poderes. En su voto particular de 1847 se impulsó otro camino, que la protección constitucional pudiera operar a favor de las personas frente a actos de autoridad.

Traigo a colación la enorme aportación de Otero porque México vuelve a colocarse frente a una discusión jurídica de alcance mundial. Así como el amparo fue una innovación mexicana para defender a las personas frente al abuso de autoridad, la elección judicial representa hoy otro giro histórico, discutido, incómodo y profundamente novedoso, para acercar la justicia al voto ciudadano. 

La oposición la ha manifestado como una “barbaridad” y algunos observadores internacionales la miran con preocupación, pero toda innovación democrática nace rodeada de resistencias. Lo importante no es negar los desafíos del modelo, sino corregirlos sin renunciar al principio central, que el Poder Judicial también debe responder ante el pueblo.

El problema para el viejo bloque conservador es que durante años confundió conocimiento con privilegio. Se acostumbraron a creer que la justicia era territorio exclusivo de sus academias, sus despachos, sus apellidos y sus redes judiciales, como si el pueblo solo pudiera obedecer sentencias, pero jamás participar en la construcción del Poder Judicial. Esa soberbia los alejó de la vida real. Mientras hablaban de técnica, millones de personas padecían tribunales lejanos, caros, lentos y muchas veces capturados por intereses.

La primera fase de la reforma judicial consistió en romper ese monopolio de las élites judiciales; el espacio donde durante décadas se decidió la justicia lejos de la gente y una cultura jurídica que muchas veces confundió independencia con falta de rendición de cuentas. 

La segunda etapa planteada en la reforma enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso debe hacer que el voto del pueblo sea claro, informado y eficaz. Por eso la iniciativa plantea mover la elección judicial de 2027 al 4 de junio de 2028, reducir candidaturas, simplificar boletas, organizar la elección por circuitos y especialidades, fortalecer los Comités de Evaluación y establecer criterios homologados para seleccionar perfiles técnicamente competentes y éticamente confiables. En palabras simples, que la gente no se enfrente a una sábana imposible de nombres, sino a una elección comprensible, ordenada y con mejores condiciones para decidir.

La oposición presenta esta iniciativa como un fallo a la primera reforma, como si corregir fuera admitir derrota. Pero en democracia, ajustar no es retroceder. Una reforma de esta magnitud no se abandona ante sus primeros desafíos, se perfecciona. Lo que se corrige no es el principio de elegir personas juzgadoras, sino la forma de hacerlo mejor, con menos confusión, más claridad y mayor responsabilidad institucional. La derecha esperaba que la elección judicial se volviera un laberinto para luego declarar fracasada la participación popular; la iniciativa, precisamente, busca cerrarles esa trampa.

Vista con perspectiva, este proceso puede convertirse en otro aporte democrático de México al mundo. Así como el amparo mostró que una persona podía defenderse frente al abuso del poder, la elección judicial perfeccionada busca impedir que la justicia quede secuestrada por castas que solo responden a grandes intereses. Y no es un debate abstracto. En el mundo vemos tribunales y sistemas de justicia presionados por poderes económicos, políticos e incluso imperiales. Estados Unidos ha sancionado a funcionarios de la Corte Penal Internacional por investigar a estadounidenses o israelíes, mientras casos como los archivos de Epstein exhiben cómo las élites pueden rodearse de opacidad, expedientes incompletos y silencios convenientes. En México, basta ver las batallas fiscales de empresas como las de Ricardo Salinas Pliego, con litigios millonarios prolongados durante años, para entender por qué la justicia no puede seguir siendo un club cerrado. La democracia también debe entrar por la puerta de los tribunales.