El poder no se hereda en un cuartel

Hay una imagen que dice más que cualquier discurso: la de un presidente que quiere jurar su cargo rodeado de soldados, y la de otro que se niega a prestarle siquiera una silla en un recinto militar. Esa escena, que parece anecdótica, es en realidad la primera gran definición del nuevo gobierno colombiano, y conviene mirarla con cuidado, porque en política la puesta en escena nunca es inocente.

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha insistido en posesionarse en una guarnición militar en el departamento del Cauca. Lo dijo con todas sus letras el 20 de julio en Medellín: quiere hacerlo para rendir honor a "los verdaderos héroes" y enviar un mensaje de respaldo a la fuerza pública. El Senado ya autorizó, por cincuenta y cinco votos contra treinta y dos, trasladar la sesión al Cauca, aunque todavía no ha definido si será dentro de instalaciones armadas. Frente a esa posibilidad, el presidente saliente Gustavo Petro fue tajante: el 24 de julio, durante el acto en que devolvió la espada de Bolívar a la Quinta que lleva su nombre, ordenó que ninguna guarnición del país alistara "ni una sola silla, ni un solo espacio" para esa ceremonia. "Es mi orden", precisó.

Se ha querido leer todo esto como una pelea de egos entre dos hombres que no se soportan. Y algo de eso hay. Pero reducirlo a un choque personal es perder de vista lo que de verdad está en juego, que es mucho más grande que ellos dos. Lo que se disputa es dónde empieza a mandar el poder civil y hasta dónde llega el simbolismo del uniforme en una democracia. No es un detalle protocolario. Es una definición sobre qué clase de país empieza el siete de agosto.

Elegir un cuartel como primera fotografía de un gobierno no es un gesto neutro. En comunicación política, el escenario es un argumento. Un presidente que se estrena ante tropas formadas, en un departamento que ha sido epicentro de la crisis de orden público y bastión histórico de la izquierda, no está simplemente escogiendo un lugar bonito: está diciendo quién lo respalda, contra quién se define y desde qué lógica piensa gobernar. La banda presidencial impuesta entre fusiles habla de una idea del poder donde la autoridad se mide en capacidad de fuerza y no en legitimidad de las urnas. Y esa idea, en América Latina, tiene una historia larga y dolorosa que ninguno de nuestros pueblos debería querer repetir.

Por eso la negativa de Petro, más allá del estilo con que la haya expresado, defiende algo que vale la pena defender. Defiende que en una república el ejército está al servicio del poder civil elegido, y no al revés. Defiende que la posesión de un presidente le pertenece a la ciudadanía, no a la guarnición. Defiende que los símbolos importan precisamente porque enseñan, y que enseñarle a un país que el mando nace en un cuartel es sembrar una semilla peligrosa. El carácter civil del poder no es una formalidad vacía: es la línea delgada que separa a una democracia de su imitación.

La discusión ha dividido incluso a la propia derecha colombiana, y eso es revelador. Cuando una idea incomoda hasta a los aliados naturales de quien la propone, suele ser porque toca una fibra que va más allá de la coyuntura. La pregunta que queda flotando no es si De la Espriella tiene la mayoría para salirse con la suya. Es otra, más incómoda: ¿qué gobierno se anuncia a sí mismo escogiendo el estruendo de las armas por encima del murmullo de una plaza pública?

Un presidente puede jurar en muchos lugares. Lo que no puede es olvidar que la primera lección de un gobierno se da el día que se posesiona. Y que el país entero está mirando desde qué lugar decide hablarle.