Maestros, ¿recuerdan que el PRIAN los llamó AMENAZA?

Por años, el magisterio mexicano fue tratado como un problema de seguridad nacional, un obstáculo para las reformas neoliberales y una barrera frente a los proyectos de privatización de la educación pública. Quienes se opusieron a esas políticas fueron estigmatizados, perseguidos y, en algunos casos, reprimidos bajo la premisa de que representaban una amenaza para la gobernabilidad. La historia demuestra que no se combatía a un enemigo del Estado, sino a uno de los sectores que con mayor firmeza defendió derechos laborales, sociales y educativos conquistados durante décadas.

En contraste, desde la llegada de la Cuarta Transformación, primero con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la relación con las maestras y los maestros se ha construido sobre el diálogo, el reconocimiento de sus derechos y la búsqueda de soluciones a demandas históricas.

Antes de entrar en materia, quiero expresar mi reconocimiento a quienes han formado generaciones enteras de mexicanas y mexicanos. Particularmente en las comunidades rurales, donde la escuela ha sido muchas veces la única puerta hacia mejores oportunidades, las y los docentes han sido mucho más que transmisores de conocimiento: han sido referentes, impulsores del desarrollo comunitario y sembradores de esperanza.

¿Quién no recuerda a una maestra o a un maestro que marcó su vida? Yo también los tuve. De ellos aprendí que el conocimiento adquiere sentido cuando se pone al servicio de los demás, especialmente de quienes más lo necesitan.
Por eso vale la pena preguntarnos: ¿cómo fue tratado el magisterio antes de la Cuarta Transformación?

La memoria suele ser selectiva. Durante la implementación de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la relación entre el poder público y amplios sectores del magisterio estuvo marcada por la confrontación. El desalojo del Zócalo capitalino en 2013, el encarcelamiento de dirigentes sindicales y la tragedia de Nochixtlán en 2016 forman parte de un capítulo que difícilmente puede asociarse con el diálogo democrático.

El desalojo del Zócalo de la Ciudad de México simbolizó el inicio de una etapa en la que las protestas magisteriales fueron respondidas con operativos policiacos de gran escala. Policías antimotines, vehículos especiales y gases lacrimógenos fueron utilizados para retirar el plantón que la CNTE mantenía contra la reforma educativa. Más tarde vendrían las órdenes de aprehensión y el encarcelamiento de dirigentes sindicales, acciones que diversas organizaciones calificaron como persecución política.

El punto más crítico ocurrió el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Un operativo para desalojar un bloqueo carretero derivó en un enfrentamiento que dejó personas fallecidas y decenas de heridos. Aquel episodio quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los momentos más dolorosos de la relación entre el Estado y el movimiento magisterial.

Sin embargo, la confrontación no sólo se expresó en las calles. También quedó registrada en los documentos de inteligencia del propio Estado mexicano. La Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), órgano encargado de las tareas de inteligencia y espionaje político, ubicaba a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación entre los actores que, según su diagnóstico, podían afectar la gobernabilidad del país.

La CNTE aparecía junto con organizaciones estudiantiles, campesinas e indígenas dentro de una lógica de seguridad nacional. En otras palabras, las demandas magisteriales eran observadas desde la óptica de la contención y no desde la atención de sus causas. El mensaje era inequívoco: quienes protestaban por la educación pública eran considerados un factor de riesgo para el Estado.

Conviene detenerse un momento en este hecho. El aparato de inteligencia mexicano clasificó al magisterio disidente como una amenaza para la gobernabilidad. No era una opinión aislada ni una declaración desafortunada: era una definición institucional plasmada en los diagnósticos estratégicos del gobierno.

La presión tampoco se limitó a la organización sindical. Durante esos años se profundizó el debilitamiento de las normales rurales, instituciones impulsadas desde la época del presidente Lázaro Cárdenas para formar docentes provenientes de comunidades campesinas e indígenas. La reducción de recursos, la disminución de espacios educativos y la constante estigmatización contribuyeron a erosionar un modelo que históricamente abrió oportunidades a miles de jóvenes del México rural.

La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se convirtió en el símbolo más doloroso de ese periodo. Más allá de las particularidades del caso, evidenció la vulnerabilidad de instituciones que durante décadas enfrentaron abandono, hostilidad y descalificación.

La pregunta sigue siendo pertinente: ¿cuándo defender la educación pública y formar docentes para las comunidades más pobres del país se convirtió en una amenaza para la nación?

Esa visión alcanzó uno de sus momentos más extremos cuando actores empresariales asumieron un papel determinante en la definición de la política educativa. Claudio X. González Guajardo, fundador de Mexicanos Primero, llegó a exigir públicamente el encarcelamiento de dirigentes magisteriales, a quienes calificó como delincuentes. Aquellas declaraciones reflejaban una concepción que veía a la organización magisterial como un obstáculo y no como un interlocutor legítimo.

Por eso resulta difícil sostener que el contexto actual sea equivalente.

La Cuarta Transformación puede ser objeto de críticas, como corresponde a cualquier gobierno democrático. Sin embargo, existe una diferencia sustancial: hoy las demandas del magisterio se atienden mediante mecanismos de diálogo y negociación, no a través de la criminalización.

Los hechos ayudan a entenderlo. Como informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, más de mil cien docentes que fueron sancionados o separados de sus funciones por oponerse a la reforma educativa fueron reinstalados. Además, se abrió una ruta para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), uno de los reclamos más persistentes del sector, y se han impulsado medidas para revisar el sistema de pensiones, atender rezagos administrativos y recuperar derechos laborales.

En materia salarial también se observa una recuperación gradual del poder adquisitivo, después de años en los que los ingresos del magisterio perdieron capacidad frente al aumento del costo de vida; durante el gobierno del Presidente López Obrador alcanzó los 17 mil 635 pesos, y actualmente, con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ronda los 20 mil pesos.

¿Significa esto que todas las demandas están resueltas? Desde luego que no. Persisten inconformidades legítimas relacionadas con las pensiones, los mecanismos de promoción y diversos problemas acumulados durante décadas. Las maestras y los maestros tienen pleno derecho a expresarlas y a defender sus causas.

Pero cualquier debate honesto debe partir de un hecho elemental: NO no somos iguales.

No es igual un gobierno que incorporó al magisterio en la Agenda Nacional de Riesgos que uno que instala mesas permanentes de diálogo. No es igual responder con despidos y encarcelamientos que buscar acuerdos. No es igual considerar a los docentes un factor de desestabilización que reconocerlos como protagonistas de la transformación nacional.

México necesita escuelas abiertas, niñas y niños aprendiendo, y maestras y maestros con derechos plenamente garantizados. Pero también necesita memoria. Porque cuando una sociedad olvida cómo fueron tratados sus educadores, corre el riesgo de repetir los mismos errores.

Por eso, antes de cualquier conclusión precipitada, vale la pena mirar hacia atrás. Hubo un tiempo en que el aparato de inteligencia del Estado clasificó al magisterio como un riesgo para la gobernabilidad; hubo un tiempo en que dirigentes fueron encarcelados, protestas reprimidas y normales rurales estigmatizadas. Esa historia no ocurrió hace un siglo: ocurrió apenas ayer.

La memoria también educa. Y cuando pasado y presente se observan con honestidad, la diferencia resulta evidente: no somos iguales.