Por Víctor Suárez Carrera
https://www.sprinforma.mx/noticia/volver-la-mirada-al-territorio-y-caminar-las-comunidades
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La tierra no es una mercancía. Durante décadas, la derecha neoliberal intentó imponer la idea de que el territorio debía someterse a las reglas del mercado. Quiso convertir un patrimonio colectivo en un simple activo económico. Pero la propiedad social nunca ha respondido a esa lógica. Es historia, identidad, organización comunitaria, soberanía alimentaria y patrimonio biocultural. Es, además, uno de los mayores bienes estratégicos de la nación. No es casualidad que el 51 por ciento del territorio nacional pertenezca a ejidos y comunidades agrarias.
Cada vez que un núcleo agrario pierde la capacidad de decidir sobre su destino no solo se vulnera una forma de propiedad conquistada con la Revolución Mexicana; también se debilita una parte esencial del tejido social del país.
Los más de treinta años de políticas neoliberales (1982-2018) dejaron profundas heridas. En numerosos conflictos agrarios, los intereses económicos terminaron imponiéndose sobre los derechos colectivos. Empresas inmobiliarias, extractivas, megaproyectos turísticos y grandes intereses privados encontraron condiciones propicias para apropiarse de territorios donde las comunidades quedaron en evidente desventaja frente a un mercado concentrador, especulativo y expulsor.
Las consecuencias siguen presentes: conflictos que pudieron prevenirse, comunidades divididas, recursos naturales deteriorados, saqueados, y generaciones enteras obligadas a abandonar sus tierras.
La justicia agraria comienza en el territorio
Esa historia nos deja una enseñanza irrefutable: la justicia agraria no puede limitarse a intervenir cuando el conflicto ya estalló. Debe actuar antes; prevenir, acompañar, fortalecer la organización comunitaria y garantizar que las decisiones permanezcan en manos de quienes históricamente han cuidado la tierra. Con esa convicción trabajamos en la Nueva Procuraduría Agraria.
No bastaba con tramitar expedientes o acompañar los litigios de los asuntos agrarios. Era indispensable transformar la forma en que el Estado se relaciona con las personas ejidatarias y comuneras.
Durante décadas, ejercer un derecho agrario significó recorrer largas distancias, invertir buena parte de los ingresos familiares en traslados y destinar días completos para llegar a una oficina gubernamental. La burocracia neoliberal convirtió el acceso a la justicia en una carga para quienes menos recursos tenían.
Por eso decidimos construir una verdadera #PAdeTerritorio. Ya no podíamos seguir esperando a que los sujetos agrarios acudieran a oficinas que terminaron formando parte del viejo "elefante reumático" de la administración pública. Era el Estado el que debía volver al territorio, caminar las comunidades y acercar la justicia agraria a donde vive la gente, como lo hizo el general Lázaro Cárdenas, como lo impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador y como hoy lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Hoy contamos con más de 1,100 Centros de Atención Agraria (CDAA) distribuidos en todo el país, una red sin precedente que acerca los servicios a donde realmente se necesitan sin representar un solo peso adicional para el presupuesto público. Los CDAA permiten escuchar, conciliar, prevenir conflictos y acompañar de manera permanente la vida interna de los ejidos y las comunidades. Son la expresión más clara de una #PAdeTerritorio.
Un nuevo horizonte para la defensa de la propiedad social
Esa transformación institucional requería también una jurídica. Por ello, el pasado 23 de julio instalamos el Consejo Consultivo Jurídico de la Procuraduría Agraria, una instancia estratégica que inaugura una nueva etapa en la defensa de la propiedad social.
Hoy el derecho agrario ya no puede analizarse de manera aislada. Debe dialogar con el derecho ambiental, el ordenamiento territorial, la transición energética, los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, la igualdad sustantiva y la construcción de paz. Los desafíos del territorio exigen una visión integral.
El Consejo reúne a especialistas, académicos, juristas y representantes de instituciones públicas para enriquecer las políticas y los criterios jurídicos de la Procuraduría Agraria. Será un espacio permanente para anticipar los nuevos desafíos del territorio, construir soluciones interdisciplinarias, fortalecer la protección de los derechos colectivos y consolidar una justicia agraria moderna, preventiva y con visión territorial.
Los ejidos y las comunidades agrarias no solo producen buena parte de los alimentos que consumimos; también resguardan gran parte del agua, los bosques, las selvas y la biodiversidad del país. En sus territorios se concentra una riqueza ambiental y biocultural indispensable para enfrentar el cambio climático, conservar los ecosistemas y garantizar el bienestar de las futuras generaciones.
Durante demasiado tiempo esa riqueza permaneció bajo la presión de intereses que buscaron privatizarla, saquearla y concentrarla.
Defender la propiedad social significa garantizar que los pueblos puedan decidir libremente sobre su territorio y proteger un patrimonio estratégico que beneficia tanto a quienes habitan el campo como a quienes vivimos en las ciudades. Por ello, fortalecer las instituciones encargadas de su defensa es fortalecer también la soberanía nacional.
Volver la mirada al territorio es una decisión de Estado. Es reconocer que la justicia agraria no comienza en los tribunales, sino en las comunidades. Allí donde se cuida la tierra, se protege el agua, se conservan los bosques y se preserva la biodiversidad, también se construyen la soberanía alimentaria, la paz y buena parte del futuro de México. Ese es el sentido del Consejo Consultivo Jurídico y de la transformación que impulsa la Nueva Procuraduría Agraria: defender la propiedad social para defender el país.
Defender la propiedad social es proteger la tierra, el agua y el futuro de México, es defender el país. Ese es el sentido del Consejo Consultivo Jurídico que impulsa la Nueva Procuraduría Agraria.
La hija de la crisis encontró en los expedientes la historia de un panista neoliberal que nunca dejó el erario.
La cuestión no es si alguien tiene derecho a comprar un fósil o vestir una antigüedad, sino qué ocurre cuando aceptamos que el pasado puede convertirse en propiedad de quien puede pagarlo.
Una sociedad más justa no se construye dejando a millones de jóvenes sin identidad ni comunidad. La empatía también consiste en tender puentes y hacer de los hombres aliados, no adversarios.