El IPAB y la eliminación de privilegios fiscales como acto de justicia social

El pasado 5 de septiembre, la presidenta de México anunció, durante su conferencia matutina, la eliminación de la deducción de impuestos que beneficiaba a los bancos por sus aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Esta medida forma parte del paquete presupuestal previsto en la Ley de Ingresos de 2026. El IPAB es la institución sucesora del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), mecanismo que en los años noventa se convirtió en el instrumento de un polémico rescate bancario y que representa uno de los episodios más emblemáticos de la historia económica y política de México.

Creado originalmente como un esquema preventivo para proteger los depósitos bancarios y garantizar la estabilidad del sistema, el FOBAPROA terminó, tras la crisis de 1994-1995, funcionando como el vehículo mediante el cual el Estado absorbió las deudas privadas de la banca, y socializó los costos de la crisis financiera. Ese rescate marcó un momento decisivo en la vida nacional y abrió un debate que sigue vigente sobre la relación entre Estado, capital financiero y sociedad. Este texto propone una reflexión sobre el significado histórico del FOBAPROA y el alcance de la medida recientemente anunciada por Claudia Sheinbaum, así como su valor simbólico.

Eliminación de privilegios fiscales: un acto de justicia social

La deducibilidad de las aportaciones bancarias al IPAB constituyó una extensión del favorecimiento desmedido al sistema financiero. La anunciada eliminación de este beneficio fiscal no debe entenderse únicamente como una medida técnica destinada a fortalecer la recaudación federal, sino como un acto de justicia social frente a un sector que históricamente se ha beneficiado de recursos públicos.

El FOBAPROA, y posteriormente el IPAB, surgieron como mecanismos para proteger el ahorro bancario y garantizar la estabilidad financiera. Sin embargo, tras la crisis de 1994-1995 se transformaron en instrumentos para socializar las pérdidas privadas de la banca. En ese contexto, permitir que las aportaciones obligatorias al IPAB fueran deducibles de impuestos equivalía a prolongar el subsidio indirecto al sector bancario. No solo se le rescató con dinero público, sino que además se le permitió reducir su carga tributaria a costa de los contribuyentes. Ello implicaba un doble beneficio privado con un doble costo social. La eliminación de la deducción corrige este privilegio, al obligar a los bancos a asumir íntegramente el costo del seguro de depósitos en lugar de trasladarlo nuevamente al erario. Se trata de un acto de equidad tributaria, especialmente porque el sistema bancario es uno de los sectores con mayores utilidades en México y, por tanto, debe contribuir de manera proporcional a su capacidad económica. Para dimensionar el valor de la medida, es primordial referirse a la historia del rescate bancario mediante el FOBAPROA.

Antecedentes: privatización y liberalización financiera

La década de 1980 marcó la transición hacia un modelo de desarrollo volcado al mercado. Tras la crisis de la deuda externa de 1982, el Estado mexicano inició un proceso de apertura comercial y financiera acompañado de políticas de ajuste estructural. Como parte de las medidas financieras, en noviembre de 1986, el gobierno federal –a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, el Banco de México y con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– constituyó un fideicomiso denominado Fondo Preventivo a las Instituciones de Banca Múltiple, cuyo objetivo era respaldar la estabilidad del sistema bancario.

De acuerdo con la Ley del Servicio Público de Banca y Crédito, el patrimonio de este fideicomiso estaría conformado por las aportaciones ordinarias y extraordinarias de las instituciones de banca múltiple. Asimismo, se estableció de manera explícita que en ningún caso el patrimonio del fideicomiso podría incrementarse con recursos del gobierno federal provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Posteriormente, el 18 de julio de 1990, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Instituciones de Crédito, que establecía la obligación de las instituciones de banca múltiple de participar en un mecanismo preventivo y de protección al ahorro denominado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). Su finalidad era llevar a cabo operaciones preventivas para evitar problemas financieros que pudieran presentarse en dichas instituciones. La ley designaba al Banco de México como fiduciario y así se abría la posibilidad de que el gobierno federal financiara el fondo. Sin embargo, también precisaba que, para que las entidades financieras pudieran acceder a los apoyos preventivos, debía garantizarse previamente su pago puntual y oportuno.

En ese mismo contexto, a inicios de los años noventa se privatizó la banca, adjudicándose en muchos casos a inversionistas con escasa experiencia en el sector financiero, pero con vínculos políticos cercanos al nuevo proyecto económico. El sistema financiero, bajo esta nueva lógica, se caracterizó por una expansión crediticia acelerada, alentada por la expectativa de garantías gubernamentales; una débil regulación y supervisión; una creciente especulación financiera derivada de la liberalización; y una alta vulnerabilidad externa debida a la alta dependencia de capitales volátiles.

En noviembre de 1994, el gobierno federal —a través de la SHCP y del propio Banco de México— amplió las atribuciones del FOBAPROA con respecto a las establecidas en 1986. Desde entonces, el fondo quedó facultado para actuar como garante de última instancia, una función que en principio correspondía al Banco de México. En otras palabras, las reformas de 1994 y, posteriormente, las de 1996, otorgaron al FOBAPROA facultades extraordinarias sin control del Congreso, lo que sentó las bases para su posterior uso masivo y discrecional.

Del “error de diciembre” al rescate bancario y su conversión en deuda pública 

El turbulento año de 1994 culminó en la crisis financiera conocida como el “error de diciembre”. La abrupta devaluación del peso y la salida masiva de capitales extranjeros detonaron un colapso: miles de empresas y personas dejaron de pagar sus créditos, la cartera vencida de los bancos se triplicó y alcanzó niveles insostenibles –44% a inicios de 1995–. En realidad, el problema de las carteras vencidas había comenzado ya en 1993, como resultado de la acumulación de capital en el contexto de la liberalización, acompañada por la política de saneamiento fiscal y de apreciación del peso. A ello se sumaron los malos manejos en diversas instituciones bancarias, que deterioraron sus niveles de capitalización y estabilidad, obligando al gobierno salinista a intervenir ciertos bancos incluso antes de la crisis de diciembre.

Frente a la amenaza de quiebras generalizadas, el gobierno de Ernesto Zedillo decidió implementar un rescate bancario sin precedentes, financiado con recursos del FOBAPROA. A través de este mecanismo: se compraron carteras vencidas (créditos incobrables) a los bancos; se otorgaron pagarés gubernamentales de alta rentabilidad a cambio de activos deteriorados; y se implementaron cerca de diez programas de apoyo, entre ellos la capitalización de bancos y el saneamiento de balances. En los hechos, el FOBAPROA implicó que por cada peso aportado por los accionistas, el gobierno inyectara dos, transfiriendo así los riesgos y pérdidas al erario. Se incurrió en una práctica similar al anatocismo: la obligación de pagar intereses sobre intereses.

En abierta contradicción con el discurso de modernidad y desarrollo que predominó durante el sexenio de Salinas de Gortari, el elevado déficit de cuenta corriente y la histórica emisión de bonos llevaron la crisis económica al terreno financiero. Apenas cuatro años después de la privatización de la banca, el frágil sistema bancario enfrentó una crisis formidable, provocada tanto por el incremento de la cartera vencida como por la especulación desatada tras la liberalización financiera, todo ello bajo una débil regulación y con el amparo que, al menos en el papel, ofrecía el Estado a la banca múltiple.

En 1998, el gobierno propuso convertir en deuda pública los pasivos acumulados del FOBAPROA, que se iban multiplicando de forma dramática. La iniciativa fue aprobada por el PRI con apoyo de otros partidos –salvo el PRD–, y con ello se oficializó la socialización de las pérdidas. En 1999, el FOBAPROA fue sustituido por el IPAB, con el propósito de institucionalizar la protección al ahorro bancario y devolver credibilidad al sistema. Para viabilizar esta modalidad de rescate se adoptaron decisiones de carácter jurídico que, en la práctica, implicaron transgredir múltiples leyes. La más significativa fue alterar el sentido original del seguro de depósitos, que estaba diseñado para otorgar líneas de crédito a instituciones específicas en problemas, y convertirlo en un mecanismo de garantía para la totalidad del sistema bancario.

El rescate tuvo múltiples consecuencias sociales de largo plazo: 1) una deuda pública estructural; 2) reducción sistemática del gasto social en áreas como salud, educación y vivienda que fueron relegadas frente al servicio de la deuda; 3) un incremento mayúsculo de la desigualdad y la pobreza patrimonial (17 millones de personas). Las críticas que pueden hacerse al FOBAPROA no son pocas ni son menores. Pero pueden centrarse en 4 aspectos. Primero, la falta de transparencia al no darse a conocer  con claridad los montos ni los beneficiarios del rescate. Segundo, el enriquecimiento de banqueros, pues varios empresarios que se declararon insolventes terminaron aumentando su capital gracias al apoyo público. Tercero, los costos sociales altísimos. Cuarto, la impunidad en casos como el de Carlos Cabal Peniche, exonerado pese a las acusaciones de fraude.

FOBAPROA en la memoria política y social

El FOBAPROA no puede entenderse como un episodio aislado de la historia económica mexicana. Más bien, forma parte integral de un proyecto que se consolidó en el país durante casi cuarenta años. Es más, se convirtió en un símbolo de ese sistema en el que el Estado privatizaba ganancias y socializaba pérdidas, beneficiando a élites financieras a costa de la mayoría de la población. El episodio del rescate bancario mostró con claridad cómo el Estado se convirtió en garante del capital financiero. En vez de sancionar la mala gestión de los banqueros, se actuó con un respaldo incondicional. La protección se dirigió a los intereses del capital, no a las necesidades sociales. 

A esto se sumó la debilidad de la soberanía popular. El rescate se diseñó y ejecutó con opacidad, sin consulta social ni control democrático. El Congreso conoció los montos y detalles cuando ya se habían comprometido recursos millonarios. Este déficit democrático es parte del sello político del neoliberalismo: decisiones fundamentales tomadas al margen de la ciudadanía, siempre con la prioridad de tranquilizar a los mercados.

El rescate bancario se justificó en nombre de la confianza internacional y la necesidad de evitar un colapso que alejara capitales extranjeros. El FOBAPROA fue, en este sentido, parte de la integración subordinada de México al sistema financiero global, en plena entrada en vigor del TLCAN y bajo la influencia del Consenso de Washington. El FOBAPROA no fue un accidente ni un remedio de emergencia, sino un engranaje del proyecto económico.

A lo largo de los años, el rescate se ha mantenido como una herida abierta en la memoria colectiva. Quienes han justificado el rescate señalan que era la única opción para evitar un colapso sistémico que habría destruido el sistema financiero y arrastrado los ahorros de millones de personas. Falazmente señalan que la prioridad fue proteger a 13 millones de ahorradores, no a los banqueros. Los menos cínicos mencionan que la crisis internacional y la salida masiva de capitales dejaban pocas alternativas inmediatas.

En contraste, los críticos argumentan que el gobierno pudo haber nacionalizado la banca en lugar de transferir deudas privadas a la población. El diseño del rescate favoreció la especulación, al premiar la irresponsabilidad bancaria. La decisión se tomó con opacidad y sin controles democráticos, transgrediendo leyes. El costo social y económico fue desproporcionado y la indignación social alimentó la desconfianza hacia las instituciones financieras.

Por ello, la medida en comento posee también un alto valor simbólico: expresa que el Estado ya no está dispuesto a fungir como asegurador gratuito del capital financiero y que el costo de la protección del ahorro –fundamental para la confianza ciudadana en el sistema bancario– debe recaer en quienes se benefician directamente de ese sistema. En suma, no se trata únicamente de una decisión financiera, sino de una forma de justicia redistributiva y de reparación histórica: tras décadas en que la sociedad mexicana cargó con el rescate bancario, ahora corresponde que la banca asuma su responsabilidad y deje de gozar de privilegios fiscales.