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La tecno-oligarquía también pierde elecciones

La tecno-oligarquía también pierde elecciones

Por Ernesto Ángeles .

Todo parece indicar que el intento de tecno-oligarquía que el trumpismo se esforzó en formalizar en este segundo mandato, verá sus aspiraciones frustradas por los resultados de las pasadas elecciones de medio término en Estados Unidos, los cuales ya son denominados un “tsunami azul” por la cantidad de victorias obtenidas por los demócratas.

Lo interesante en todo esto es que no sólo las consecuencias de la administración del presidente Donald Trump han jugado un rol importante a la hora de votar, sino que también la descarada intromisión política del poder tecnológico y la presión que han ejercido en contra de los intereses de la gente común. La manifestación más clara de esta molestia se tradujo en rechazo a la instalación y operación de centros de datos (aunque no se quedó ahí); la cual, pese a no definir el resultado de la contienda, sí puso de manifiesto una molestia social creciente en la relación entre la política y los empresarios de la tecnología.

De acuerdo con un estudio presentado por Gallup el 29 de octubre, el 53% de las y los votantes consideró la instalación de centros de datos como un factor importante a la hora de emitir su voto[1]. Por su parte, una encuesta de Marist encontró que el 58% de los estadounidenses consideraba que la expansión nacional de centros de datos tendría un impacto negativo para el país; y cuando la pregunta se trasladaba a la construcción de instalaciones en sus propias comunidades alcanzaba al 82% de los demócratas y al 72% de los independientes[2].

Todo esto nos lleva a pensar que no sólo la alianza entre la oligarquía tecnológica y el poder político se verá afectada para 2027, sino que también pueden surgir una serie de presiones políticas para el mercado de centros de datos y sus actores: protecciones ambientales, exención de impuestos, rendición de cuentas, transparencia, uso de fondos federales, infraestructura pública… esto y más podría hacerse realidad, aunque para ello habrá que franquear varias barreras políticas, no sólo entre republicanos, sino entre las propias filas demócratas.

¿Cómo es que esta victoria demócrata podría afectar los intereses de los oligarcas de la tecnología? ¿qué propuestas encabezan aquellos triunfos demócratas contra los centros de datos y cómo podría traducirse esto en la relación tecnología-poder político?

Uno de los indicios más claros de un cambio en la relación entre el sistema político y el mercado tecnológico, al menos en la actitud, es el caso de la próxima gobernadora de Texas, la demócrata Gina Hinojosa, quien en su campaña cuestionó directamente la relación entre las grandes fortunas tecnológicas, los subsidios públicos y el acceso a recursos naturales. Y no sólo eso, la ahora gobernadora electa, señaló directamente la relación entre Elon Musk y el gobierno de Texas, reprobando el uso de recursos públicos en beneficio de las empresas de Musk. 

Una de las prioridades específicas de la campaña de Gina Hinojosa fueron los centros de datos, contra los cuales propuso una serie de medidas, las cuales incluyen: una moratoria inmediata a la construcción de centros de datos; eliminar beneficios fiscales; exigir trabajadores sindicalizados en los proyectos; dar a las comunidades la posibilidad de que puedan participar en la discusión sobre si instalar un centro de datos en su territorio; prohibir acuerdos de confidencialidad que oculten el consumo de agua y electricidad y evitar que los consumidores absorban los aumentos de tarifas provocados por estas instalaciones[3]. Lo anterior cobra más relevancia si se tiene en cuenta que Texas concentra alrededor del 27% de la cartera estadounidense de proyectos de centros de datos en construcción o planeados[4].

Además, resulta interesante que las propuestas sobre centros de datos de la campaña de Gina Hinojosa no fueron las únicas; por ejemplo, Jocelyn Benson, próxima gobernadora de Michigan, propuso suspender la construcción de nuevos centros de datos hasta establecer reglas que obliguen a las empresas a pagar por su electricidad y otras medidas parecidas a las de quien gobernará Texas. 

En la misma línea están Deb Haaland, próxima gobernadora de Nuevo México; Keisha Lance Bottoms, electa para gobernar Georgia; Rob Sand, quien gobernará Iowa; David Crowley, próximo gobernador de Wisconsin; y Amy Acton, electa gobernadora de Ohio. Todos ellos han planteado, en distintos grados, un paquete de medidas que incluye moratorias a nuevos centros de datos, obligación de que las empresas paguen por su consumo energético y revisión o eliminación de exenciones fiscales. 

Por su parte, la postura del gobernador demócrata electo por California, Xavier Becerra, es más negociadora hacia el poder tecnológico, ya que éste no propone detener la expansión de los centros de datos, sino que sus propuestas se centran en la ecología: que los centros de datos utilicen energía limpia, cubran sus propios costos energéticos y transparenten su desempeño ambiental. 

Es por esto por lo que es probable que en Estados Unidos se pase a la regulación de los centros de datos, así como que se extienda a áreas como las redes sociales, la inteligencia artificial o el poder político de las empresas y empresarios de la tecnología. 

Por ejemplo, entre las propuestas de Xavier Becerra también está el apoyo a las restricciones de redes sociales a menores de 16 años; transparencia y monitoreo en el desarrollo y uso de IA en materia laboral y auditorías a sistemas de IA sólo si son usados por el gobierno. 

Con medidas más amplias y restrictivas, Rob Sand, que gobernará Iowa, propone prohibir las cuentas de redes sociales a menores de 16 años y exigir consentimiento parental para adolescentes de 16 y 17; auditorías independientes de los algoritmos de las plataformas; eliminar el infinite scroll para menores; prohibir la publicidad basada en vigilancia y la venta de datos de menores; y establecer configuraciones de privacidad más estrictas por defecto.

Esto lleva a pensar que es importante matizar los alcances de este cambio político; ya que, si bien el caso de los centros de datos parece generar consenso entre los demócratas recién electos, temas como las redes sociales, la inteligencia artificial o el poder de los empresarios de la tecnología no tienen un apoyo homogéneo. 

En el partido demócrata es posible identificar, al menos, tres vertientes que apuntan a diferentes objetivos políticos en materia tecnológica. Del lado de las voces que llaman por un cambio profundo encontramos a la corriente progresista de Sanders, Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, quienes promueven la intervención estatal, redistribución de beneficios, restricciones a la industria (especialmente a la IA), moratoria de construcción de centros de datos y protección laboral.

Con una actitud menos confrontativa con el mercado de la tecnología, pero con la intención de poner en cintura algunas cosas, está la postura que podríamos denominar de regulación institucional, promovida por personajes como Josh Shapiro o Kathy Hochul, quienes promueven el establecimiento de reglas de seguridad, transparencia, protección de menores y supervisión de la infraestructura; o lo que es lo mismo, que la regulación sea puntual, pero que no afecte de fondo las capacidades de poder de las empresas. 

Y apelando a la responsabilidad de las empresas y a una intervención puntual del Estado, está el ala de Gavin Newsom, Xavier Becerra y Kamala Harris, quienes buscan establecer “salvaguardas”, pero no interferir con el ritmo de innovación; por lo que su propuesta subyace en mantener el liderazgo tecnológico estadounidense, pero establecer mecanismos de supervisión y (auto)regulación. 

En conclusión, el significado de este “tsunami azul” no es la derrota definitiva de la tecno-oligarquía, sino la apertura de un ciclo de reacomodo político, en donde los centros de datos han convertido una demanda difusa —quién paga los costos energéticos, ambientales y sociales de la infraestructura digital— en una agenda electoral concreta: moratorias, transparencia, veto local, eliminación de subsidios y rendición de cuentas. 

Pero ese consenso se rompe cuando se pasa de las redes sociales, la inteligencia artificial o el poder político de las plataformas; entonces, la disputa real será interna y multinivel: entre progresistas, reguladores institucionales y colaboracionistas; entre estados, municipios y corporaciones; entre derechos de los usuarios y promesas de innovación. Es así como la lección no es que la democracia haya ganado, sino que ha recuperado un terreno de disputa que habrá de ampliar y profundizar. 


 

[1] https://news.gallup.com/poll/716333/issues-voters-say-matter-midterm.aspx

[2] https://maristpoll.marist.edu/polls/2026-midterm-elections-september-2026/

[3] https://ginafortexas.com/priority/data-centers/

[4] https://dcmap.us/insights/pipeline/