Hasta hace algunos años, los derechos en México eran palabras que decoraban discursos políticos y rellenaban leyes. La narrativa impulsada por décadas en este país, incluyo otras palabras que moldearon las politicas públicas del país, una de ellas fue “oportunidades”.
Esto es particularmente relevante en la coyuntura actual: hace algunos de días, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo anunció un ambicioso proyecto de vivienda popular y días despues anuncia una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en la que se busca avanzar en las demandas de los trabajadores por aplicación, es decir, en el centro de la agenda pública han estado los derechos.
Esta iniciativa de ley busca asegurar contra accidentes a 658,000 repartidores de plataformas digitales, una demanda que ha sido bandera de lucha para distintas asociaciones. Además se contempla que lxs aproximadamente 272,000 trabajadores que ganan lo equivalente o más que el salario minimo reciban seguros y servicios del IMSS, por riesgos de trabajo, enfermedades, incapacidades, maternidad, pensiones y guarderías, además de derecho a créditos de vivienda Infonavit y derecho a recibir pago por utilidades. Con esto, México busca ser uno de los pocos países en reconocer y acuerpar en reconocimiento de repartidores por aplicación como trabajadores.
Estas aplicaciones han tenido un gran auge en todo el mundo a partir del encierro que implicó la pandemia, no obstante el problema desde el inicio fue el reconocimiento de lxs repartidores como trabajadores, las empresas les enunciaba como socios o colaboradores ignorando sus obligaciones como empleadores. La excusa constante era la intermitencia de la vinculación entre trabajador y empleador, por ello la reforma busca reconocer la existencia de la subordinación discontinua, es decir, este modelo laboral que permite escoger horarios y plataforma de trabajo.
La reacción no se ha hecho esperar, en distintos medios de comunicación se dice que esta regulación que pretende implementar el Estado implica perder la flexibilidad laboral, impulsando un horario fijo, se defiende el derecho a ser tu propio jefe y dueño de tu tiempo, la pregunta obligatoria es ¿qué tan propio ese tiempo? Sobre todo si estamos orilladxs a trabajar más de 10 horas para obtener un salario mínimo. En realidad, esta idea y la de tener metas autoimpuestas, buscan legitimar la explotación de las empresas transnacionales trasladando la responsabilidad del fracaso o éxito a la persona trabajadora.
Hoy tenemos un Estado que se debe al pueblo y busca representar genuinamente los intereses populares, llevando como bandera los derechos. Ya no se aplauden lo que las empresas llamaban oportunidades y que en realidad eran paupérrimas condiciones laborales que proliferaron ante un Estado ausente. Hoy se acompaña el proceso de reconocimiento de todos los derechos: el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la cultura, el derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho a la vivienda, etc.
Si no es para todxs, no es un derecho, es un privilegio, va siendo hora que las empresas entiendan la nueva realidad de este país.