Una duda razonable

Hace un par de días, en Jalisco, presenciamos lo terrible. Familiares y amigos del periodista Jaime Barrera Rodríguez denunciaron en redes sociales que el comunicador no había llegado a su casa para la cena. Un hecho sin precedentes (a esa escala) y el temor con el que, desafortunadamente, aprendimos a vivir quienes tenemos trabajos de alto riesgo. 

            Luego de horas de angustia generalizada y una torva de desinformación después, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció vía la red social X (antes Twitter) que él, personalmente, atendería el caso. Incluso aseguró haber cancelado reuniones para atender el problema. 

            En cambio, a las declaraciones del gobernador, tuvo que ser el Fiscal General del Estado Luis Joaquín Méndez quien a nombre del gobernador, enfrentó a los obturadores, grabadoras y micrófonos de al menos dos decenas de periodistas que, inquietos, preguntaban detalles sobre la investigación. ¿Quiénes eran los criminales que anunciaban? ¿Si pertenecen a un grupo criminal, cuál es? ¿Por qué no se percataron de la circulación del periodista y lo interceptaron? Y otras tantas dudas razonables. De Alfaro Ramírez no se supo más hasta el momento de liberación del colega. 

            Aquella rueda de prensa fue en gran medida, un claro ejercicio de evasión de la realidad. Pues lejos de plantear cualquier posible desenlace favorable (como afortunadamente ocurrió), las autoridades se limitaron a narrar un documento con fotografías tomadas con el aparato de vigilancia de Jalisco, el C5. También se explicó cómo al menos (porque tampoco en eso fueron específicos) tres o cuatro sujetos, habrían sustraído de su vehículo al comunicador sin dar señas para identificarlos. Sólo se aseguró que uno de ellos portaba un arma larga y que debido a eso, se presumió que se trataba de un grupo criminal. 

            El evento, lejos de lograr esclarecer un crimen, sembró la semilla de la duda entre los asistentes al responder de manera dudosa si se investiga el caso con el enfoque en su trabajo como periodista. Una obviedad que parece ajena a las autoridades, a pesar de que dos de las más recientes publicaciones realizadas por el comunicador, hablan particularmente de realidades con las que los habitantes de Jalisco tenemos que coexistir y que se encuentran relacionadas. La desaparición de personas y el brote desmedido de fosas clandestinas. La primera de ellas, la vivó el propio Jaime en carne viva. 

            Sobre el auto donde trasladaron al periodista, las autoridades no compartieron los pormenores. Fueron periodistas quienes descubrieron el intento de los criminales por cambiar de apariencia el vehículo donde presuntamente plagiaron a Jaime. En el reporte, los periodistas explican que se trata de una camioneta tipo SUV de marca Honda, donde encontraron rastros de sangre en la cajuela y a la que se logra apreciar como remueven el color original. 

            Ya tras su liberación, constatamos lo que muchos sospecharon. Aunque logró salir con vida del lamentable suceso, en el proceso, el comunicador fue víctima de intimidaciones y amenazas: “hoy te vas, pero sabemos dónde vives,donde estas, tu familia”, explicó Barrera para grupo Reforma en una de las entrevistas que ha otorgado el periodista.

Lamas y Barrera: los medios y el poder 

Las razones son complejas de conocer. Es posible que en este punto ni las autoridades tengan pista. Sin embargo, no es un tema menor (ni algo que deba desestimarse) que el mayor atraco a la prensa de Jalisco en tiempos actuales, ocurra cuatro semanas después de la detención de Alberto Lamas Flores, ex jefe de gabinete del difunto gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz.

            El caso resulta particularmente interesante debido a que a Alberto Lamas se le intenta imputar por presuntamente desviar 152,466,748.00 (ciento cincuenta y dos millones de pesos) de las arcas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) con el objetivo de ganar beneplácitos en medios de comunicación a favor de Aristóteles Sandoval. 

            Las empresas señaladas en la audiencia son: Corporativo Begonia S.A. de C.V.; Grupo Radiodifusoras Capital S.A. de C.V.; Jeshom Publicidad S.A. de C.V.; La Cronica Diaria S.A. de  C.V.; Estudios Azteca S.A. de C.V.; y Keenneex Impactos S.A. de C.V. a las cuales les realizarían los pagos no comprobados de la dependencia en cuestión. 

            Y aclaro las razones sociales denunciadas en la audiencia de Alberto Lamas con el objetivo de alejar a las mentes perversas de la discusión. Es necesario aclarar que ninguna de las empresas señaladas en la vinculación a proceso de Alberto Lamas, son lugares donde Jaime Barrera trabajo o colaboró por lo que no intento relacionar ambos casos sino demostrar con pruebas que el ecosistema de medios de comunicación, particularmente para los periodistas de Jalisco, es poco menos que una guerra y poco más que conflictivo. 

            Aquí, en la tierra de los símbolos nacionales para el extranjero, el tequila y el mariachi, también tenemos una crisis donde ejercer el periodismo es un campo repleto de minas donde sólo los más astutos logran quedarse y alcanzar una larga trayectoria como la de Jaime. 

            Aquí en Jalisco, sólo tenemos una trama donde un periodista privado ilegalmente de su libertad y las autoridades que dicen que tomarán acción inmediata dejan de contestar; un exgobernador asesinado en un restaurante de manera impune y del cual sabemos poco más que nada; y uno de sus trabajadores más cercanos, acusado de desviar fondos a medios de comunicación con el objetivo de favorecer discursivamente a su patrón con dinero del erario y medios de comunicación que se dicen plurales, independientes y objetivos. 

            Otro dato relevante, y con el que me gustaría sembrar la semilla de la duda de la audiencia, es la relación entre el caso Lamas y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues la Firma Grupo Radiodifusoras Capital S.A. de C.V, acusada de recibir dinero de los contribuyentes de Jalisco, es propiedad (Según lo revela el periodista Juan Omar Fierro de Aristegui Noticias) de  la familia Maccise Uribe, un grupo de abogados que registraron ante el Instituto Mexican de la Propiedad Intelectual (IMPI) los nombres de los peñanietistas Luis Videgaray y Aurelio Nuño. La firma de la familia Maccise Uribe, habría recibido del CEA de Jalisco al menos 20 de los millones reportados como saqueados de la dependencia de administración de aguas de Jalisco. ¿Sera que la detención de Alberto Lamas abre la puerta para una investigación más grande? O sólo será otro caso de presunta corrupción local.