La Agencia de Transformación Digital y el ciberespacio mexicano: retos y oportunidades

Hace unos días se generó un gran revuelo debido a la propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones que presentó el gobierno de la presidenta Sheinbaum, entre otras cosas porque esta ley le regresa al Estado el control sobre algunos aspectos clave de las telecomunicaciones y el espacio digital, especialmente en su gobernabilidad y disposición; y tal como habría de esperar de una ley de tal impacto, el texto desató múltiples preocupaciones, exageraciones y descaradas mentiras de parte personajes muy diversos, no sólo de oposición, sino también ligados a intereses privados y extranjeros, algunos de ellos loables, pero la mayor parte de estos mezquinos. 

Uno de los centros de atención de las mentiras y exageración de la oposición giró en torno en los supuestos peligros inmersos en el artículo 109 de la ley, el cual establecía que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), a solicitud de las autoridades, podría bloquear temporalmente a una plataforma digital por incumplir a disposiciones u obligaciones en diversas normativas aplicables, tal como lo hizo Brasil en contra de X. 

Lo anterior fue suficiente para que se formara un frente compuesto de bots, troles, comentócratas, activistas, empresas, organismos internacionales y políticos de oposición en defensa de casusas como la libertad de expresión o a las pobres y vulnerables redes sociales (sí, claro); por lo que el gobierno decidió aplazar su votación y llamó a un diálogo y consultas más amplias con todos los sectores interesados, así como ofreció modificar o eliminar el satanizado artículo 109. 

Más allá de las preocupaciones legítimas y las tantas paranoias infundadas, llama la atención la centralidad que ha ido cobrando la ADTD y el rol que la nueva ley de telecomunicaciones le asigna a tal agencia, por lo que en este escrito analizaré qué es esta agencia, cuáles son sus funciones y cuál es su rol en la estrategia de la presidenta Sheinbaum para digitalizar el país y a sus instituciones frente a la población.

La ADTD es ampliamente conocida por su labor en la digitalización de trámites administrativos, ya que esta labor fue desarrollada a nivel local en la ciudad de México cuando la ahora presidenta Sheinbaum era Jefa de Gobierno, por lo que la agencia es en parte un esfuerzo de llevar a nivel federal la experiencia positiva de esa institución, la cual repite en su dirección con el politólogo y analista de datos, José Antonio Peña Merino. 

Sin embargo, la agencia representa un punto de inflexión para el gobierno mexicano en materia digital, ya que en sus funciones no sólo se trata de digitalizar trámites, sino de rediseñar la relación entre el Estado y la ciudadanía, así como en fortalecer el rol del Estado dentro del ciberespacio mexicano, el cual llevaba décadas de atraso en distintas áreas.

La ATDT articula una estrategia nacional que va más allá de la digitalización superficial, sino que en sus funciones también está la simplificación administrativa, la identidad digital, la ciberseguridad, el software público y la política de telecomunicaciones. A nivel institucional, la ATDT obliga a todas las dependencias federales a someter sus compras tecnológicas a una dictaminación técnica, evitando gastos innecesarios y fomentando el uso de software libre. Además, la agencia desarrollará soluciones propias mediante su fábrica de software, con el objetivo de lograr soberanía tecnológica y disminuir la dependencia de proveedores privados; de acuerdo a la agencia, estos esfuerzos permitirán un ahorro estimado de hasta 16 mil millones de pesos para 2030. 

La agencia también prevé iniciativas como Llave MX, la cual es una plataforma que permitirá a cualquier persona identificarse en línea para realizar trámites, así como el Centro de Atención para el Bienestar (CABI), una línea única nacional de atención ciudadana (079) para la atención de diversos asuntos no urgentes y de emergencia, tal como dudas en trámites o inversiones.

Sin embargo, el alcance va más allá del gobierno federal, mediante convenios con estados y municipios, la ATDT brindará herramientas y asesoría para replicar su modelo digital a nivel local. Con esto se busca cerrar las brechas históricas entre entidades tecnológicamente avanzadas y otras con mayores rezagos, con la meta de que todos los mexicanos y mexicanas accedan a servicios digitales de calidad, sin importar su lugar de residencia.

El proyecto también considera dimensiones sociales críticas: líneas de atención especializadas para mujeres, personas con problemas de salud mental y usuarios sin acceso a Internet, lo que demuestra un enfoque inclusivo. A la par, la ATDT lidera la estrategia de ciberseguridad gubernamental, estableciendo estándares y capacidades para proteger la infraestructura digital del país frente a amenazas crecientes.

Aunque enfrenta desafíos técnicos, políticos y presupuestales, la ATDT está sentando las bases de un modelo de gobierno digital que podría transformar radicalmente la administración pública mexicana.

Más allá de los aspectos positivos que atiende la ADTD, el funcionamiento y naturaleza de la agencia están diseñados para atender y construir la digitalización del Estado y su relación con la población; sin embargo, su interés recae fuertemente en un sistema digital ya funcional, por lo que el elemento físico-estructural de éste es atendido muy parcialmente, razón por la cual las soluciones incluyen productos digitales, mas no tecnología física. 

Lo anterior refleja una visión muy recurrente en los diseños de política pública en materia de ciberespacio, especialmente de parte de aquellos Estados en proceso de desarrollo y con pocas o nulas capacidades tecnológicas en el sistema digital internacional, dicha visión consiste en atender los problemas de un ciberespacio funcionando y no en la construcción misma de éste, capacidad que pocos países tienen, tal como China, el cual sí tiene una política pública integral de su propio ciberespacio, mientras que Estados Unidos deja gran parte de la tarea en manos de la iniciativa privada, ya que sus empresas suelen ser monopólicas o cuasi monopólicas, así como que su propiedad intelectual es ampliamente dominante a nivel mundial. 

Más allá de sus limitantes, la agencia atiende diversas deudas históricas que el Estado tenía con su pueblo y su propia cibersoberanía, con aspectos como la digitalización general de sus instituciones, los procesos documentales, el big data como paradigma que coadyuve a la administración pública, así como la relación digital del Estado con la población; por lo que, de tener éxito, tal agencia marcaría un parteaguas en el ciberespacio mexicano y la administración pública digital.