Necesaria la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

Obligado revisar y sobretodo puntualizar varias apreciaciones en torno a la presentación en la Cámara de Diputaciones el pasado miércoles 21 septiembre de la Iniciativa de Reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en materia de discurso de odio en contra de las personas de la población LGBTTTIQ+ por parte de la diputada Salma Luévano Luna.

Más allá de los hechos que sustentan esta iniciativa como las diferentes posturas y declaraciones registradas en notas periodísticas de representantes religiosos sobre lo equivocado, erróneo y aberrante que resulta la homosexualidad, la adopción para parejas del mismo sexo y los Derechos Humanos de las personas trans, resultan muy preocupante los diferentes comentarios en redes sociales llenos de fanatismo religioso, transfobia, ignorancia y hasta agresiones verbales o amenazas hacia la diputada morenista. Existe una profunda intolerancia y odio irracional en los sectores religiosos hacia la diversidad sexual. Totalmente lamentable.

Mucho cuidado con mezclar la religión, la fe y nuestras motivaciones espirituales con el reconocimiento de los Derechos Humanos de todas las personas, ya que podemos atropellar la dignidad de las personas y vulnerar aun más sus condiciones de desarrollo social. En este caso y como ya se demostró en diferentes ocasiones, el derecho fundamental de la libertad de expresión tiene sus límites cuando se enmarcan en lo que se conceptualiza actualmente por diferentes publicaciones judiciales como “discurso de odio”. Una prueba reciente es la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resuelve sancionar a un diputado federal por emitir desde su cuenta de Twitter mensajes transfóbicos, ni libertad de expresión ni inmunidad parlamentaria, discursos de odio.

Y si bien no existe un control efectivo dentro de las redes sociales para desactivar e inhibir los comentarios ofensivos y denigrantes hacia cualquier grupo de atención prioritaria, sí es posible tomar medidas punitivas a quien los exprese al frente de un micrófono en una posición de poder o voz de autoridad con intensión de provocar una clara afectación a la dignidad de cierto grupo o personas, en este caso quienes se autoadsciben dentro de la población LGBTTTIQ+. Si quienes promueven estos dichos son ministros de algún culto religioso, también debe haber consecuencias; nadie puede tener fuero para discriminar.

Y esta necesaria propuesta en nada se entromete con la libertad de culto reconocido internacionalmente. Si la caracterización de un obispo o papa utilizado por una diputada trans en la máxima tribuna de nuestro país ofendió a personas católicas, quizá habrá que preguntarse por qué son representantes de esa religión quienes más han declarado lo aberrante que debe ser la existencia para los niños y niñas adoptados por parejas del mismo sexo, o señalado sin titubear a la homosexualidad como el motivo principal de que la humanidad haya padecido una pandemia como la del Covid-19. Así de ridículos los posicionamientos pero que lamentablemente sí llegan a ser validados por quienes ven y escuchan a estos ministros de culto como sus guías espirituales y por ende, discursivos también.

A pesar del riesgoso y sigiloso avance de la derecha ultraconservadora por diferentes latitudes en el mundo, las organizaciones religiosas de diferente corriente no han podido en México fortalecerse al grado de tener relevancia dentro del mapa político y de toma de decisiones. Si bien el aun existente Partido Encuentro Social logró la gubernatura de Morelos además de una posición en el Senado de la República, no representan una fuerza política relevante como sí lo son en países latinoamericanos que padecen una lamentable intromisión de organizaciones evangélicas en su mayoría, dentro del sistema de partidos políticos y vida electoral.

Podremos tener la razón en esta batalla innecesaria contra el fanatismo y la ignorancia, pero lo más importante es seguir impulsando desde los espacios como el que ostenta actualmente la diputada Salma Luévano los cambios en las leyes para asegurarle a todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, condición social, edad o afiliación política, una vida libre de violencias y discriminación. La progresividad de los Derechos Humanos y el reconocimiento internacional de la diversidad sexual y de género como una población prioritaria dentro de la creación de políticas públicas son los principales argumentos para hacer entrar en razón a quien considera vulnerada su fe o su espiritualidad.

Tomemos como referencia lo que siempre ha señalado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César; mantengamos claras las delimitaciones que estipula el Estado Laico Mexicano e inhibamos los discursos de odio desde cualquier púlpito. Estamos a tiempo para salvar a muchas infancias y adolescencias que padecen los efectos de estas posturas fanáticas o radicales que rechazan y violentan cualquier identidad sexodiversa no convencional.