Detrás del descontento de los trabajadores del poder judicial federal

Un tema relevante que es central pero que no se abordado con mayor profundidad es la situación de los funcionarios judiciales del Poder Judicial de la Federación. Son varias condiciones que viven los empleados públicos de uno de los poderes soberanos del Estado mexicano. Me gustaría abordar algunos de los cuales no se tienen presentes o, en su caso, se normalizan y no se reflexiona.

Uno de los varios señalamientos, sino es que reproches en sus intentos de criticar a la reforma judicial, es que los funcionarios judiciales aseguran que tienen cargas de trabajo ingentes que los obligan a cumplir con jornadas extensas y extenuantes. Nadie podría desmentir dicha realidad. La cantidad de juicios que tienen responsabilidad se materializa en miles de expedientes en sus oficinas en espera de acordar, notificar, estudiar y resolver. De forma sucinta: la generalidad es que estén sepultados en sus oficinas de papeles de notificaciones, acuerdos, desahogos, actuaciones, recursos, incidentes, interlocutorias, audiencias y resoluciones. Es bien sabido que los juzgados de distrito son en su mayoría las autoridades judiciales más saturadas de trabajo por su competencia en amparo indirecto. Sin embargo algo que estos funcionarios públicos (hasta ahora no he visto) no toman en cuenta es que el Consejo de la Judicatura Federal el que debería solucionar dichas situaciones y mejorar las condiciones de trabajo.

Por lo tanto, el que el CJF no haga su trabajo con probidad es una constante en varios señalamientos de los funcionarios judiciales. El consejo es la autoridad responsable de la administración del PJF. Además de que en las cifras que publica en su propia página web el gobierno federal le aumenta recursos porcentualmente cada año, cosa que varios empleados judiciales ignoran por cierto. Es bastante irónico que ellos en la búsqueda de encontrar argumentos en su defensa, y contra la reforma judicial, buena parte de dichas situaciones sean responsabilidad de un propio órgano del mismo poder judicial federal. Y lo que es peor es que muchos no se den cuenta y lo normalicen, y con ello nada se haga por cambiar.

Cabe señalar que en general hay dos formas de ingresar a laborar al PJF: por competir en una convocatoria formal que se publique y al final resultara en obtener un nombramiento, y por medio de contratos de prestación de servicios profesionales, un contrato civil. Una precisión más: hay juzgadores que usan dichos contratos para presionar a los empleados públicos ya que les emiten varios contratos por varios periodos cortos de tiempo cuando estos cumplen con las labores cotidianas de un tribunal o juzgado. Una práctica cruel.

Después del injustamente criticado proceso de insaculación, conocido como tómbola, aparecieron varias declaraciones (más bien consignas) de varios juzgadores al asegurar que ellos comenzaron su carrera judicial “desde abajo” como meritorios. Posiblemente uno de los mejores ejemplos de la retorcida “meritocracia” que materializa y justica el abuso en relaciones asimétricas. Lo que llaman meritorios es una pésima tradición muy normalizada en el gremio de los abogados: es trabajo no remunerado de estudiantes o recién egresados de la carrera de derecho, y en la búsqueda incierta de ser considerados en alguna vacante que en un futuro se abra. Que juzgadores cuyo salario es mayor de cien mil pesos mensuales y con bastantes prestaciones se aprovechen del trabajo no remunerado de jóvenes practicantes es abusivo, es inmoral y no es un acto institucional. En el PJF podrían crear programas de pasantías remuneradas para jóvenes abogados, incluso con acciones afirmativas para mujeres, personas con discapacidad, pertenecientes a comunidades indígenas y hasta estudiantes irregulares para mejorar su formación. Jueces perpetuando abusos.

Una de las muchas consignas de los manifestantes contra la reforma judicial es que los ciudadanos no los conocían ni a su institución. Más bien si los ciudadanos de verdad los conocieran con más sentido apoyarían importantes cambios a la justicia judicial. Por ello es importante que los ciudadanos nos informemos sobre la realidad que viven de los empleados públicos.