Sinaloa y Chihuahua, dos casos distintos

En los últimos días hemos visto como los defensores y partidarios de la derecha mexicana han realizado toda una campaña para presionar y exigir que el Gobierno de México extradite al gobernador con licencia de Sinaloa, pues según ellos, así lo pidió el gobierno de Estados Unidos. Señalan que con la petición de detención preventiva, que realizó el Gobierno de Estados Unidos, es suficiente para determinar la culpabilidad de este gobernador con licencia.

Su estrategia es evidente, obvia, primaria, pues buscan que se declare que este Gobernador es culpable de tener relaciones con grupos criminales en México, y con ello, “probar” que los gobiernos de la 4T también se encuentran relacionados. Pero su narrativa queda hueca, pues no ha generado ningún cambio en la aprobación y respaldo al gobierno de la 4T y, por ello, buscan traer a la vida pública a personajes que los apoye en su infructuoso objetivo, pero la invitación de esos personajes trae como resultado, más desprecio del Pueblo de México hacia esa derecha. 

Algunos de los voceros de la derecha han intentado señalar que la Presidenta de México se encuentra atrapada, ya que, si no aprehende al gobernador en licencia, se estaría en el supuesto de defender a delincuentes; y si lo aprehende, se confirma su narrativa, “los gobiernos de la 4T tiene relaciones con grupos criminales”.

Sin embargo, el Estado de Derecho, no tiene colores ni afinidad con nadie, el Estado de Derecho se debe respetar y aplicar sin distinción, como lo ha sostenido la Presidenta de México.

En el proceso de extradición puede existir la petición, previa a la solicitud de extradición, de la detención provisional, como la señala el Tratado de Extradición, sin embargo el mismo artículo 11 de dicho tratado impone varios requisitos para ello: el determinar que el caso es de urgencia, es decir, fundar y motivar el por qué es urgente su detención, la expresión del delito por el cual se pide la extradición, la descripción del reclamado y su paradero, que se señale con claridad qué promoverá formalmente la solicitud de extradición y la declaración de la existencia de una orden de aprehensión librada por un juez competente en contra de la persona reclamada. 

En estos requisitos se basa la narrativa de la oposición en México, pues dicen que no se requieren pruebas para la detención; no obstante, y como es su costumbre, solo leen lo que les conviene, ya que el numeral 2 de ese artículo señala que al recibir el pedimento de esa naturaleza, el gobierno requerido tomará las medidas necesarias para obtener la aprehensión del reclamado. Y ahí es donde la razón absoluta la tiene la Presidenta de México.

El tratado es claro al señalar que el Gobierno requerido deberá realizar o tomar las medidas necesarias para obtener la orden de aprehensión, es decir, el mismo tratado señala que la aprehensión o detención, no puede ser de forma arbitraria, sino que debe realizarse conforme a las reglas o leyes del estado requerido para la OBTENCIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN.

En nuestros ordenamientos, desde la Constitución y hasta las leyes penales, en el caso concreto el Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan con precisión que una orden de aprehensión debe ser librada por un Juez de Control, y para ello, de acuerdo al párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución Federal, debe existir una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, es decir, una carpeta de investigación de los hechos que se le imputan, y sobre todo que en esa carpeta de investigación existan datos de prueba  que establezcan que se ha cometido el hecho y que exista la posibilidad de que quien es el acusado, haya cometido ese delito o haya participado en el mismo. 

Así, la Presidenta de México, al requerir a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores pruebas, se encuentra respetando el Estado de Derecho, pues no se puede detener a ninguna persona sin que se cumplan los requisitos que la Constitución Federal señala.

Ante esto, la oposición en México ha señalado que el tratado de extradición se debe cumplir, y sí, se debe cumplir en su totalidad, no solo la parte que a ellos les conviene; además, señalan que el Tratado está por encima de la Constitución, discurso aberrante para todo jurista (verdadero jurista) ya que la propia constitución señala que los tratados que estén de acuerdo con la Constitución Federal (artículo 133) serán la ley suprema de la Unión. Sí, los tratados son ley suprema, pero con una condición que no contravengan a la Constitución Federal.

En el caso que nos ocupa, el tratado es muy claro, no contraviene a la constitución, ya que señala que el gobierno requerido, deberá de tomar las medidas necesarias, entendiéndose el cumplir con los requisitos legales para obtener la aprehensión del reclamado. Así, es evidente que el Tratado de Extradición señala que se deben cumplir con los requisitos legales, los cuales son, repetimos, denuncia o querella, carpeta de investigación, investigación de los hechos denunciados y, muy importante, datos de prueba.

Y solo para terminar con la comparación de este asunto con la Traición a la Patria cometida por la Gobernadora de Chihuahua; en este último caso, no hay duda de que ella ha permitido la intromisión de agentes de la CIA en el Estado de Chihuahua que operan, participan y conducen operativos e investigaciones, que utilizan los logotipos -en las patrullas- del Departamento de Policía de Nueva York, que han permitido que se instalen a operar en edificios públicos, y que no solo han permitido, sino han promovido la invasión de nuestro país. 

No hay comparación, pues en un caso, no basta con la solicitud de un Gobierno para detener a cualquier persona, sino que se requieren datos de prueba, mientras en el otro, ellos mismos han declarado que los hechos que se les acusa son ciertos y hasta se sienten orgullosos de haberlo hecho.

No podemos aceptar la intromisión del Estados Unidos ni de cualquier otro país, pero tampoco se puede dejar sin castigo a quienes impulsan la invasión de nuestro país desde un gobierno Estatal.