Transparencia 3.0: Viene extinción de los institutos de transparencia locales

Inició la cuenta regresiva para los Institutos de transparencia locales. Los 31 estados y la Ciudad de México deberán trabajar no sólo en las iniciativas de reforma constitucional y de las leyes secundarias sino en la preparación de una nueva estructura en la administración pública estatal.

De acuerdo con el transitorio incluido en la armonización de las leyes secundarias, que establecieron un nuevo modelo de transparencia en México, para el 21 de junio deberían estar extintos estos órganos colegiados, para ceder sus atribuciones a las Contralorías estatales u homólogos.

En el nivel federal, una vez que se extinguió el INAI, se creó “Transparencia para el Pueblo”, como un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y se redistribuyeron sus funciones en 19 “autoridades garantes” para atender los quejas por vulneración en los derechos de acceso a la información y el de datos personales.

Además de la Administración Pública Federal, los organismos autónomos como la FGR, la CNDH, el INE y las universidades públicas como UNAM y UAM, así como el Poder Judicial, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, deberán emitir sus propios lineamientos para poder sustanciar ellos mismos, a través de sus Contralorías internas u homólogos, los medios de impugnación, pero también les vienen otras funciones como capacitar y socializar estos dos derechos humanos fundamentales.

En los estados, Michoacán ya dio el primer paso y extinguió el instituto de transparencia, prácticamente de un plumazo, porque con sólo la reforma constitucional, sin armonizar sus leyes secundarias, en un transitorio dispuso la eliminación del órgano garante que existía. Consideraron la liquidación del personal y las personas comisionadas “conforme a derecho”, así como la reasignación del presupuesto y el traspaso de registros, padrones, plataformas y recursos materiales.

Veracruz ya está por aprobar el primer paso:  La reforma constitucional enviada por la gobernadora Rocío Nahle y en la que el Congreso del Estado, una vez que la apruebe, tendrá un plazo máximo de 60 días naturales para realizar las adecuaciones a las leyes en la materia.

En otros estados, se sabe que no tienen tanta prisa, además de estar inmersos en los procesos electorales judiciales y ante el cúmulo de responsabilidades que significa la armonización federal, prefieren esperar algunos meses. Incluso, mencionan la posibilidad de llegar a diciembre y entonces planear y dotar de recursos a las contralorías u homólogos.

Ya sea en unas semanas o meses, es inminente la desaparición de estos institutos autónomos. De ahí que resulta urgente dotar de las herramientas necesarias a las nuevas “autoridades garantes” que tutelarán los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales en Veracruz.

Además, tendrán que armonizar y crear la normatividad interna para que la Contraloría General u homóloga, pueda sustanciar y dirimir los recursos de revisión y quejas de las personas solicitantes.

El reto será que cumplan con la sustanciación de las quejas, así como con las verificaciones de oficio o por denuncia, bajo los procedimientos y en los plazos que lo hacen los institutos locales hasta ahora, ajustándose a los principios pro-persona, el de máxima publicidad y gratuidad.

En este momento, nos queda la esperanza de que este nuevo modelo de transparencia, con funciones diseminadas, funcionará. 

Pero resulta pertinente la frase de Václav Havel: “Esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte”.