México y las infraestructuras del futuro

Cada que nos imaginamos un futuro hiper tecnológico con coches autónomos, robots inteligentes, proyecciones 3D, realidad virtual y demás, es usual que se den por sentado una serie de elementos que dan soporte a estas tecnologías, por lo que su omisión suele ser un problema común en las proyecciones a futuro, especialmente en lo que se refiere a la especulación y promoción de tecnologías.

Por ejemplo, para que los coches inteligentes y autónomos puedan ser una realidad y masificarse no sólo se necesita una disminución sustancial en el costo de producción, sino que también es necesario habilitar las carreteras y su conexión a internet; transformar las gasolinerías y centros de carga; mejorar considerablemente las bases de datos de carreteras por todo el país, muchas de ellas no muy transitadas y si conexión a internet; entre otras consideraciones.

Y así como pasa con los coches autónomos, el futuro presenta una serie de requisitos estructurales que se deben tener en cuenta, especialmente en el caso de la clase política y las políticas públicas, ya que sobre estos elementos se erigirán las economías y otros sistemas en el futuro, por lo que su desarrollo y posesión no deben dejarse únicamente en el sector privado y extranjero.

Antes de comenzar es necesario definir que se entiende por infraestructura, según la RAE, una infraestructura puede entenderse como un “Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera.”

Entonces, si todo aquel elemento y servicio necesario para el buen funcionamiento de un país puede ser considerado una infraestructura, ¿qué pasa cuando todo apunta a que “el buen funcionamiento” de un país necesita del sistema tecnológico-digital? ¿y qué ocurre cuando la propiedad sobre tales estructuras está en manos privadas y extranjeras? ¿dónde queda la soberanía?

Si bien es imposible que un país sea plenamente soberano en tecnología digital, es necesario que la figura del Estado reclame su lugar como garante del interés público en la estructura, desarrollo y funcionamiento tecnológico, ya sea a través de una regulación más robusta y funcional, a través de la creación o co-creación de tecnología, la apuesta en educación y becas especiales, el fomento de empresas nacionales a través de inversión y exención de impuestos o una mezcla de las anteriores.

Además, se debe establecer el hecho que las infraestructuras no sólo son físicas, sino que también han tomado forma digital, por lo que esto obliga a la administración pública a tener una participación más activa tanto en la gobernanza del sistema digital, como en la creación de servicios públicos digitales más amigables, cercanos y disponibles para la población.

Dicho lo anterior, una de las infraestructuras del futuro más imaginadas y de la que más se habla es el concepto de “ciudades inteligentes”, o lo que es lo mismo, dotar a edificios y demás construcciones de sensores, materiales y programas inteligentes que le permitan a las estructuras más durabilidad, previsión de riesgos y demás procesos de autorregulación, como la eficiencia energética y de consumo de agua.

La dotación de inteligencia vendrá acompañada de cámaras y otros sensores por los cuales la vigilancia podría ser posible, no sólo de parte del Estado, sino de las empresas, lo que hace necesario ir preparando una legislación que prohíba estas prácticas, tal como Europa lo está haciendo en este momento.

Asimismo, los edificios y construcciones inteligentes dependerán de factores como una conexión a internet robusta y sin latencia, por lo que el establecimiento de infraestructura 5G será una necesidad para habilitar las ciudades inteligentes; además, otro factor importante será el aumento en la capacidad de procesamiento de cómputo por medio de la construcción de grandes centros de datos.

Y hablando de los centros de datos, estos consumen muchos recursos energéticos e hídricos, por lo que la administración de los recursos acuíferos nacionales y el robustecimiento de la red eléctrica nacional deben ser una prioridad, así como también el cerrar “la brecha digital” y hacer llegar internet a todo el país, ya que, aunque se olvide, hay zonas del país en donde los beneficios de la revolución digital no se han materializado en los servicios públicos.

Tal como es posible observar, existe una dupla de capacidades de infraestructura que será necesario fomentar: telecomunicaciones y procesamiento computacional; sin embargo, también se deben fomentar las estructuras digitales, tal como sitios web y, más aún, aplicaciones y plataformas. Lo anterior significa que el gobierno debe aumentar la contratación de especialistas, algunos de estos bastante solicitados, por lo que no sólo implica ofrecer trabajos atractivos, sino fomentar la formación de profesionistas en áreas lógico-matemáticas.

En conclusión: esta revolución tecnológica que estamos viviendo tiene que venir de una preparación estatal adecuada, no sólo a través de la regulación y educación, sino también por medio de una visión tecnológico-gubernamental estructural y sistémica, la cual se debería traducir en políticas públicas que apuesten por una preparación más ordenada de lo que fue la revolución de la computación e internet.