¿Morena, las feministas o la SCJN?

El 16 de julio se aprobó la iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo en Puebla. Cada vez que se despenaliza el aborto en algún estado volvemos a la misma discusión: ¿gracias a quién se logró esta conquista feminista?

A grandes rasgos, los bandos de esta cíclica conversación pública se dividen en tres posturas: la primera considera que es consecuencia directa del movimiento feminista impactar en las instituciones del Estado, la segunda sostiene que el hito para aprobar ese cambio legislativo fue el fallo de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la última reivindica a las mayorías legislativas -y su voluntad política- como factor determinante en la despenalización del aborto.

Este círculo vicioso de jaloneos discursivos en la opinión pública se trata fundamentalmente de una discusión ideológica. Si bien todas las personas que nos involucramos en este diálogo aceptamos que todas esas condiciones han sido incidentes para alcanzar la despenalización del aborto a niveles nunca antes vistos; lo cierto es que las tres posturas buscan reivindicar una vía de lucha como más legítima y eficiente que las otras. Finalmente, cada una de estas tres posturas entiende de manera distinta la política y la forma en que el Estado es sujeto de cambio.

La postura que dice “fue un logro del movimiento feminista” o “fueron las feministas las que lo lograron” entre líneas dicta que un ente abstracto (el movimiento) que no es el Estado, logró un cambio en el mismo. Serían entonces los esfuerzos de organización esporádica y dispersos de las activistas, así como de las organizaciones sociales las que a través de distintas herramientas (amparos, protestas, etcétera) inciden de manera directa en los cambios institucionales.

El bando que atribuye al fallo de la SCJN que en 14 estados de México se haya despenalizado el aborto, implica que es un ente concreto; y caracterizado entre otras cosas por ser contramayoritario, el responsable de incidir en las legislaciones locales.

El problema de estos dos argumentos es que los factores que reivindican como determinantes políticos son difusos o individualistas. Es decir, el movimiento feminista en México no es un proyecto organizado (sino un proceso) y; por su parte, las organizaciones de la sociedad civil acompañan procesos individuales de interrupción o impulsan litigios estratégicos que pueden llegar hasta instituciones y pronunciamientos favorables como lo fue en el caso de la SCJN. No se trata entonces de proyectos políticos nacionales ni populares, sino de una forma de hacer política basada en una agenda impulsada por algunos actores clave (como algunos ministros y ministras y las OSC).

Por otro lado, la postura que reconoce a las mayorías legislativas como factor determinante en el cambio normativo parten del puro sentido común: para despenalizar, hay que hacer un cambio legislativo, para ello se requiere una mayoría en el congreso que apruebe un cambio en la norma. Exactamente así ha sucedido en estos 14 estados que han despenalizado el aborto.

La postura de las mayorías sostiene que la despenalización local de la interrupción del embarazo es la cumbre de todo un proceso; que incluye un movimiento feminista activo y unas herramientas jurisdiccionales favorables, pero que este punto de inflexión sólo se logra si hay voluntad política por parte de nuestros representantes populares. Quienes nos inclinamos por esta postura consideramos entonces que conquistar derechos debe tratarse no de una agenda sino de un proyecto popular, que tenga representantes del pueblo conscientes de todas sus necesidades y que con ello busquen cambiar al Estado desde sus entrañas.