El reciente comunicado de la “atracción de la Corte” (más bien solo ejercida por el ministro Javier Laynez) para conocer sobre la acción de inconstitucionalidad del INE contra “el Plan B” (las reformas a seis leyes electorales) muestra la escalada de la confrontación ya no solo entre algunos funcionarios del INE-oposición partidista y el obradorismo-morenismo, sino también escala a un nuevo enfrentamiento entre los poderes soberanos del Estado mexicano.
El ya controvertido antecedente sobre la suspensión definitiva del amparo que promovió Edmundo Jacobo para reinstalarlo como Secretario Ejecutivo del INE, dicha suspensión fue concedida por Blanca Lobo jueza Décima segunda de Distrito en Materia Administrativa. Con dicha resolución incidental la jueza Lobo cruzó los límites de su competencia puesto que los amparos que demandan leyes electorales son notoriamente improcedentes, incluso si estos demandan la inconstitucionalidad de leyes; la misma Constitución expresamente limita que no pueden demandarse mediante juicio de amparo leyes electorales.
Casi al mismo tiempo de los desbordes de elogios a Edmundo de la oposición partidista, medios, comunicadores, abogados, columnistas y académicos afines sucedió la comparecencia del titular de la contraloría, Jesús George Zamora, del INE en el Congreso federal donde reveló que existen investigaciones contra Edmundo por actuaciones irregulares en el manejo del presupuesto y contratación de personal; incluso menciono que ha sufrido presiones de consejeros y otros funcionarios. Este fenómeno del antiobradorismo de respaldar a cualquier personaje a cualquier precio, incluso si comete atropellos.
También en la gira del adiós de Lorenzo Córdova han sucedido fenómenos preocupantes, que incluso son preocupantes para el mismo. Es en un foro organizado por Strategic and International Studies (CSIS) donde participó el aun consejero discutió sobre a favor de EU presionar a México para que no se reformen leyes electorales. Además de sus palabras, muestra que su ética le permite reunirse con organizaciones y personajes que justamente desafían la democracia y a la soberanía de los pueblos.
Antes ya he mencionado al Estado profundo dentro de instituciones como el Ejército y de la FGR para evitar llegar a la verdad y justicia. En este caso si bien no es nuevo que existan grupos con intereses ilegítimos dentro de Órganos constitucionales autónomos y del Poder judicial, estos sucesos recientes muestran que han logrado articular reacciones más agresivas para defender sus cometidos. El Estado profundo se exhibe frente a nosotros.