El apoyo a la reforma judicial y su subestimación por los inconformes

Las manifestaciones recientes a favor de la reforma judicial muestran que hay un potente apoyo popular y ciudadano a reformar uno de los poderes soberanos. Es histórico el momento que se vive: hay exigencias y clamores de muchos ciudadanos para cambiar uno de los poderes de la Unión. Sin embargo, y para nadie es una sorpresa, bastantes funcionarios públicos que componen al poder judicial federal desestiman a buena parte de la población. Grave error. 

Por el otro lado, las manifestaciones junto con el “paro” de los funcionarios judiciales en contra de la reforma judicial han definido el otro frente; frente que no tiene el apoyo popular. Llevan semanas manifestándose y no han conseguido cambiar la opinión de la mayoría de los ciudadanos, no han conseguido cambiar el respaldo mayoritario a favor de la reforma judicial de la población ni han logrado presionar con sus acciones y hasta amenazas con aumentar sus acciones en las calles. 

Es importante no olvidar que con sus actividades aquellos servidores públicos buscan sabotear la legítima facultad de los otros dos poderes soberanos para reformar la Constitución a través de los mecanismos formales, y que dicha propuesta política fue respaldada por una amplia mayoría de ciudadanos en las pasadas elecciones. Un poder soberano no puede estar por encima de la democracia, de las leyes, de los otros dos poderes de la Unión ni de su pueblo.

Cabe recordar de nuevo que este “paro” con el que presionan para evitar la reforma es ilegal. Es muy lamentable que aquellos funcionarios públicos se revelan también contra la legalidad que deben cumplir. La autoridad debe de cumplir el principio de legalidad: solo pueden actuar dentro de lo que los faculta la ley. Es ilegal lo que ellos llaman “suspensión de funciones” porque no está previsto en ninguna ley. 

Asimismo, los manifestantes contra le reforma elevan el conflicto, caen más bajo y se reduce su apoyo popular al bloquear las entradas del Congreso de la Unión, con ello obligar los congresistas a sesionar en una sede alterna, para evitar que avance la reforma. Están dispuestos a seguir rompiendo los límites de una discusión pública. 

Estamos presenciando el enfrentamiento de uno de los poderes soberanos que se resiste a ser reformado por otros dos de los poderes de la Unión. Los diputados ya materializaron las exigencias de reformar a ese poder. Ahora algunos manifestantes exigen “parlamento abierto” en las discusiones de los senadores; no existe en ninguna ley que obligue al Congreso considerar ese concepto y ya hubieron muchas mesas de discusión en la que estuvieron muchos de los liderazgos del poder judicial. No será sorpresa que de nuevo intenten obstaculizar el proceso de reforma por medio de amparos; otro intento de arrebatar las legítimas facultades de los otros dos poderes. 

Las manifestaciones a favor de la reforma judicial, buena parte formada por jóvenes estudiantes, en varios estados del país vuelve a mostrar el respaldo popular de la mayoría de los ciudadanos. Y de nuevo, varios medios corporativos, partidos de oposición, sus simpatizantes y los funcionarios judiciales cometen el error de despreciar las exigencias y sentir de buena parte de la población mexicana. Volverán a perder.