México vive una transformación profunda. En su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó una convicción fundamental: la soberanía nacional se defiende también desde nuestros territorios, garantizando derechos sobre la tierra y el agua, fortaleciendo la producción de alimentos y reconociendo a quienes han cuidado y trabajado estos bienes durante generaciones.
El sector rural ocupa un lugar central en este proyecto de nación. Cerca de 1.9 millones de campesinas y campesinos participan en Producción para el Bienestar; más de 2.1 millones de productores reciben Fertilizantes Gratuitos, y 445 mil sembradores forman parte de Sembrando Vida. Son acciones que fortalecen las capacidades productivas y permiten avanzar hacia un objetivo estratégico para nuestro país: producir nuestros propios alimentos y garantizar condiciones más justas para quienes trabajan la tierra y nos dan de comer.
Esta visión se expresa también en la defensa del maíz. El acuerdo para ordenar la comercialización del maíz blanco nacional busca garantizar una ganancia justa a pequeños y medianos productores, mientras que El Maíz es la Raíz reúne a 600 mil campesinos para mejorar sus semillas mediante métodos tradicionales, fortalecer el autoconsumo y conservar la diversidad de nuestros maíces nativos. Defender el maíz es defender nuestra cultura, nuestra biodiversidad y nuestra soberanía alimentaria.
Pero transformar el campo significa también hacer justicia a los pueblos y comunidades. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público fortalece su capacidad de decisión y el papel de sus asambleas. A ello se suman la restitución de 13 mil hectáreas de tierras comunales a pueblos indígenas y el proceso para restituir otras 177 mil 632 hectáreas.
No se trata solamente de hectáreas. Restituir la tierra es reconocer derechos, reparar injusticias y fortalecer la vida comunitaria. En esa misma ruta avanzan los Planes Integrales de Justicia y Desarrollo para 35 pueblos indígenas y afromexicanos, porque la tierra es territorio, identidad, memoria y futuro.
La defensa del territorio está estrechamente ligada a la defensa del agua. Recuperarla como derecho humano y recurso de la nación representa un cambio de fondo. La entrega de 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades y pequeños y medianos productores, junto con la tecnificación de más de 250 mil hectáreas de infraestructura hidroagrícola, fortalece la producción y permite avanzar hacia un aprovechamiento más justo y sustentable de este recurso.
Desde la Procuraduría Agraria somos parte de este esfuerzo. Nuestra tarea es estar cerca de los sujetos agrarios, acompañarlos y defender sus derechos; fortalecer sus asambleas y su organización; privilegiar el diálogo y la conciliación, y rescatar, defender y revalorizar los ejidos y las comunidades agrarias como pilares de la vida rural y de la soberanía nacional.
La propiedad social no pertenece al pasado. Tiene un papel fundamental en el presente y el futuro de México. En los ejidos y comunidades se producen alimentos, se resguardan bienes naturales, se conserva una enorme riqueza cultural y se mantienen formas de organización colectiva indispensables para construir bienestar desde los territorios.
Por eso, defender la tierra, el agua, las semillas y los derechos de quienes las trabajan es defender a México. La transformación se profundiza desde abajo, con los pueblos, los ejidos y las comunidades agrarias; y, al hacerlo, también se fortalece y se defiende nuestra soberanía nacional.