Libros de texto ¿quiénes violan los derechos de la niñez?

La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

El Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas. (Art. 3 Constitucional).

La controversia sobre los Libros de Texto Gratuitos no es otra cosa que un pretexto absurdo y por demás político, pues en la Constitución se determina con claridad quién es el facultado para determinar los principios rectores, objetivos, planes y programas de la educación básica en todo el país; es el Ejecutivo Federal quien tiene esa facultad exclusiva.

Ahora bien, algunos opositores dicen que la propia Constitución señala que, para todo ello, deberá, el Ejecutivo Federal, considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y otros actores sociales. Sin embargo, ello es un error, ya que también es claro que el Ejecutivo Federal, tiene la facultad de oír o no la opinión de las entidades federativas, pues al señalar la Constitución que “considerará” la opinión, este vocablo le otorga la facultad de oír o no la opinión de los gobiernos locales. 

Sin embargo, y como lo ha demostrado el gobierno federal, una y otra vez, en todo el proceso de conformación de los Libros de Texto, así como los planes y programas de estudio, se integro a todos los gobiernos estatales a través de los funcionarios que determinaron cada uno de esos gobiernos, incluso existen videos de aquellos gobiernos que se oponen a los libros, donde promovían las asambleas estatales con la participación de funcionarios de esos gobiernos. 

No, no es que exista una intención de ideologizar a los niños, no, puesto que se ha quedado muy bien establecido en todos los foros, que no existe tal cosa, que los libros de texto gratuitos no contienen ningún elemento que vislumbre una ideologización. 

Tan es así que, hoy la discusión es si tiene errores tipográficos o no, a ese absurdo se ha llegado; quien haya tenido tiempo para hojearlos un momento, se dará cuenta que no hay ningún argumento válido para la prohibición de la utilización de estas herramientas para la educación. 

Y bueno, reiteramos que la Suprema Corte de Justicia, a través del Ministro Luis María Aguilar, pisotean la Constitución y las leyes, con tal de favorecer a unos cuantos en detrimento de la niñez,  pues su ceguera, cada vez más preocupante, hace que incluso los académicos en varias escuelas, lo pongan como un ejemplo, sí un ejemplo de la corrupción y de lo que no debe hacer un juzgador, pues pasa por alto, que la Ley reglamentaria de las Controversias Constitucionales, así conocida coloquialmente, determina en su articulo 15, que no podrá concederse la suspensión del acto reclamado (la distribución de los libros) cuanto pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pueda obtener el solicitante, es decir, este ministro, determina que es más importante una supuesta falta de consulta a un gobierno, que la educación de la niñez; para él, los niños pueden quedarse sin libros, eso no importa, lo importante es que no se le consulto a un gobierno estatal (supuestamente) y eso es más valioso que la educación de la niñez mexicana. 

Totalmente absurdo y por demás antijuridicas las determinaciones de este seudo juzgador, pues el pasado lunes, cientos de miles de estudiantes no tuvieron sus libros de texto sin existir fundamento legal alguno para ello. 

Pero no podemos dejar de lado, lo absurdo de otros cuatro Estados, que, sin ser parte de la controversia constitucional, determinan no repartirlos hasta que se resuelva dicha controversia. Y la pregunta es ¿en que ley les permite hacer eso? Con ello, se demuestra que una de sus características, es ser dictadores chiquitos, pues sin mediar ley u orden judicial, determinan no cumplir con una obligación Constitucional, mientras el gobierno federal señala que respetará la determinación del ministro ciego. Y aún hay quienes dicen que los gobernadores de oposición son la democracia andando. 

Para terminar, el gobierno del Estado de México, que pronto cambiará, determina no saber si puede repartir los libros o no, puesto que 20 padres de familia solicitaron un amparo para que a sus hijos no se les otorgaran los libros de texto gratuitos, dejando ver que su intención es hacer esto político, pues todo estudiante de derecho, sabe que el amparo que se otorga al solicitante, solo tiene efectos para esa persona y no para todo el mundo, conforme a la fracción II del articulo 107 Constitucional, que es reiterado en el artículo 73 de la Ley de Amparo (Formula Otero) pues el caso que nos ocupa, no se alega un interés legítimo colectivo. 

Es evidente que ninguna de las Autoridades Estatales que se encuentran violando la Constitución y mucho menos la Suprema Corte, observan el principio Constitucional e Internacional, de velar por el interés superior de la niñez, pues para ellos no existe ese principio, no les importa argumentar falsedades y absurdos, ni violar los derechos humanos de la niñez en los estados de gobiernan, con tal de obtener una estrellita de sus líderes y el reconocimiento de sus patrones.