Por Naldy Rodríguez
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6 min Por Naldy Rodríguez*.
La posibilidad de crear una agencia nacional anticorrupción nos lleva a analizar qué instituciones existen en México para combatir este problema social, cuál es el diagnóstico que se tiene actualmente y la evolución jurídica en la historia más reciente del país.
En el andamiaje legal e institucional actual, se cuenta con una Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, independiente del Poder Ejecutivo, que revisa la correcta aplicación de los recursos públicos. Cada estado tiene, a su vez, un órgano de fiscalización, con las mismas características y funciones.
Para el 2017 se creó la fiscalía especializada en combate a la corrupción, que depende de la FGR, así como las fiscalías estatales en la materia. Entre sus propósitos y atribuciones se encuentra la de establecer planes y programas para detectar, informar y fomentar la cultura de la denuncia de los hechos de corrupción.
Se cuenta también con órganos internos de control, algunos autónomos, otros dependientes de la Secretaría federal y estatal en la materia, los cuales deberían, en teoría, hacer cumplir la ley de responsabilidades administrativas (las faltas no graves) y denunciar lo que sea grave ante la fiscalía, además de implementar acciones y políticas preventivas en cada una de las instituciones públicas de México.
Como complemento, se creó también un tribunal especializado en temas administrativos, tanto el federal como los estatales, gozando de autonomía, cuando antes eran una sala especializada que formaba parte del Poder Judicial.
Mucho antes de tribunales y fiscalías especializadas, así como organismos de control para intentar prevenir y combatir a la corrupción, se creó en México -por ahi del 2002- lo que hoy conocemos como el INAI, institución que debe velar no solo por el Acceso a la información sino también por el de protección de datos personales y con ello la privacidad de todas y todos, es decir, dos derechos fundamentales porque así están reconocidos en la Constitución.
Todos estos organismos ya mencionados forman parte también del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) creado a partir de 2016 y con posterioridad en las entidades federativas.
Si algo no ha caminado es precisamente este último organismo, y en muchos estados se ha convertido en un monstruo de mil cabezas. Y es que, dentro de su configuración cuenta con un Comité Coordinador (integrado por las personas titulares de todas las instituciones antes mencionadas), un Comite de Participacion Ciudadana (cuyo presidente será quien lidere el Comité coordinador), una Secretaría Ejecutiva (que figura como área administrativa y enlace entre los dos comités) y una Comisión de Selección (que se encarga de la convocatoria y elección de quienes integran el Comité de participación Ciudadana).
Si bien este último es honorario, tanto la Secretaría Ejecutiva como el Comité de Participación Ciudadana significan salarios, contar con estructura física, así como inversión en gastos de operación, tanto en el nivel federal como en los estados.
La política nacional anticorrupción, y las estatales que se armonizaron a esta, es letra muerta. Una de las grandes expectativas y apuestas del sistema es el funcionamiento e interconexión de la Plataforma Digital Nacional , la cual ha sido prácticamente un fracaso ante la falta de voluntad de los sistemas locales y la poca o nula vinculación con las otras instituciones que deben participar.
Los indicadores y evaluaciones de las que hablábamos al inicio, también son una deuda de estos sistemas anticorrupción.
Pero lo más importante y quizás delicado es que no rinden cuentas ni se abren a la sociedad. Usted pregunte en su estado cuántas recomendaciones públicas han emitido para prevenir y atender faltas administrativas y hechos de corrupción o cuántos convenios y lineamientos han realizado para revisar la licitud y movimiento de recursos económicos.
Salvo honrosas excepciones, los sistemas no funcionan para lo que los crearon.
Twitter @ydlan
*Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales
El marketing político que hoy vivimos en las campañas políticas en todo el país, podemos observar que la percepción política que arrojan las encuestas involucran diferentes factores.
¡Qué escándalo con doña Amparo! ¿No era ella quien abanderaba la asociación más ética y transparente del país?
Hoy el INAI se erige como una autoridad que encubre los actos de corrupción como es el caso de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción.
Xóchitl Gálvez se hundiera en la contienda electoral, lo único que tuvo que hacer fue hablar y actuar conforme a su propio juicio, donde el daño a su campaña ha sido, en gran medida, autoinfligido.