Prevenir y eliminar la discriminación, pilar indispensable de la transformación

Resulta por lo menos curioso que las y los propagandistas del conservadurismo en México, disfrazados de sociedad civil, no busquen colocar su ya conocida agenda neoliberal. El avance de los grupos fundamentalistas no representa únicamente un fenómeno electoral que busque hacer una crítica sobre las acciones de los gobiernos de izquierda, sino que representa una amenaza sistémica que intenta reconfigurar el pacto social desde posiciones excluyentes. Su peligro más profundo en la actualidad radica en la pretensión de sustituir la democracia participativa por una suerte de teocracia selectiva, donde el derecho al voto y a la toma de decisiones quede restringido a perfiles como hombres, propietarios, "instruidos", replicando lógicas coloniales y patriarcales que creíamos superadas. Al mencionar que no todas las personas deberían tener derecho a votar o al evocar la época cristera bajo consignas como “Viva Cristo Rey” no están haciendo un llamado aislado; están legitimando la violencia política bajo justificaciones clasistas y religiosas que anhelan minar las conquistas de derechos y desconocer al Estado laico, pilar fundamental de nuestra convivencia nacional.

El riesgo de esta embestida no es sólo simbólico, sino material, pues al construir chivos expiatorios, como los movimientos feministas, las poblaciones LGBTQ+, los pueblos originarios o las personas migrantes, estas fuerzas desvían la atención de las verdaderas causas estructurales de la inseguridad y la crisis económica. Su relato instala la perversa idea de que la garantía de derechos humanos es un lujo o un obstáculo para el desarrollo, cuando en realidad es la condición mínima para una paz sostenible. Al culpar a los grupos prioritarios de los males sociales, siembran la polarización y el resentimiento entre clases populares, fracturando la solidaridad horizontal que ha permitido históricamente las grandes conquistas sociales en el país.

Frente a este escenario, una robusta agenda antidiscriminatoria está llamada a ser apéndice indispensable de los gobiernos progresistas para erigirse como el contrapeso estructural y pilar de la columna vertebral de la transformación. Debe funcionar como un blindaje democrático; es decir, implica reformar los sistemas de información pública para desmontar las falacias que vinculan derechos con inseguridad, y exige que el Estado actúe con toda la fuerza de la ley contra los discursos de odio, sin caer en censuras, pero sí desactivando su capacidad de daño en el espacio público y digital.

Consolidar la transformación en México exige, por tanto, que el combate a la discriminación se consolide como el criterio rector de toda política pública. La verdadera prosperidad de un pueblo no se mide por sus indicadores macroeconómicos aislados, sino por su capacidad de garantizar una vida digna y libre de violencia a las personas más vulnerables de su sociedad. Una sociedad que respeta activamente la diversidad es inherentemente más resiliente, más innovadora y más pacífica, porque reconoce que la riqueza de México radica precisamente en su pluralidad. Por ello, el proyecto de transformación tiene la encomienda de profundizar la igualdad, desenmascarar los dogmatismos excluyentes y construir ciudadanía crítica, pues sólo así podremos hacer frente al retroceso y garantizar que el futuro del país sea compartido por todas, todes y todos. Por el bien de todos, primero los pobres, que también son las, les y los más discriminados.