Patrimonio mexicano en subasta a la 1, a las 2, a las 3

Treinta y nueve piezas arqueológicas mexicanas fueron puestas en venta el pasado mes de noviembre por la casa de subastas alemana Zemanek-Münster autodenominada como una de las especialistas en “arte tribal”: figuras rituales y otros objetos cerámicos de un milenio de antigüedad pertenecientes a las culturas olmeca, maya y mexica.

Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), queriendo frenar su venta, hicieron saltar las alarmas al dictaminar que el conjunto debía ser considerado parte de los monumentos arqueológicos e históricos protegidos por la legislación mexicana, la cual prohíbe desde 1827 la exportación de este tipo de piezas. Recordando este marco legal a coleccionistas y compradores potenciales, los especialistas señalaron que la presencia de dichas obras en la subasta constituía un indicio claro de extracción ilícita. Por ello, y con el apoyo de Claudia Curiel de Icaza desde la Secretaría de Cultura, emprendieron una campaña orientada a su repatriación.

Bajo el lema “#MiPatriaNoSeVende”, los expertos enviaron un mensaje claro, el de que el patrimonio arqueológico mexicano es inalienable al Estado, lo que significa que no puede ser extraído del territorio nacional, como tampoco vendido, comprado ni heredado.

La campaña mediática, sumada a la batalla legal y diplomática, alcanzó el debate internacional donde especialistas e instituciones se posicionaron a ambos lados del conflicto, mayoritariamente en defensa de la restitución y contra el despojo que, desde hace siglos, ha afectado la memoria y el patrimonio de los pueblos originarios. Como resultado, únicamente ocho piezas fueron vendidas (por un total de 30.600 euros), dejando a las treinta y una restantes a la espera de ser restituidas al Estado mexicano, tal como establece el derecho internacional en materia de protección del patrimonio cultural.

No obstante, esta no es la primera vez que piezas prehispánicas mexicanas son puestas a la venta en el extranjero. Cabe recordar el caso de las cuarenta y ocho piezas subastadas por la casa Bonhams Cornette de Saint Cyr en París en diciembre del año pasado, operación que también intentó ser detenida por las autoridades mexicanas. Lo mismo ocurrió con las otras organizadas por Artemis Gallery en los Estados Unidos y Heritage Auction en Alemania, ambas dependientes de esta Zemanek-Münster. Sin hablar de las piezas que aún están desperdigadas por Museos, principalmente europeos, como el penacho de Moctezuma en el Weltmuseum de Viena o la serpiente azteca de dos cabezas conservada en el Museo Británico, entre tantas otras.

Resulta cuando menos curioso que, a pesar de la importancia que ostenta este legado como memoria viva de los pueblos originarios y la larga trayectoria de perdidas patrimoniales, haya sido la reciente polémica en torno a la obra de Frida Kahlo que forma parte de la extensa colección de arte de Juan y Natasha Gelman la que atrajese la atención de tantos al tema del coleccionismo de arte mexicano en el extranjero. 

Una carta firmada por más de cuatrocientos especialistas y dirigida a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fue suficiente para abrir un debate no solo de carácter legal sino también ético sobre el manejo y la presunta desaparición de obras de Kahlo que, de acuerdo con la normativa vigente desde 1984 que declaraba su obra como monumento artístico, no podía salir del territorio nacional salvo en casos excepcionales, previa autorización del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y solo con el fin de difundir la cultura mexicana en el extranjero.

El punto más delicado surge cuando las dieciocho obras de Frida, en la cúspide de su reconocimiento en Europa incluso sobre Diego Rivera, son prestadas para formar parte de una exposición temporal en las instalaciones del Banco Santander en España sin que se sepa la duración real del préstamo. La falta de transparencia del proceso alimenta el temor de que las obras podrían no regresar nunca al país.

Obviamente, los coleccionistas (al igual que sucede en el caso de las subastas) se amparan en su derecho a manejar sus colecciones privadas a capricho. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas obras forman parte del patrimonio simbólico de México y que tratarlas como mercancía, sumado a los riesgos de conservación derivados de los traslados constantes y a la opacidad institucional, contradice la propia legislación patrimonial.

Más allá de este debate, resulta necesario preguntarse hasta qué punto se debe permitir que la memoria material de un país sea convertida en objeto de apropiación y conflicto. El Estado tiene el deber ético e histórico, además del jurídico, de proteger aquellas piezas que forman parte de su identidad cultural y de la memoria colectiva de su pueblo, especialmente en un momento en el que su desplazamiento reactiva discusiones ligadas al despojo y otras formas de coleccionismo que se siguen desarrollando desde contextos de desigualdad histórica.

El debate sigue abierto, como abierta permanece también la necesidad de replantear las relaciones entre patrimonio y responsabilidad cultural entre las naciones.