El Congreso contra la democracia popular. El Senado de la República de Colombia frena la consulta

Desde el inicio de la presidencia de Gustavo Petro, el Congreso de Colombia ha bloqueado de forma permanente y sistemática dos de las tres reformas constitucionales sociales fundamentales: la reforma a la salud y la reforma laboral. Específicamente, la Comisión Séptima del Senado de la República, que mantiene una composición que favorece a la derecha colombiana, se ha encargado de archivar las iniciativas promovidas por el primer presidente progresista de la historia de Colombia. El pasado 18 de marzo, después de una larga jornada de debates al interior de la Comisión Séptima, se determinó archivar la reforma laboral, a lo que Gustavo Petro respondió desde la Plaza de Bolívar lanzando un proyecto de consulta popular que fue formalmente radicado al Senado de la República el pasado 1 de mayo de 2025. Ayer, 14 de mayo de 2025, al interior del Enfermo de Piedra, los senadores de la República de Colombia rechazaron la propuesta de consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro después de un encarnizado debate de cinco horas.

La iniciativa de Petro buscaba consultar a la ciudadanía en torno a doce puntos fundamentales en materia laboral, con el objetivo de reformar un sistema de trabajo fuertemente golpeado por años de gobiernos neoliberales. La reforma laboral implica la recuperación de derechos para más de 10 millones de trabajadores colombianos que han visto vulnerados sus derechos durante este período. La reforma laboral que propuso el presidente Gustavo Petro refiere a un documento que plantea importantes transformaciones en materia de trabajo: una norma que priorice la contratación a término indefinido, una reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas, la redefinición de la jornada laboral nocturna que comenzaría a las 19:00 y no a las 21:00, diferentes protecciones para los trabajadores por aplicación, entre las que se incluyen un salario mínimo garantizado y afiliación a seguridad social, recargo progresivo por trabajo en días festivos y dominicales que iniciaría en 75% y alcanzaría 100% para 2026, mejoramiento y aumento de afiliación en los sindicatos, aumento del número de licencias remuneradas, medidas para evitar los despidos no justificados y la creación de contratos laborales que incluyan salario mínimo y prestaciones a los aprendices y practicantes del Servicio Nacional de Aprendizaje.

En octubre de 2024, la reforma laboral propuesta por Gustavo Petro fue aprobada en segundo debate por el pleno de la Cámara de Representantes de Colombia por una votación de 93 votos a favor contra 13 negativos. Es importante señalar que, aun cuando fue aprobada, los representantes hicieron modificaciones importantes contra el texto original. Más tarde, el 18 de marzo de 2025, la Comisión Séptima del Senado, encargada de temas laborales y sindicales, integrada por 14 miembros, archivó el proyecto de ley. La votación al interior de la Comisión Séptima fue de 8 votos negativos contra 6 positivos. Entre los congresistas que archivaron la reforma laboral se encuentran Ana Agudelo (MIRA), Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Nadia Blel Scaff (Partido Conservador), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Honorio Henríquez (Centro Democrático) y Alirio Barrera (Centro Democrático). Los votos a favor fueron emitidos por miembros del Pacto Histórico (3), Comunes (1), Alianza Verde (1) y el Partido de la U (1).

Ese mismo día, durante las marchas en favor de las reformas sociales y frente al Congreso de la República, Petro llamó a la necesidad de la movilización por una consulta popular. El proyecto de consulta popular planteaba doce preguntas en materias laboral para realizarse a la población en general. Las preguntas propuestas fueron:

1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?

2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo de 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?

4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por períodos menstruales incapacitantes?

5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

7. ¿Está de acuerdo en que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?

10. ¿Está de acuerdo con que se promueva el contrato a término indefinido como regla general en las relaciones laborales?

11. ¿Está de acuerdo en que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y las campesinas?

Sin embargo, el 14 de mayo de 2025, el Senado desestimó la posibilidad de realizar una nueva consulta popular con una votación de 49 votos en contra contra 47 a favor. 39 de los 49 votos en contra provinieron de los senadores de las bancadas del Partido Conservador (15), Centro Democrático (13) y Cambio Radical (11); mientras 25 de los 47 votos a favor provinieron de la bancada del Pacto Histórico (20) y de Comunes (5). Las bancadas del Partido Liberal, Alianza Verde, Partido de la U y el Partido MIRA presentaron votos divididos. La sesión se caracterizó por altos niveles de tensión y el cierre estuvo acompañado por denuncias de fraude en contra de Efraín Cepeda, presidente del Senado.

Por su parte, Gustavo Petro se posicionó desde Beijing señalando la existencia de un fraude y reivindicando la necesidad de la reforma laboral. Petro llamó a la movilización popular pacífica y a la creación de cabildos abiertos en las plazas de todo el país con el objetivo de continuar la discusión sobre la reforma laboral y defender la consulta popular. También solicitó a las Fuerzas Armadas evitar la represión en contra de los manifestantes movilizados ante la decisión del Congreso. Petro alegó que se realizó un fraude al interior de la Cámara de Senadores, orquestado por Efraín Cepeda con el objetivo de frenar la iniciativa, y solicitó que la votación sea realizada de nueva cuenta. Más tarde, Petro señaló que se remitirá un nuevo proyecto de consulta popular que incluirá una nueva pregunta en materia de seguridad social y salud.

Aunque el proyecto de consulta popular quedó desestimado el 14 de mayo, ese mismo día se determinó la reactivación de la discusión para el trámite legislativo de la reforma laboral gracias a una apelación. No obstante, esta reapertura en la discusión mantiene varios problemas políticos. En primer lugar, la propuesta de ley de Gustavo Petro se enfrentará a un tiempo de debate extremadamente limitado, ya que el periodo de discusión legislativa en Colombia cierra el próximo 20 de junio de 2025. La activación del debate puede funcionar como un paliativo para desmovilizar el movimiento por la consulta popular. 

En segundo lugar, es importante señalar que la reapertura de la discusión tiene varios matices importantes, ya que diferentes analistas políticos muestran que, ante la posibilidad de una consulta popular en materia laboral, existirían altas posibilidades de asistencia y de apoyo a las modificaciones que derivarían de esta, lo que indica que la población colombiana desea un proceso de reforma de los preceptos laborales y que este ya no puede ser frenado por los congresistas de los partidos del arco de derecha sin consecuencias políticas y electorales. En estos términos, el freno generado por el Congreso y por la Comisión Séptima, y que solo ha sido celebrado por el sector empresarial, ha comenzado a generar disgusto popular, lo que puede derivar en un alto costo político rumbo a  las elecciones de 2026. Al respecto, es posible que la oposición desee avanzar en una reforma laboral moderada (por ejemplo, la propuesta del Partido Laboral Colombiano) o aprobar la de reforma Gustavo Petro haciendo cambios sustanciales en el texto original.