La confrontación en la Corte. El enfrentamiento por reformar el poder judicial

La semana pasada sucedió el más reciente conflicto político y que no tiene precedentes. La noticia de una investigación iniciada en la Corte contra el ex ministro presidente Arturo Zaldívar, derivada de una queja anónima ante el Consejo de la judicatura, ha cimbrado una nueva etapa por el conflicto por reformar al poder judicial de la federación. 

Este nuevo capítulo, uno más de los ya sucedidos y que seguramente habrá más, ha escalado a las acciones legales contra el ex ministro Zaldívar, el principal liderazgo que busca reformar al poder judicial federal. Existe la sospecha de la participación de la ministra presidente Norma Piña. Zaldívar ha anunciado en esta semana que iniciará un juicio de procedencia o desafuero contra Piña. 

El contexto no puede ser más complejo. El ex ministro ha sido muy vocal en su activismo político electoral (otro suceso sin precedentes) para reformar al poder judicial junto con el movimiento político y popular Morena, del lado de la candidata presidencial Sheinbaum. Se le ha criticado al ex ministro presidente pero en los medios corporativos convenientemente olvidan el hiperactivismo del exministro José Ramón Cossío a favor de la oposición, organizaciones corporativas afines y grupos de interés. 

No hay que perder de vista el trasfondo del enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo contra el judicial a lo largo de este sexenio, y que se agudizó con la llegada de Piña a la presidencia de la Corte. El conflicto ha escalado hasta señalar como una de las principales antagonistas a la ministra presidente. El marcaje de los golpeteos del poder judicial federal se han materializado en diversos juicios, suspensiones y resoluciones como: contra el abandono de la construcción del NAIM, la posterior construcción del AIFA, el tren Maya y contra otras obras públicas; contra las reformas energética, eléctrica, electoral, de la guardia nacional, entre otras; en materia penal contra detenciones y extradiciones de detenidos por delitos de delincuencia organizada y delitos violentos; contra acciones del presidente como los cambios a los nuevos libros de texto gratuito. Un extenso capitulado.

La celeridad del trámite de la queja, la arbitrariedad de su admisión, que sea anónima y con una gran cantidad de acusaciones (es imposible que una sola persona sea conocedora de tantos sucesos), la filtración de dicha queja a medios, que suceda en medio de la campaña electoral, en el contexto de las confrontaciones entre los poderes de la unión y el beneficio indirecto de personajes tan cuestionados como Miranda Wallace, no hay forma de ver intencionalidad político, electoral y mediática. 

Esta confrontación entre los poderes, sus liderazgos, medios afines y simpatizantes tiene que derivar en una reforma al poder judicial. Incluso este enfrentamiento es evidencia de la urgencia reformarlo. Es innegable e impostergable una reforma constitucional. 

Es indefendible que un poder judicial sea infiltrado por intereses políticos, privados y económicos. También es intolerable que los juzgadores cometan actos de corrupción y beneficio propio de la función pública.  Es muy positivo que en la discusión pública se hable de los poderes judiciales y no se debe perder de vista a sus operadores: los abogados. 

Por Tona Gallardo