El carácter geográfico de la pobreza en México, 2024

La medición más reciente de pobreza en México (publicada el 13 de agosto de 2025 con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto 2024 – ENIGH) confirma una enorme mejora agregada: 30.0 % de la población se encuentra en pobreza multidimensional (38.5 millones de personas), frente a 36.3% en 2022; además, la pobreza extrema cayó a 5.3% (pasó de 9.0 a 7.0 millones). A mi parecer, la reducción de la pobreza entre 2022 y 2024 estuvo asociada a dos vectores: (1) mejoras de ingresos laborales (vinculadas al mercado formal de trabajo y al incremento en el salario promedio), y (2) transferencias públicas (monetarias/en especie). INEGI estima que sin las transferencias de programas sociales, la pobreza multidimensional habría sido de 32.8% (vs. 29.6%), y la pobreza extrema de 6.9% (vs. 5.3%). De manera contraria, si bien las transferencias “cierran brechas”, no sustituyen la necesidad de empleos formales y salarios adecuados. 

A la vez, se observa un fenómeno llamativo: aunque todas las carencias bajaron, creció la población “vulnerable por carencias sociales” (32.2%, creciendo en 2.7 puntos porcentuales). ¿Por qué? Una parte de la población salió del umbral de pobreza por ingresos, pero sigue acumulando una o más carencias (salud, seguridad social o vivienda). En otras palabras: ingresos mejores no siempre se traducen automáticamente en acceso a derechos, sobre todo si la oferta de servicios es escasa o lejana. 

A pesar de su reducción histórica, los niveles de pobreza (y desigualdad) varían fuertemente entre regiones y estados. Es decir, la pobreza no se distribuye al azar: tiene un “mapa”. Pobreza y desigualdad no son solo un fenómeno de ingresos y acceso a derechos: es, sobre todo, un problema territorial. Dónde vive la gente —y cómo se conectan sus lugares de residencia con los circuitos de empleo y servicios— afecta las oportunidades económicas, las posibilidades de salir de la pobreza y los riesgos de caer o permanecer en ella. Esto significa que el lugar de nacimiento o residencia condiciona fuertemente las oportunidades de educación, empleo, salud, vivienda y movilidad social. 

Las tasas de pobreza y pobreza extrema en Chiapas o Guerrero son varias veces superiores a las de Nuevo León o Baja California. El “mapa” de la pobreza sigue dibujando fronteras claras: un sur-sureste persistente de alta incidencia y un norte-frontera y bajío en mejores condiciones socioeconómicas; además las brechas urbano–rurales e indígenas–no indígenas son escandalosas. Esto refuerza la necesidad de leer la pobreza y la desigualdad no solo como problemas sociales, sino como problemas territoriales vinculados a la inserción desigual en circuitos económicos, laborales y geográficos.

Lo nacional no cuenta toda la historia: el “efecto geográfico”

Las cifras nacionales, bastante positivas en cuanto a la población total que abandona la pobreza, esconden una heterogeneidad espacial de gran calado. En 2024, los cinco estados con mayor incidencia a la pobreza multidimensional (mayores porcentajes de la población estatal en pobreza) incluyen Chiapas (66.0%), Guerrero (58.1%), Oaxaca (51.6%), Veracruz (44.5%) y Puebla (43.4%). En el otro extremo figuran Baja California (9.9%), Baja California Sur (10.2%), Nuevo León (10.6%), Coahuila (12.4%) y Sonora (14.1%). En pobreza extrema, la gradiente es aún más marcada: por un lado, Chiapas (27.1%), Guerrero (21.3%) y Oaxaca (16.3%), seguidos de Veracruz (8.8%) y Puebla (7.3%); por otro lado, Baja California (0.4%), Nuevo León (0.5%), Aguascalientes (0.6%), Coahuila (0.8%) y Colima (1.0%). 

Ahora bien, no es lo mismo presentar una alta incidencia a la pobreza (medición con respecto a la población total del estado), que tener la mayor concentración de pobres (medición con respecto al total de pobres en el país). De los 38.5 millones de personas en pobreza multidimensional en México 14.4% se encuentran en Estado de México, 10.0% en Chiapas, 9.4% en Veracruz, 7.4% Puebla y 5.7% en Oaxaca. Los estados con mayor porcentaje de población en pobreza extrema multidimensional con respecto al total de población en pobreza extrema del país son: Chiapas (22.9%), Guerrero (11.1%), Veracruz (10.3%) y Oaxaca (10.0%). 

Población en pobreza multidimensional (miles de personas)

Población en pobreza extrema multidimensional (miles de personas)

Estas diferencias geográficas no son fortuitas: reflejan estructuras productivas, dotaciones de infraestructura y servicios, inserción en mercados laborales activos o deprimidos, y la accesibilidad a educación, salud, empleo y vivienda. En pocas palabras, la geografía “empuja” o “frena” trayectorias de bienestar.

La baja incidencia de pobreza en estados como Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León se relaciona probablemente con la presencia de cadenas manufactureras integradas a Estados Unidos, salarios relativamente más altos, y mercados laborales formales más densos. Estados en el Bajío como Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí muestran menor población en pobreza a la par de mantener estructuras productivas que combinan manufactura automotriz/maquinaria, logística y redes carreteras interconectadas.

En contraste, Chiapas, Guerrero y Oaxaca concentran comunidades rurales e indigenas dispersas, topografías complejas, economías primarizadas y brechas de accesibilidad a servicios públicos. Aun cuando se observan mejoras significativas a lo largo del sexenio anterior, los grados de pobreza siguen siendo elevados en estos estados, lo que evidencia que el rezago es multidimensional y territorialmente profundo. 

Zonas como Quintana Roo y Baja California Sur combinan baja incidencia de pobreza (o descensos) con algunas tensiones. Son estados con booms inmobiliarios que siguen registrando contextos de precariedad habitacional, lo que delata un desajuste entre dinamismo económico y provisión de servicios y acceso a derechos.

Incidencia a la pobreza multidimensional (%)

Asimismo, las diferencias urbano – rurales reflejen una distancia que todavía importa, pues la pobreza extrema es sustancialmente más alta en ámbitos rurales, donde la oferta de servicios se diluye y la accesibilidad es menor. La intersección entre territorio e identidad también es sustantiva: comunidades indígenas enfrentan mayores tasas de pobreza y pobreza extrema, lo cual se superpone con geografías serranas y rurales de baja accesibilidad.

¿Qué nos dice la geografía de la pobreza?

Los rasgos geográficos en materia del rezago socio-económico son diversos y no se agotan con lo hasta aquí expuesto. Sin embargo, es posible identificar patrones clave.

(1) La elevada pobreza en el sur-sureste. La trilogía Chiapas–Guerrero–Oaxaca aparece en los primeros lugares de pobreza y pobreza extrema. Este patrón no es nuevo y responde al una falta de accesibilidad a servicios persistente, alta ruralidad, menor densidad de mercados, y rezagos históricos en infraestructura social. 

(2) Espacios de integración económica y manufactura de exportación. El norte fronterizo y el Bajío capitalizan la cercanía con EE.UU., las cadenas de valor y los sistemas urbanos industrializados. La relativamente baja pobreza se sustenta en empleo asalariado formal y mayores ingresos laborales, reforzados por el aumento del salario mínimo. 

(3) La Ciudad de México y Jalisco, entre otros estados, mantienen una incidencia a la pobreza menor que a nivel nacional (hay 1.84 millones de personas en situación de pobreza multidimensional en la Ciudad de México, lo que equivale al 19.7 % de su población), continúan atrayendo población y generan empleo, pero reproducen carencias habitacionales y de servicios.

(4) Seguridad social persiste como el gran “vacío” territorial: la mitad del país mantiene carencias de acceso a seguridad social. Este ámbito no solo incluye el tema de las prestaciones, territorializa la formalidad laboral. Estados con alta informalidad “atrapan” hogares en vulnerabilidad crónica pese a avances en ingreso. 

Implicaciones de política: territorializar el combate a la pobreza

El carácter geográfico de la pobreza y la desigualdad es importante porque revela que no basta con medir cuánto tienen las personas, sino también dónde están. El territorio actúa como mediador de oportunidades y riesgos: amplifica desigualdades, configura la pobreza, y requiere respuestas de política diferenciadas. Entender esta dimensión espacial es clave para diseñar políticas que no solo reduzcan la pobreza en promedio, sino que también corrijan las brechas territoriales que perpetúan la exclusión.

Si la pobreza se concentrara de manera homogénea, bastaría con transferencias y programas universales. Pero, dado que está espacialmente concentrada, las políticas deben adaptarse de manera inteligente. Un enfoque “ciego al territorio” corre el riesgo de continuar reproduciendo desigualdades y perpetuendo la pobreza. El carácter geográfico de la pobreza y la desigualdad en México obliga a territorializar la política pública. Por una parte, no basta con una política social basada en transferencias: hay que invertir en lugares —en su infraestructura y capacidades productivas—, diferenciando estrategias por región, urbano–rural e identidad cultural. La política social tampoco puede tratar la pobreza solo como falta de ingresos individuales. Al estar concentrada en ciertos estados, municipios y colonias, se necesitan políticas que actúen sobre las condiciones de la población en el territorio: provisión de servicios, conectividad y cohesión social. Esto implicará pasar a un enfoque de política social a uno que sea diferenciado y territorializado.

El reto es construir un modelo de política social y de desarrollo que no solo transfiera recursos, sino que cierre las brechas territoriales históricas que hacen de la pobreza en México un fenómeno persistente y desigual.

El sur-sureste requiere políticas sostenidas de desarrollo productivo (infraestructura, cadenas agroindustriales, apoyo a economías campesinas e indígenas) combinadas con provisión de servicios básicos. En zonas rurales dispersas, es indispensable diseñar esquemas móviles o comunitarios de salud, educación y seguridad social, porque los servicios convencionales no alcanzan a su población. La pobreza en el sur-sureste se superpone no solo con ruralidades, también con regiones indígenas lo que implica diseñar servicios de educación, salud y justicia bilingües y culturalmente pertinentes, y programas de desarrollo económico que respeten y potencien la organización comunitaria.

Hasta ahora, las políticas y programas sociales han corrido por un carril, y las de desarrollo regional (infraestructura, inversión productiva, ) por otro.

El carácter territorial de la pobreza exige que diversos ámbitos de la política pública se articulen. En contextos con menor pobreza la política social basada en transferencias y programas sociales suele atender bien el problema. En México es necesario comprender que se requieren políticas laborales, urbanas y económicas articuladas para erradicar la pobreza de raíz.

Finalmente, es muy necesario municipalizar y georreferenciar los datos de pobreza para hacer políticas más finas, ya que las cifras estatales también esconden contrastes enormes entre municipios, centros urbanos y al interior de ellos.

Conclusión: del dato nacional al “atlas de la pobreza”

México logró un descenso significativo de la pobreza entre 2022 y 2024, pero las distribución desigual del rezago persiste. Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan cifras de pobreza multidimensional superiores al 50–65% de su población, y de pobreza extrema de hasta 27% (Chiapas).Estas cifras son de tres a cinco veces más altas que entidades del norte como Baja California o Nuevo León.

La pobreza en el sur–sureste es escandalosa porque es profunda, persistente, concentrada, mcuhas veces ignorada. Revela el carácter estructural y geográfico de la desigualdad y de los rezagos y carencias socio-economicos: en el sur la pobreza no es excepción, sino la regla.

La política social y económica debe leer el territorio: la misma intervención no puede ser igual en Monterrey en la Sierra Mixe. Las cifras de pobreza y desigualdad para 2024 muestran que el ingreso (empujado por el mercado laboral y las transferencias) mueve la aguja, pero sin servicios accesibles —salud, seguridad social, vivienda adecuada— la vulnerabilidad es latente. Además, la salida de la pobreza exige producir políticas “con coordenadas”: empleo formal donde hoy no lo hay, servicios donde hoy no llegan y ciudades que integren, en lugar de excluir, a quienes más los necesitan. También la política urbana (suelo, vivienda social bien localizada y movilidad) es vital para que se amplíe el bienestar efectivo en todo el país. 

Notas sobre las fuentes

A partir de este 2025 el INEGI estima y publica oficialmente los resultados de la pobreza multidimensional y por ingreso (con base en la ENIGH 2024 y la metodología de medición previamente instrumentada por CONEVAL), manteniendo la comparabilidad en el periodo 2016–2024. Los datos y desgloses provienen del portal del INEGI dedicado al tema.