Por Mario A. Domínguez.
https://www.sprinforma.mx/noticia/dinero-y-campanas-judiciales
6 min El próximo 30 de marzo darán inicio las campañas judiciales. Durante 60 días, las personas que aspiran a ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación podrán realizar diversas actividades para obtener el voto de la ciudadanía. La propaganda deberá enfocarse en dar a conocer las trayectorias profesionales de las y los candidatos, así como sus propuestas para mejorar la función jurisdiccional.
Se trata de un ejercicio inédito para la ciudadanía. El reto es enorme, tanto para las personas candidatas como para las instituciones electorales, pues deberán incentivar la participación en este primer proceso de renovación del Poder Judicial mediante el voto directo. De acuerdo con la legislación electoral, las candidaturas podrán difundir su propaganda a través de materiales impresos, redes sociales, entrevistas y foros ofrecidos gratuitamente por sectores públicos, privados y sociales, ya que está prohibida la contratación de espacios en radio y televisión. Como apunte relacionado con este apartado, hace unos días la Arquidiócesis de México ofreció su espacio “Desde la fe” para que los candidatos puedan hacer difusión de su visión de “justicia”, lo que es un ejemplo de que muchas asociaciones estarán interesadas en este proceso.
El uso del dinero jugará un papel clave durante este proceso. La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral estableció los topes máximos de gastos de campaña. Llama la atención que el tope más alto —aplicable a las candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Regional del Tribunal Electoral— sea de $1,468,841.33 pesos. Esta cifra es incluso inferior al tope permitido en las elecciones pasadas para una diputación federal por distrito, que fue de poco más de dos millones de pesos.
El mal uso de recursos económicos durante los procesos electorales llevó a establecer sanciones severas en la legislación “penal – electoral” mexicana. Por ejemplo, la Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes reciban, destinen o utilicen dinero de procedencia ilícita a favor de partidos políticos y también cuando se rebasen los montos máximos establecidos en la ley por parte de quienes compiten en un proceso electoral.
Sin duda, estas campañas serán muy distintas a las protagonizadas por partidos políticos y que suelen implicar gastos millonarios. La creatividad de quienes compiten será fundamental para evitar superficialidades y despertar en la ciudadanía el interés necesario para participar en un proceso que impactará directamente en la impartición de justicia para millones de personas en nuestro país. Se juega mucho el próximo 1 de junio.
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Para obtener el voto de la ciudadanía, las personas que aspiran a ocupar un cargo en el Poder Judicial deberán enfocarse en dar a conocer sus trayectorias profesionales y propuestas.
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