La crisis del aparato administrativo de justicia fue una de las causas de la Revolución Mexicana. En su libro “La sucesión presidencial en 1910”, Francisco I. Madero describió a la función de impartir justicia “tan corrompida que para fallarse cualquier litigio de importancia, se toma en consideración, no a la justicia de su causa, sino las influencias de los litigantes”. Madero vio al sistema judicial como un entramado de relaciones en beneficio de una élite y que no tuvo una respuesta a favor de los grandes grupos vulnerados en la época del Porfiriato durante episodios como la Guerra de Tomóchic, los ataques a los pueblos yaqui y maya, además de las huelgas de Puebla, Orizaba y Cananea, movimientos que serían la semilla de una rebelión social armada en todo el país.
El Poder Judicial es parte de un sistema político y no un ente ajeno a él. Por ello, su funcionamiento posterior a la Revolución Mexicana no puede entenderse alejado del sistema político que dominó a México durante más de 70 años. Las reglas para su operación fueron diseñadas durante la época del dominio priísta y cuando este entró en declive, mediante simulaciones establecieron todo un marco jurídico que le permitió a la élite frente a ese poder mantener sus intereses a salvo. Basta ver hechos como la venta de exámenes para acceder a una plaza judicial o el tema del nepotismo puesto a la luz por un estudio realizado en 2022 por el propio Consejo de la Judicatura Federal, en el que quedó expuesto que 85.4 por ciento de los magistrados y 67 por ciento de los jueces tienen familiares dentro del Poder Judicial; estudió que también revela que los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el PJF.
El sistema político mexicano va cambiando desde 2018 y sus reglas de operatividad, que abarcan tanto a personas como a instituciones, lo van haciendo junto con él. Es innegable que existen grandes incertidumbres con el inicio de estos cambios y por dicha razón deben ser funcionarios comprometidos con una transformación social los que velen por el correcto funcionamiento a favor de las causas sociales, porque, siguiendo a Madero en su libro publicado hace más de cien años, solamente a través de renovados funcionarios públicos se podrá salvar al país de sus viejos males.
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.