No son números, son vidas: el Informe visto desde nosotras

Hay informes de gobierno que se quedan en las cifras y hay informes que, si una los lee con cuidado, terminan hablando de la vida de alguien conocido: de la vecina que por fin encontró a dónde ir cuando la violencia se presentó en su casa, de la tía que a los 62 años recibe un ingreso propio después de toda una vida cuidando a otros, de la hija que estudia sabiendo que existe una ley que la nombra si algún día el peor de los escenarios tocara a su puerta. El Segundo Informe de Gobierno de la PresidentA Claudia Sheinbaum, presentado el 1 de septiembre en Palacio Nacional, tuvo ese segundo tipo de cifras en el capítulo dedicado a las mujeres. No son números que se admiren desde lejos: son números que, si uno los sigue con atención, aterrizan en cocinas, en juzgados, en centros de salud y en la cartera de millones de mexicanas. 

La PresidentA lo dijo con una frase que resume el fondo del asunto: destacó que “las mujeres llegamos a la Constitución, a las leyes y a las decisiones fundamentales”, pese a la misoginia y al machismo que durante siglos intentaron impedirlo. Lo dijo para subrayar que la paridad ya no es una aspiración de discurso, sino un hecho que hoy se puede señalar con nombres, gabinetes y reformas constitucionales concretas. Pero el informe fue más allá del símbolo. Entró a terreno duro: violencia, dinero, salud, justicia. Y ahí es donde vale la pena detenerse.

Centros LIBRE: la puerta que antes no existía

De los datos que más peso tiene, aunque no siempre se traduzca en titulares, es el de los Centros LIBRE. Este año el país cerrará con 1,001 de estos espacios, distribuidos en todo el territorio nacional, lo que representa cobertura en cuatro de cada diez municipios de México. Solo en este año se sumaron 323 centros nuevos a la red. Detrás de esa cifra hay algo muy concreto: más de un millón de mujeres han recibido ahí acompañamiento psicológico, orientación jurídica y trabajo social. Eso significa que, para más de un millón de mexicanas, al momento en que decidieron pedir ayuda no se toparon con una puerta cerrada, un trámite eterno o un funcionario que las mandara a otra ventanilla. Se toparon con alguien capacitado para escucharlas y con una ruta clara para protegerlas. La diferencia entre que ese lugar exista o no exista se mide, muchas veces, en vidas. 

A esa infraestructura se suma una red que no aparece en un edificio, sino en el territorio: las Tejedoras de la Patria, que ya suman 190,375 mujeres organizadas para tender redes de apoyo, acompañamiento y participación comunitaria. Son ellas quienes muchas veces hacen el primer contacto, quienes acompañan a otra mujer a que se atreva a cruzar la puerta de un Centro LIBRE, quienes reparten información donde el Estado, por distancia o por historia, había llegado tarde.

27 millones de cartillas: saber que se tienen derechos

15 derechos componen a la Cartilla, para muchas de nosotras -que gozamos de “ciertos” privilegios- nos pudieran llegar a parecer obvios, pero no lo son, porque ojalá las 68.6 millones de mujeres mexicanas* que se estima que somos actualmente supiéramos a conciencia que tenemos derecho a ser libres, a vivir en paz, con bienestar, ojalá todas pudieran ejercer su derecho a la educación -ojalá-, ojalá que todas podamos entender que debemos exigir nuestro derecho a ser autónomas, ojalá pudiéramos todas -en todos los estados- de manera realista ejercer el derecho al libre tránsito, a hacer efectivo el derecho a un salario igualitario y por las mismas actividades que nuestro pares hombres, ojalá un día ese 51% de mujeres que somos y vivimos en México sepamos que tenemos el derecho constitucional de una vida libre de violencias -de todas las violencias-. 

Se han distribuido 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres, puede sonar a papel, pero no lo es. Su importancia radica que en nuestro país donde durante generaciones a muchas mujeres nunca se les explicó, con todas sus letras, que tenían derechos básicos, poner esa información en 27 millones de manos es una forma de justicia preventiva. No resuelve todo, pero cambia el punto de partida: una mujer que sabe lo que la ley le reconoce está en mejor posición para exigirlo.

La ley que busca que el feminicidio no dependa del código postal 

El anuncio con más peso jurídico del informe fue, sin duda, la presentación de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. Durante años, el mismo crimen podía tener consecuencias distintas según el estado donde ocurriera: criterios distintos para tipificarlo, penas distintas, voluntades políticas distintas para investigarlo. La propuesta busca terminar con esa lotería geográfica al homologar el delito en las 32 entidades del país, con diez razones de género y diecinueve agravantes que endurecen la pena, penas de entre 50 y 70 años de prisión, la imprescriptibilidad del delito y el objetivo declarado de cero impunidad.

La iniciativa no se queda en el castigo: reconoce derechos concretos para las víctimas y sus familias, entre ellos acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica gratuita y especializada, y atención integral para niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad por feminicidio, además de la creación de un registro nacional para acompañamiento. Ninguna ley, por sí sola, termina con el feminicidio. Pero una ley que dice con la misma voz, en Chiapas y en Sonora, que matar a una mujer por razones de género se investiga y se castiga igual, es un piso mínimo de dignidad que hasta ahora no existía.

Una ley que le debemos a Liliana Rivera Garza, Rosa María Hernández y a las 10 mujeres asesinadas al día que se registran en México**.

El informe también dio cuenta de un componente que suele pasar inadvertido frente a las grandes cifras, pero que en el momento exacto puede ser lo único que importa: la apertura de la Línea SOS Mujeres, el 765, pensada para emergencias, atención y prevención de la violencia de género en tiempo real. A esto se sumó el anuncio de que se impulsan acciones para fortalecer leyes ya existentes, como la Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital y mediática, y la Ley Vicaria, que nombra la violencia ejercida a través de los hijos o de otras personas cercanas como forma de control. Son leyes relativamente jóvenes en el marco jurídico mexicano, y que una administración decida reforzarlas en lugar de dejarlas archivadas dice algo sobre las prioridades reales, no solo las declaradas.

Cuando hacemos referencia a Mujeres en temas del ejercicio de la administración pública debemos entender que es un asunto transversal, es decir, que  se le debe poner esa mirada a todo, por lo anterior es relevante mencionar el capítulo de salud pues ahí también se contó con avances: La PresidentA habló de un programa enfocado en la salud de las mujeres embarazadas y en la atención a la primera infancia, en sintonía con la expansión del esquema Salud Casa por Casa e IMSS-Bienestar, que ya opera en 24 estados del país. La lógica detrás de estas cifras es sencilla de explicar y difícil de construir: llegar antes de que un embarazo se complique, antes de que una revisión pendiente se convierta en una urgencia, antes de que la distancia al centro de salud más cercano se convierta en la diferencia entre la vida y la muerte de una madre o de un bebé. Ese tipo de política no da titulares vistosos, pero es, probablemente, la que más vidas silenciosamente salva.

El informe también habló de bienestar económico para las mexicanas, y ahí la cifra que más directamente toca la vida diaria es la de la Pensión Mujeres Bienestar: 2 millones 873 mil mujeres de 60 a 64 años reciben ya este apoyo, pensado como reconocimiento a toda una vida de trabajo de cuidados que históricamente no se pagó ni se contabilizó. Y aquí me detengo para expresar que yo soy hija de una mujer que al experimentar su libertad económica en consecuencia luchó por todas sus libertades y entendió que la violencia que ejercían sobre ella no la podía permitir más. Mi mamá me enseñó que si una se procura su libertad financiera y jamás depende de un hombre la vida se vive diferente, mejor, más tranquila y se elige desde otros espacios y con otra conciencia e ideas. Gracias mami porque no necesite tus palabras para entenderlo, me bastó mirar a los 13 años tu ejemplo.

La Pensión Mujeres Bienestar reconoció a mi madre, a mis tías y a más de dos millones de mujeres más, que deseo de todo corazón, puedan entender un poquito de lo mucho que genera ser dueña de tu propio dinero. Esta pensión es una manera de decirle, en efectivo y sin condiciones, a una generación de mujeres que crió, sostuvo y cuidó, que ese trabajo también cuenta. 

“No todas las mujeres parten del mismo lugar”

Un acierto no solo del informe sino de las instrucciones que gira nuestra PresidentA Claudia Sheinbaum, es que no se habla de “las mujeres” como si fueran un bloque homogéneo. Todo parece indicar que ha insistido en que la interseccionalidad guie su agenda de género desde el primer año de su administración, y eso se notó en detalles concretos: el reconocimiento, dentro de las efemérides nacionales, a mujeres comuneras y ejidatarias, cuyo trabajo en la tierra y en la defensa del territorio rara vez se menciona en los discursos oficiales, así como el compromiso 53 de su gobierno y la mención a una nueva etapa para los pueblos indígenas y afromexicanos a partir de reformas constitucionales recientes. 

Nombrar a las mujeres indígenas, campesinas y comuneras junto a las políticas de bienestar urbano me gusta interpretarlo como que se reconoce que la pobreza, la violencia y la falta de acceso a servicios no golpean igual en la Ciudad de México que en una comunidad de la sierra, y que una política pública seria no puede diseñarse pensando en una sola mujer promedio que, en realidad, no representa a la mayoría, y la PresidentA demuestra que lo entiende bien.

Sería una columna incompleta, y poco honesta, si no dijera también lo que el propio informe dejó fuera o apenas rozó. Organizaciones que dan seguimiento puntual a la violencia contra las mujeres periodistas, por ejemplo, señalaron que ese tema no apareció en el discurso, pese a que persisten agresiones documentadas contra comunicadoras en distintos estados del país. La brecha salarial sigue existiendo. Los feminicidios, aunque el gobierno reporta una reducción de 36% respecto a 2021, siguen ocurriendo todos los días, y ninguna cifra de disminución alcanza a consolar a quien perdió a alguien. Reconocer los avances no debería significar cerrar los ojos frente a lo que sigue pendiente; al contrario, es lo que permite exigir que la siguiente rendición de cuentas sea todavía más ambiciosa.

Se puede discutir, con toda razón, si un informe de gobierno alcanza para cambiar la vida de todas las mujeres de México. La respuesta honesta es que no, y sería ingenuo pretender lo contrario. Pero también sería injusto no nombrar lo que sí cambia cuando existe todo lo presentado. Quizá, el hilo que conecta todas estas cifras no se trata solamente de programas nuevos, sino de una idea que empieza a instalarse como política de Estado, la de que el cuidado, la seguridad y la voz de las mujeres no son un favor ni un tema secundario de la agenda pública, sino el centro de lo que un gobierno debe garantizar. Falta camino, y mucho. Pero cada Centro LIBRE que abre, cada cartilla que llega a una mano que antes no tenía esa información, cada mujer de 60 años que por primera vez recibe un depósito a su nombre, es también, un territorio ganado.

* La cifra es de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) 

** El dato incluye feminicidios y homicidios dolosos. Y son según datos oficiales recopilados por organizaciones como ONU Mujeres a partir de las estadísticas del Inegi y registros de defunción.