El fracaso de la judicialización de la ausencia: caso Aguascalientes

Se trata de una crisis. Una epidemia que nos afecta a todos. En México ya se demostró que habitamos el país de las fosas clandestinas, donde a cualquier persona que lamentablemente posea un reporte por desaparición, rápidamente se le criminaliza o se emiten criterios sin sustento, en la mayoría de los casos, es estigma, aparece desde el Estado y lo replican algunos medios de comunicación. 

            Nadie está exento, desde funcionarios públicos hasta ciudadanos. Y a esta realidad, la realidad de la crisis por desapariciones, el estado de Aguascalientes una de las entidades más pequeñas del país se suma con la misma la norma e impunidad. Así, bajo el escenario de la desolación, el pasado 21 de diciembre del año en curso, familiares de personas desaparecidas y autoridades sostuvieron una reunión con el fin de aclarar la ruta que ejecutarán las autoridades para intentar solucionar un conflicto que con el pasar de los años parece no tener fin.

            Dicha reunión ocurrió en el marco de otras seis ceremonias con el mismo objetivo y efectuadas en todo el país. 

            En total, eran siete entidades federativas las que discutían la próxima política pública respecto a las personas desaparecidas y no localizadas, todas ellas, con la misma preocupación: “la impunidad y la ineficiencia de las autoridades”. El evento en cuestión se trató de la Primer Reunión Regional del Bajío Buscadoras y Buscadores, misma que según lo reportado en los comunicados de prensa tenía como objetivo dar seguimiento a las reuniones con el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, y por ese motivo, asistirían integrantes de diferentes sectores del país.

            Por ejemplo, en representación de los colectivos ciudadanos para Aguascalientes se presentó Javier Espinoza, integrante del Colectivo Buscando Personas Verdad y Justicia, quien compartió frente a los medios de comunicación que una de las principales metas era la de la asistencia de autoridades de los siete estados participantes, así como 30 colectivos, una representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y comisiones de búsqueda adscritas al aparato de Estado. Ese objetivo quedó pendiente.

            En palabras del activista, el principal problema a responder, entonces, será el de la construcción de los reportes presentados en la plataforma oficial Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNL) con el cual, la pequeña entidad presenta al día de hoy un aterrador registro de 331 personas desaparecidas con un contador vigente hasta 2017.

“En el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas aparecen 331 personas, que ya nadie las buscó (...) Hay personas que ya están aparecidas, pero hay otras que no, nadie las buscó, inclusive los propios familiares están decepcionados ante la falta de actividad de la justicia”, argumenta, Espinoza.

Y los datos del activista concuerdan. Según lo reportado en el RNPDNL actualmente existen más de 321 expedientes de personas con la misma trágica sentencia: “Persona desaparecida o no localizada”. De los cuales 56.33% son mujeres y 43.65% son hombres, en su mayoría, los reportes se concentran en la capital del estado gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN).

            Durante el evento, el activista reconoció el apoyo de los colectivos buscadores de familiares en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, con la intención de que al menos entre estas entidades se dé la tan deseada coordinación y sea posible encontrar a sus desaparecidos y agilizar los procedimientos para encontrar lo más pronto posible. 

            Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por las diferentes organizaciones, en este punto  aparece de nuevo un reto, el de la impunidad institucional y la falta de compromiso.

Impunidad criminal

Lo que esconden los reportes de Secretaría de Gobernación, albergados en el RNPDNL, son crímenes. Principalmente por conflictos de guerra de baja intensidad como el narcotráfico.

            De tal modo que, con el objetivo de verificar el porcentaje de delitos que derivan en denuncias por desaparición, se solicitó a la unidad de transparencia (UT) del Poder Judicial del estado de Aguascalientes (PJA) un informe con datos referentes a la cantidad de personas que habrían sido vinculadas a proceso bajo señalamientos por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como el resto de tipologías penales que consideren dicho delito. El resultado supera a cualquier ficción, casi como si se intentara ocultar la crisis.

            Es decir, este medio de comunicación solicitó la cantidad de personas que fueron puestas a disposición de las autoridades por ser señaladas de participar en algún acto ilícito que haya derivado en un reporte de desaparición, todo esto durante el periodo que comprende los años 2017-2023 (o aquellos casos reportados durante la actual administración del PAN).

            Las autoridades del PJA reportan hacer iniciado tan sólo 1 caso por desaparición forzada (aquella donde algún funcionario público aparece en señalamientos); mientras que Asuntos Iniciados referentes a la desaparición cometida por particulares sólo reportaron 3 casos. De estos mismos reportes, el PJA revela que sólo 5 personas fueron vinculadas a proceso por estos delitos. 1 persona bajo señalamientos por desaparición forzada y 4 por desaparición cometida por particulares.

            La información aquí presentada quedó registrada bajo el folio 0172/2023 de la Unidad de transparencia del Poder Judicial y hasta el momento del cierre de esta edición las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento del por qué sus Agentes del ministerio público no investigan los casos.