¿De quién es el agua en México?

Hay problemas que permiten a un gobierno presumir resultados rápidos y otros que obligan a pensar en décadas. El agua pertenece a los segundos.

En su Segundo Informe, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó una parte importante a hablar de ella. No es difícil entender por qué. México vive con una presión hídrica considerable y la discusión ya dejó de pertenecer únicamente a especialistas, agricultores o ambientalistas. Cada vez entra con más frecuencia a las casas.

La OCDE calcula que en 2022 el estrés hídrico del país alcanzó 44.9 por ciento. El dato importa porque el organismo considera que superar 25 por ciento ya significa una presión significativa sobre los recursos disponibles. Dicho de otra manera: México no está discutiendo un problema hipotético.

Durante mucho tiempo pensamos el agua casi exclusivamente como una cuestión de infraestructura. Presas, tuberías, pozos, plantas de tratamiento. Todo eso sigue siendo indispensable, pero hay otra discusión que suele recibir menos atención: quién decide sobre el recurso y bajo qué reglas.

Ahí encuentro uno de los asuntos más interesantes del Segundo Informe.
En diciembre de 2025 se expidió la nueva Ley General de Aguas y se reformó la Ley de Aguas Nacionales. Conviene hacer una precisión, y es que el derecho humano al agua ya estaba reconocido en la Constitución. Sería incorrecto adjudicarle su creación a este gobierno. Lo que cambió fue el marco para hacerlo exigible y ordenar de otra manera la actuación del Estado.

La nueva legislación establece que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho. Introduce además principios como la sustentabilidad, la equidad entre generaciones y la no regresividad. Incluso señala que un organismo operador no puede cortar completamente el suministro de una vivienda por falta de pago.

Puede parecer una discusión jurídica bastante lejana hasta que uno piensa qué significa quedarse sin agua.

El problema mexicano, sin embargo, no se resolverá redactando mejores leyes. La propia OCDE advierte que existen cerca de 360 mil concesiones otorgadas durante las últimas tres décadas y que muchas operan con información incompleta o desactualizada. También señala algo todavía más incómodo: no siempre sabemos con suficiente precisión cuánta agua se extrae.

Ese dato debería preocuparnos más de lo que lo hace.

Elinor Ostrom dedicó buena parte de su trabajo a demostrar que los recursos compartidos no están condenados inevitablemente al abuso, pero necesitan reglas claras, información confiable y comunidades e instituciones capaces de hacerlas cumplir. El agua mexicana tiene problemas en las tres cosas.

Por eso me parece relevante que el gobierno haya colocado nuevamente al Estado en el centro de esta discusión. No porque el Estado administre bien por definición. También puede administrar mal, desperdiciar o corromper. Sin embargo, su responsabilidad es justamente la contraria: garantizar que un recurso indispensable para la vida no termine distribuido solamente según la capacidad económica de quien pueda apropiárselo.

El Segundo Informe habla de saneamiento de ríos, tecnificación de distritos de riego y nuevas obras de abastecimiento. Habrá que medir cada una por sus resultados. En materia hídrica, los anuncios envejecen rápido cuando llega la siguiente sequía.
Pero existe un cambio previo que vale la pena observar: volver a discutir el agua como un asunto público.

México tendrá que producir alimentos, atraer industria, abastecer ciudades y enfrentar un clima cada vez más incierto con una cantidad limitada de agua. Ninguno de esos intereses desaparecerá por decreto. Precisamente por eso necesitamos decidir cuál debe prevalecer cuando entren en conflicto.

Y esa decisión no puede dejarse únicamente al mercado.

Porque uno puede elegir muchas cosas de acuerdo con su capacidad de pago. El acceso al agua no debería ser una de ellas.