Los neoliberales también lloran...

• La hija de la crisis
• El panista que no dejó el erario
   

Hay generaciones que crecieron en una permanente crisis económica. La de quienes nacieron a finales de los años setenta fue una de ellas.

Ella nació en 1978, apenas cuatro años antes de que comenzara el modelo neoliberal en México. En 1982 llegó Miguel de la Madrid a la presidencia, cuando el dólar rondaba los tres pesos y al peso aún no le habían amputado tres ceros.

Era hija de un técnico en máquinas copiadoras y de una mujer que había iniciado estudios de Trabajo Social. Creció en una familia trabajadora. Su abuelo era ferrocarrilero, heredero del oficio de un maquinista. De él heredó también una convicción compartida por millones de mexicanas y mexicanos durante décadas: quien trabajaba, estudiaba y perseveraba podía salir adelante. Y durante algún tiempo fue verdad.

Su familia había logrado dejar atrás la pobreza extrema urbana. Algunos de sus parientes habían asistido a la escuela pública por las mañanas y, por las tardes, vendían chicles en la calle, hacían mandados o trabajaban como “chícharos” de peluquería, barriendo el cabello que caía al piso y ayudando en lo que hiciera falta. Poco a poco mejoraron sus condiciones de vida. Podían pagar la renta de un departamento cómodo [ya no hacinados en un pequeño cuarto], hacer el mandado en la Merced y regresar con la despensa suficiente para toda la semana.

Luego llegó la crisis.

Conserva esas imágenes de crestomatía que aparecen de pronto en la pantalla de la memoria: Miguel de la Madrid envuelto —como tamal— en la banda presidencial; el partido de Estado aferrado al poder (el PRI); la televisión encendida durante horas; Jacobo Zabludovsky marcando la agenda informativa —haciéndonos bobos—; los mensajes oficiales en cadena nacional, convertidos en una forma cotidiana de pedagogía política.

Con la caída del sistema de votación, llegó Carlos Salinas de Gortari al poder, prometió modernidad. Como millones de mexicanos, aquella niña creyó que el país por fin entraría al primer mundo, así lo proclamaba. A esa edad todavía se cree en los Reyes Magos, en la modernidad y, a veces, también en los discursos presidenciales.

Mientras tanto, detrás de la escenografía, avanzaba el derrumbe silencioso de la economía mexicana.

Su padre era un técnico extraordinario. De esos hombres convencidos de que el futuro también se construye madrugando. La familia vivía en la colonia Roma, en un edificio estilo Art Déco con un balcón que daba a un templo. Desde ahí observaban llegar, de vez en vez, automóviles de lujo de los que descendían invitados a celebrar bodas.

Tiempo después se mudaron a una vivienda de interés social en el Estado de México. Mucho antes de que la palabra existiera, ya habían experimentado los efectos de la gentrificación del centro de la ciudad.

Con grandes esfuerzos, su padre viajaba a McAllen, Texas, para comprar equipos usados, reconstruirlos y venderlos a sus clientes. Era un trabajo que dominaba con maestría. Cruzaba la frontera sin contratiempos, en una época en la que hacerlo todavía era muy distinto de lo que vendría después.

Durante algunos años el negocio prosperó.

Hasta que dejó de hacerlo.

Como dice la canción: todo se derrumbó.

La crisis y el tiempo

El teléfono comenzó a sonar a deshoras, por la madrugada escuchaba las pisadas de su madre prometiendo ponerse al corriente; su padre sería el siguiente en contestar. No había sueño. Ya no llamaban clientes. Llamaban cobradores. La angustia económica terminó instalándose en la casa y alcanzó también a los hijos.

Años después comprendería que ahí había nacido una parte de su vocación periodística. Quería entender qué estaba pasando. Saber por qué. La respuesta comenzaría a tomar forma años más tarde.

Llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su número de cuenta comenzaba con el mismo año en que estalló el levantamiento zapatista, una coincidencia que con el tiempo adquiriría un significado especial.

Las crónicas de Blanche Petrich, leídas desde los años del CCH Vallejo, le mostraron que el periodismo también podía explicar el país desde las voces que rara vez ocupaban los espacios de poder. Después descubrió a Oriana Fallaci —la de Nada y así sea— y a los hermanos Flores Magón. Con ellos llegaron preguntas incómodas sobre el poder, la desigualdad y las estructuras que sostienen a unos mientras dejan caer a otros.

Estudió Periodismo cuando Francisco Barnés intentó aumentar las cuotas universitarias y estalló uno de los movimientos estudiantiles más importantes de las últimas décadas. Aunque se rompió con la irrupción de la fuerza pública en una entidad autónoma, aquella movilización no sólo defendió el carácter público de la UNAM; también dejó una enseñanza difícil de olvidar: ningún derecho permanece intacto si la sociedad deja de defenderlo.

El periodismo y la investigación 

En una clase de Economía leyó El imperialismo, fase superior del capitalismo [de Lenin]. Más allá de las coincidencias o diferencias ideológicas que hoy puedan existir con ese texto, aquella lectura sembró una duda que ya nunca la abandonaría: las crisis económicas no siempre eran accidentes.

También comprendió que la doctrina liberal del laissez-faire, laissez-passer —dejar hacer, dejar pasar— parecía escrita para quienes ya viajaban en primera clase (cualquiera que fuera su medio de transporte). Para millones de personas, en cambio, el mercado nunca fue un terreno parejo.

Con el tiempo entendió que aquellas preguntas nacidas en la infancia no eran únicamente personales. Eran políticas, económicas y estructurales. Fue el periodismo de investigación el que terminó por unir todas las piezas del rompecabezas.

Durante décadas el modelo económico repitió que el Estado era el problema: había que reducirlo, privatizarlo y dejar que el mercado corrigiera por sí solo las desigualdades. Sin embargo, en su tarea reporteril, al revisar contratos públicos, subsidios, padrones de beneficiarios, auditorías y cuentas gubernamentales comenzó a aparecer una realidad muy distinta.

Muchos de los principales defensores del libre mercado mantenían una relación sorprendentemente estrecha con el presupuesto público. Las respuestas que había buscado desde niña no estaban únicamente en los libros de Economía. También estaban en los expedientes oficiales.

Durante años esa contradicción apareció una y otra vez en contratos, auditorías, padrones de beneficiarios y documentos oficiales. Pero hubo un expediente que terminó por condensarla como pocos.

El panista que no dejó el erario

Corría 2009. Durante una investigación publicada en la revista Contralínea documentó que Francisco Javier Mayorga Castañeda, entonces secretario de Agricultura, junto con su padre y su hermana, había recibido más de 14 millones de pesos provenientes del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), además de pagos por asesorías y salarios financiados con recursos públicos. Ahí estaba el detalle.

Al menos en el discurso oficial, el Procampo había sido creado para apoyar a los productores rurales más vulnerables del país. Pero había más.

La investigación reveló que esos beneficios se habían obtenido durante el sexenio de Vicente Fox, precisamente cuando Mayorga ocupaba la Dirección en Jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Y las reglas eran claras.

El artículo 6 de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura establecía expresamente que "bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas los servidores públicos de la Secretaría", prohibición que también alcanzaba a familiares hasta el cuarto grado.

Sin embargo, el neoliberalismo mexicano siempre pareció mantener una relación particularmente flexible con sus propias reglas.

La investigación documentó, además, que Mayorga había sido contratado mediante adjudicación directa como asesor de la misma dependencia durante 2007 y 2008. Por esos servicios recibió más de un millón y medio de pesos provenientes del pago de los impuestos de mexicanas y mexicanos.

El funcionario responsable de vigilar el cumplimiento de las reglas aparecía, al mismo tiempo, como beneficiario de programas públicos y como proveedor de la institución encargada de administrarlos.

La pregunta dejó de ser si los hechos habían ocurrido. Los documentos hablaban por sí mismos. La verdadera pregunta era otra: ¿Por qué aquello parecía normal?

Hubo oportunidad de planteársela al propio funcionario al término de una conferencia de prensa. La respuesta nunca llegó directamente. Sus escoltas —tamaño Herman Munster— le cerraron el paso a la reportera, mientras el secretario aceleraba la marcha hacia la salida.

Poco después, desde la oficina de Comunicación Social, recibió una explicación que, con el tiempo, adquiriría otro significado.

—El secretario, antes de ser secretario, era empresario.

La frase pretendía justificar los hechos. Terminó exhibiendo la contradicción. Porque el problema nunca fue haber sido empresario. El problema era que un servidor público está obligado a actuar con imparcialidad, evitar conflictos de interés y cumplir las mismas reglas cuya observancia exige a los demás. Y, sin embargo, el caso estaba lejos de ser excepcional.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, identificó a 577 servidores públicos que trabajaban en distintas dependencias gubernamentales y que, al mismo tiempo, recibían subsidios agrícolas como productores.

La investigación inicial terminaba confirmándose con una revisión institucional. Aunque Mayorga “renunció” a los apoyos en 2010, según fuentes periodísticas; Entonces apareció una pregunta todavía más incómoda.

Si el mercado era tan eficiente, si el modelo neoliberal era tan perfecto, ¿por qué algunos de sus más fervientes defensores dependían con tanta frecuencia del presupuesto público? Podría pensarse que aquella historia pertenece al pasado. No es así.

Los documentos públicos siguen mostrando que algunas de las contradicciones del neoliberalismo mexicano permanecen vigentes. Mientras diversos dirigentes y figuras del Partido Acción Nacional descalifican con frecuencia los programas sociales dirigidos a personas adultas mayores, jóvenes, campesinas, campesinos y madres trabajadoras, algunos de sus militantes y exfuncionarios también reciben recursos públicos a través de ellos.

La Plataforma Nacional de Transparencia muestra que Francisco Javier Mayorga Castañeda aparece como beneficiario de apoyos de la Secretaría de Bienestar por más de 46 mil pesos, entregados entre 2023 y 2024.

De acuerdo con ese padrón, Mayorga Castañeda, entonces de 72 años de edad, recibió 46 mil 800 pesos mediante la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Los registros corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2024, durante el cual se reportan siete ministraciones.

Conviene decirlo con toda claridad. No existe ninguna ilegalidad en ello. Estos apoyos son posibles porque el presidente Andrés Manuel López Obrador elevó los programas sociales a rango constitucional, garantizando que los derechos sociales lleguen a la población sin distinción partidista. Ese legado continúa hoy con la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El problema nunca ha sido que un exsecretario reciba una pensión, sino la incongruencia. Quizá esa sea una de las mayores paradojas del neoliberalismo mexicano. Un modelo económico que pidió sacrificios a millones de mexicanos mientras reservaba excepciones para quienes lo diseñaban, lo administraban o se beneficiaban de él.

Esa es la historia de la Mexicana. La historia de una hija de la crisis que decidió buscar respuestas en los documentos. Y descubrió que, a veces, los expedientes dicen mucho más que los discursos.