Monsiváis frente a la política del odio

El pasado sábado 27 de junio se conmemoró la Marcha del Orgullo de la comunidad LGBTTTIQ+, una movilización que simboliza décadas de lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, la igualdad y la libertad de todas las personas para vivir plenamente su orientación sexual e identidad de género, libres de discriminación, violencia y persecución.

Aunque este movimiento no surgió de la tradición histórica de la izquierda, sino en Estados Unidos, una sociedad profundamente capitalista, con el paso del tiempo fueron los movimientos progresistas quienes asumieron la defensa más decidida de los derechos de la diversidad sexual, impulsando reformas legales, políticas públicas y una cultura de respeto e inclusión.

Por ello resulta preocupante que, todavía hoy, desde distintos sectores de la derecha persistan discursos que buscan desacreditar esta lucha, presentándola como una amenaza para la familia o para los valores sociales. Lejos de enriquecer el debate democrático, esos planteamientos alimentan prejuicios, justifican la discriminación y dificultan el pleno reconocimiento de derechos que pertenecen, por igual, a todas las personas.

Defender los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ no implica conceder privilegios; significa garantizar que nadie sea perseguido, excluido o violentado por ser quien es o por amar a quien decide amar. Una democracia se mide por su capacidad para proteger la dignidad y las libertades de todas las personas, especialmente de aquellas que históricamente han sido discriminadas.

Por ello, el orgullo no constituye una provocación, sino una reivindicación de la igualdad, la libertad y la dignidad humana. Frente a los ataques rancios que pretenden devolvernos a épocas de intolerancia, la respuesta debe ser la defensa firme e irrenunciable de los derechos humanos y de una sociedad más justa, plural e incluyente.

En ese contexto resulta lamentable que la figura de don Carlos Monsiváis, uno de los intelectuales más lúcidos y emblemáticos de México, cronista excepcional de la vida política, social y cultural de finales del siglo XX y principios del XXI, sea utilizada para intentar atacar al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde esta perspectiva, quienes hoy invocan su nombre no buscan reivindicar su pensamiento crítico, sino convertir su legado en un instrumento de confrontación política. Al hacerlo descontextualizan su obra y simplifican el pensamiento de un intelectual comprometido con las libertades, la democracia y la defensa de los sectores históricamente marginados.

Más lamentable aún es que esta estrategia sea acompañada por quienes se presentan como referentes de la opinión pública, pero que, lejos de privilegiar el rigor periodístico, recurren a la descalificación, la tergiversación y el protagonismo personal. El escándalo sustituye a la evidencia y la estridencia reemplaza al debate informado.

En lugar de honrar la memoria de uno de los intelectuales más importantes que ha dado nuestro país, optan por utilizar su nombre como herramienta de propaganda. Esa práctica no solo empobrece la discusión pública; también representa una falta de respeto hacia la obra de un hombre que dedicó su vida a ejercer la crítica con inteligencia y profundidad.

Resulta especialmente grave que esta polémica ocurra precisamente en el marco de la conmemoración de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+. Porque cuando la orientación sexual o la identidad de género de una persona se convierten en motivo de insinuación, burla o descalificación política, el mensaje es claro: la diversidad sigue siendo utilizada como recurso para el insulto y el estigma.

Esa es la verdadera dimensión del problema. No estamos únicamente frente a una disputa política. Estamos frente a la reproducción de prejuicios que durante décadas sirvieron para discriminar, humillar y excluir a millones de personas. Quienes recurren a esas prácticas normalizan la intolerancia y perpetúan estigmas que una sociedad democrática debería haber dejado atrás.

Y cuando hablamos de derechos, hablamos de derechos humanos. Derechos que, desde mi perspectiva, no solo fueron afectados al intentar manipular la memoria de don Carlos Monsiváis o al utilizarla para desacreditar a un adversario político. Lo verdaderamente preocupante es que, al convertir la orientación sexual en un recurso de ataque, se agrede simbólicamente a toda una comunidad que ha luchado durante décadas por el reconocimiento de su dignidad y de su igualdad.

Esta afrenta trasciende el ámbito de la confrontación política. Es una ofensa para miles de personas que aún enfrentan discriminación, violencia y exclusión por el simple hecho de ser quienes son. Convertir la diversidad sexual en motivo de escarnio significa trivializar una lucha que ha costado vidas, libertades y derechos.

Porque esa es, a mi juicio, una de las expresiones más preocupantes del conservadurismo: recurrir al estigma, a la exclusión y a la intolerancia como instrumentos de confrontación política. Es una visión que se resiste a aceptar que la sociedad mexicana es hoy más plural, más diversa y más consciente de que la igualdad y el respeto a los derechos humanos no son concesiones del poder, sino principios irrenunciables de toda democracia.

Por ello, la respuesta no puede ser el silencio ni la indiferencia. Frente a quienes pretenden normalizar la discriminación, corresponde defender con firmeza la dignidad de todas las personas. Porque una democracia auténtica no se fortalece ridiculizando las diferencias, sino garantizando que nadie sea objeto de odio, exclusión o violencia por su identidad, por su orientación sexual o por el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Como enseñó el propio Monsiváis, la democracia no solo se construye en las urnas; también se construye en la defensa cotidiana de las libertades, de la diversidad y del derecho de todas las personas a vivir con dignidad. Renunciar a esa defensa sería permitir que la intolerancia vuelva a ocupar espacios que la sociedad ha conquistado con décadas de lucha.

El verdadero debate nunca debió centrarse en la conveniencia política de atacar a un adversario, sino en los límites que una sociedad democrática debe imponer cuando la dignidad humana se convierte en instrumento de confrontación. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes; pertenecen a todas las personas por el simple hecho de serlo y no pueden condicionarse por ideologías, preferencias políticas, orientación sexual o identidad de género.

La igualdad y la no discriminación constituyen principios esenciales del Estado constitucional mexicano y compromisos asumidos por nuestro país en el ámbito internacional. Por ello, convertir la diversidad en motivo de burla o de descalificación política no solo empobrece el debate público, sino que debilita la cultura democrática y normaliza formas de exclusión que una sociedad libre tiene la obligación de desterrar.

Defender la memoria de Carlos Monsiváis, reivindicar la dignidad de la comunidad LGBTTTIQ+ y rechazar el uso de prejuicios como arma política no significa respaldar a un partido, a un gobierno o a un personaje público. Significa defender un principio mucho más importante: que ninguna causa política puede justificar la degradación de la dignidad humana.

Porque la democracia no se pone a prueba cuando protegemos los derechos de quienes piensan como nosotros; la verdadera prueba ocurre cuando defendemos la dignidad y los derechos de quienes son diferentes o incluso de quienes discrepan de nuestras ideas. Ese es el sentido profundo de los derechos humanos.

Si la orientación sexual vuelve a utilizarse como un recurso para el insulto político, no solo se estará ofendiendo la memoria de un intelectual como Carlos Monsiváis o la trayectoria de un actor político determinado. Se estará enviando un mensaje de intolerancia a millones de personas que durante décadas han luchado para que su identidad deje de ser motivo de vergüenza, de burla o de persecución.

La historia ha demostrado que el odio siempre comienza con las palabras antes de convertirse en exclusión, discriminación y violencia. Por ello, la responsabilidad de una sociedad democrática consiste en impedir que el lenguaje del prejuicio vuelva a normalizarse.

En última instancia, el legado de Carlos Monsiváis no pertenece a quienes intentan utilizar su memoria para la confrontación política. Pertenece a una sociedad que aprendió, gracias a voces como la suya, que la crítica debe servir para ampliar libertades y nunca para justificar el odio. Esa es la diferencia entre hacer política desde los derechos humanos y hacer política desde el prejuicio. Y esa diferencia, hoy más que nunca, no puede pasarse por alto.