El Poder Judicial y su intolerancia a la crítica

Recién nació México como República en 1824, se consideró al Poder Judicial con independencia de los otros dos poderes, esto de acuerdo a la doctrina de la división de poderes y a la influencia francesa y a la constitución norteamericana. Se pasó de un sistema de Audiencia, en donde se dicha función era administrativa del Rey.

Durante la primera mitad del siglo XIX hubo fuertes conflictos entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Casos como la primera sentencia de amparo, el amparo Justo Prieto o el Amparo León Guzmán fueron episodios fuertes que se dieron entre el poder judicial y el poder ejecutivo. 

Este tema de tensión entre poderes llegó  hasta el porfiriato en donde Porfirio Díaz, que había llegado a  través de un golpe de Estado, o el Plan de Tuxtepec, sabía que por las armas  y la política podría imponerse,  sin embargo, el Poder Judicial sería su piedra en el zapato, pues  sabía que podía considerar su presidencia como ilegítima a través de la doctrina de la incompetencia de origen, la cual asustaba a Díaz. 

Por eso tomó en serio el reparar su relación con el Poder Judicial, poniendo a su compadre y amigo jalisciense Ignacio Luis Vallarta al frente de la Suprema Corte, para cubrirse ante cualquier problema de legitimidad. Vallarta puso manos a la obra y estableció desde la Suprema Corte la no justiciabilidad de las cuestiones electorales, es decir, que el poder judicial no podía tener injerencia en asuntos electorales o políticos. 

Del mismo modo, extirpó la investigación de los delitos del poder judicial pasándola al poder ejecutivo a través de procuradurías en lugar de jueces de instrucción y a través de sus casi 30 años de presidencias ininterrumpidas se dedicó a colocar a jueces federales y locales adeptos al Porfirismo, esto con el objetivo de disminuir ese roce entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Dichos funcionarios judiciales tendrían sueldos altos, tendrían seguridad laboral en el poder judicial y a cambio los jueces no se meterían a atacar las resoluciones del ejecutivo. 

Durante la revolución mexicana, el poder judicial quedó casi intacto. Tanto así que los casos comenzados antes de la revolución y terminados después de la misma siguieron funcionando continuamente, es decir la justicia no paró. Esto se debe a que el gobierno revolucionario y constitucionalista decidió adoptar la formula porfirista de controlar al poder judicial a través de designaciones, sueldos altos y grandes prebendas a funcionarios judiciales. 

El partido único, heredero institucional de la revolución mexicana, mantuvo dicho esquema, con el desarrollo demográfico y económico que trajo el siglo XX el Poder Judicial se fue ampliando. Sin embargo permaneció como un Poder que no criticaba al poder Ejecutivo, basado en el precedente que había puesto Ignacio L Vallarta en el Porfiriato y en la formula porfirista de sueldos altos en el poder judicial. 

Bajo ese esquema Poder Ejecutivo y Poder Judicial convivieron todo el siglo XX sin mucho conflicto. No obstante, el poder judicial falló en canalizar el descontento social y se negó a cambiar desde adentro. 

No fue que hasta finales de siglo con el desarrollo de una justicia regional e internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos humanos es que el poder judicial mexicano se ha visto obligado a modificarse a través de sentencias internacionales contra el Estado mexicano. 

En la presente administración, el presidente ha dedicado una parte de la comunicación a realizar puntuales críticas a miembros del poder judicial. El Poder judicial no estaba acostumbrado a dichas críticas o de rendición de cuentas a otros poderes. Por lo que casi siempre esas críticas se respondían mostrando un curriculum, transcribo una de ellas: 

“Inició la carrera judicial cuando era estudiante de derecho, desde oficial judicial, desempeñó todos los cargos de carrera. En la SCJN tramitaba y proyectaba acciones y controversias constitucionales. Tomó cursos y especialidades sobre amparo y derecho constitucional”. 

El Poder judicial llevaba mucho tiempo sin recibir críticas de la ciudadanía o de otros poderes por un tema político e histórico que ya hemos explicado. Es momento que como cualquier otro poder emanado de la soberanía nacional este sujeto a crítica, reforma y mejora por el bien de México.