Cuando en 2018 millones de personas acudieron a votar por Andrés Manuel López Obrador el mandato era claro, se buscaba terminar con el modelo de país que habíamos vivido los últimos 30 años; un modelo neoliberal con poca regulación del mercado y que concentraba todo el poder económico y político en lo que el presidente denominó, muy acertadamente, “la mafia del poder”.
En su último libro, “Breve Historia de la Igualdad”, Thomas Piketty menciona que las luchas y la redefinición de los equilibrios de poder no son suficientes en sí mismas para lograr un cambio social, dice que si bien “son una condición necesaria para derrocar las instituciones y los poderes desigualitarios”, es necesario acordar nuevas instituciones alternativas que permitan avanzar hacia la igualdad social.
En este sentido, Andrés Manuel ha planteado nuevas instituciones, que se contraponen con el modelo previo. Entre las más sonadas se encuentra la Guardia Nacional que se plantea como un nuevo cuerpo, cuyo objetivo a largo plazo es sustituir completamente a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Otro de mis ejemplos favoritos, el Banco del bienestar que permite dispersar los apoyos sociales terminando con los intermediarios y sin beneficiar al sistema bancario privado.
El objetivo de esta columna es mencionar dos cambios institucionales que fueron aprobados la semana pasada, entre varias reformas positivas, y que me parece vale la pena destacar, puesto que en ambos casos terminan definitivamente con instituciones neoliberales y marcan el futuro del sistema de salud y de la investigación en nuestro país.
El IMSS Bienestar, que sustituye al INSABI, y que termina de consolidarse como la institución que brinda salud a las personas que no cuentan con otro esquema de seguridad social. Se trata de un avance más hacia la consolidación de un sistema de salud universal. A diferencia del Seguro popular, esta institución no requiere de una afiliación, ni se basa en un sistema de coberturas similar a un seguro privado, sino que cualquiera que llegue puede ser atendido únicamente con su CURP. De hecho, durante su consolidación se cerraron 182 cajas del Seguro popular donde se cobraba a la población no afiliada.
De acuerdo con las tendencias en población atendida, es posible que se alcance a cubrir a los 65 millones de personas sin seguridad social para finales del sexenio. De esta manera se consolida un sistema de salud que tiene 3 instituciones principales (ISSTE, IMSS, IMSS-Bienestar) para brindar salud a la población, cualquiera que sea su situación laboral.
Otra institución, no menos importante que se consolida como una institución distinta en materia de investigación, es el fortalecimiento del CONACYT mediante una reforma que lo fortalece como el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). Durante los últimos 20 años, se había iniciado una política de investigación que buscaba el desarrollo tecnológico y cientifico para el desarrollo de actividades comerciales y las necesidades de las empresas privadas.
Esto se hizo mediante la implementación de un modelo que consistió en vincular a los centros de investigación públicos con empresas privadas, favoreciendo la transferencia de financiamiento público a privados y el otorgamiento de becas para instituciones privadas. Así como un sistema evaluación productivista y criterios elitistas para el SNI, que limitaba la profundidad de las investigaciones académicas para cumplir con criterios de efectividad.
Esta política tuvo, entre sus consecuencias, la renuncia del Estado a obtener y conservar como bienes públicos los avances logrados con recursos públicos, pues se abandonó la propiedad intelectual que resultó de esta inversión. El último recurso de propiedad intelectual a nombre de CONACYT es de 1982. Apenas este sexenio, en enero de 2022, por fin se volvió a registrar una patente a nombre de esta institución. Otra consecuencia, fue que afectó la oferta educativa, actualmente el 60% de los posgrados en nuestro país son privados.
La institución que se busca consolidar viene en la línea de lo que ha hecho este sexenio, incrementando la inversion pública en ciencia, haciendo una revisión exahustiva de la política de becas para garantizar la empleabilidad de las personas con posgrado, así como becas a grupos historicamente excluidos. Como una consencuencia de la pandemia, tenemos una inversión histórica para la investigacion en salud y la formacion de medicos especialistas. Se trata, en resumen, de poner como fin de la investigación el bienestar social de la población y no el de las empresas privadas.
A casi un año de que concluya el mandato de AMLO vemos la consolidación de varias políticas en instituciones que buscan fortalecer al Estado y su rectoría, caminado hacia la construcción de un Estado de bienestar que había sido sistemáticamente desmantelado. Sin embargo, aún quedarán varios pendientes para el próximo sexenio, que permitan consolidar la transformación hacia un Estado más fuerte y sólido, que garantice seguridad y justicia social a las y los mexicanos.