Después de la caída de diversas computadoras de Microsoft a nivel internacional y el consecuente caos desatado en aeropuertos, comercios e instituciones; queda la sensación que algunos de nuestros sistemas de administración más relevantes descansan sobre hielo muy delgado, revelándose una crónica dependencia hacia la tecnología digital privada y corporativa. Asimismo, salta la pregunta de si existirá alguna forma en la que los clientes y personas afectadas puedan recibir una compensación justa o si las empresas causantes de este fallo se harán responsables de algún modo.
Otra conclusión que se puede sacar de esta coyuntura es que normalmente el Estado se ve superado por conflictos y problemas tecnológicos, al punto que no es una sorpresa que buena parte de la seguridad cibernética y la administración digital corra a cuenta del sector privado, muchas veces en manos de actores internacionales; por lo que ante eventos de esta magnitud el Estado sólo puede ser testigo impotente de cómo sucede un caos en tiempo real.
¿Cómo es que llegamos a este punto en donde el Estado está supeditado a las empresas tecnológicas, sus productos y las decisiones de sus directivos? ¿Cómo se puede salir de esta crónica dependencia que no hace más que aumentar con cada nuevo producto y tecnología? ¿Es posible siquiera romper esta dinámica? ¿Qué está haciendo México al respecto?
Para empezar, el escenario de sujeción tecnológica del Estado es parcialmente resultado del desarrollo histórico del sistema tecnológico digital, el cual estuvo sujeto desde su nacimiento a las reglas del mercado y el sistema internacional; por tanto, éste opera bajo una lógica neoliberal que impregna totalmente su estructura y funcionamiento y pone todo aspecto tecno-social bajo la óptica de las ganancias y los imperativos del liberalismo económico y los grandes poderes del sistema internacional.
Sin embargo, si algo se ha aprendido durante décadas de neoliberalismo es que dejar la administración de asuntos de naturaleza pública a cargo de empresas y capital privado no es una buena idea, especialmente si estos servicios no pueden regirse bajo la lógica de ganancias, tal como la provisión de servicios de salud o el suministro de agua.
Empero, aunque actualmente estamos viviendo un proceso de desgaste del neoliberalismo y su estructura globalista internacional, hoy en día las capacidades tecnológicas de los Estados son deficientes; una parte de la voluntad y dirección política sigue aletargada por el canto de sirenas de las promesas tecnológicas; así como es evidente que se carece de una visión holística y crítica de la tecnología, lo que se ve reflejado en la regulación tecnológica y las políticas públicas -ya ni se diga de las presiones imperialistas para sostener o impulsar sus propios sistemas y tecnologías-.
Esto nos lleva a dos cuestiones a atender, las cuales usualmente suelen usarse como sinónimos o, peor aún, confundirse. La primera es la necesidad de fortalecer la cibersoberanía en la medida de las posibilidades y capacidades estatales; la segunda es perseguir la proyección, formación y establecimiento de un ciberestado.
La cibersoberanía puede entenderse como el deseo de los Estados de extender y mantener su autoridad y autonomía digital, tal como lo hace con la población y el territorio; lo cual se traduce en la potestad y capacidad para regular y proteger sus infraestructuras digitales, así como el contenido que en ellas habita y transita.
Por lo que se vuelve imperativa la atención y acción político-institucional en: regulación, seguridad cibernética, protección de datos, control y protección de infraestructuras físico-digitales, así como la promoción del desarrollo y uso de tecnologías y servicios digitales nacionales.
En lo que respecta al ciberestado, este se refiere a la aplicación de principios y tecnologías de la cibernética en la gestión del Estado. Construir un ciberestado no es tarea fácil, puesto que no sólo se necesita contar con capacidades de administración de sistemas digitales nacionales, sino que también es necesario tener capacidades de infraestructura digital adecuadas, las cuales, en el mejor de los casos, deberían estar administradas por una visión y política nacional holística y amplia, basada en una perspectiva de sistema tecnológico y no en tecnologías aisladas.
En general, el ciber estado no se refiere a la capacidad del Estado de ordenar y administrar su ciberespacio (cibersoberanía), sino a la capacidad de administrar asuntos de interés público y su relación con la población a través del ciberespacio y gracias a éste, lo que implica: 1)la digitalización de los servicios públicos y administrativos, lo que se conoce como e-Gobierno; 2) transparencia y participación ciudadana; 3) protección de sistemas y datos gubernamentales; 4) gestión de datos y análisis y 5) automatización de procesos administrativos, en algunos casos por medio de la introducción de Inteligencia Artificial.
La visión y operación holística interinstitucional son imprescindibles para el ciberestado, ya que que entre más se opere desde una visión integral, mayor será el grado de interoperabilidad y eficacia de las instituciones.
Mientras que el lograr una cibersoberanía autárquica o cuasi autárquica es casi imposible, aún para países como Estados Unidos o China, el establecer un ciberestado es una tarea más realizable, especialmente porque mucho depende de una administración y uso eficiente de la tecnología, así como de la provisión de condiciones tecnológicas adecuadas.
¿Y cómo va México? Hacer un análisis de ambas áreas requiere de más de dos páginas; sin embargo, es posible decir que hay esfuerzos encaminados hacia la cibersoberanía y el ciberestado, tal como es el caso de la provisión de internet en el país, cuyo esfuerzo ha sido liderado por la iniciativa CFE Internet para todos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador; asimismo, la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, ha adelantado su intención de digitalizar los procesos administrativos y aumentar la relación del Estado con la población por medios digitales, tal como se anunció con la creación de la Agencia de Transformación Digital.
Y aunque aún falta un largo camino para abonar a ambas áreas, no hay que olvidar que las administraciones pasadas carecían de una visión cibersoberana y su relación con el ciberestado estaba guiada por el modelo de subrogación de funciones estatales, muy propio de las gestiones neoliberales. Por tanto, al día de hoy el sistema tecnológico mexicano y sus distintas instituciones y administraciones locales, estatales y federales aún están en un proceso de transición entre distintas olas digitales: desde el digitalizar procesos, hasta la introducción de sistemas de Inteligencia Artificial. Así que el camino es largo, pero posible.