El extraño afán de la derecha de normalizar el FOBAPROA

En fechas recientes, gran parte de la derecha, tanto el aparato mediático como los voceros en redes sociales y uno que otro político, han querido normalizar el FOBAPROA, argumentando que no fue tan grave, que se hizo en pro de los ahorradores y que es más, ahora el déficit del año 2024 será mayor a el monto de la deuda. Primero, para quienes en esas épocas éramos muy jóvenes, ¿Qué es el FOBAPROA? Formalmente, FOBAPROA significa Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el cual fue un fondo creado en 1990 como una herramienta en caso de emergencia por si se presentaba una crisis de liquidez en un banco, se pudiera limitar y se impidiera que los ahorradores perdieran sus ahorros.

Ah bueno, pero entonces ¿eso que tiene de malo? Claro que eso, como siempre cuando se habla del neoliberalismo, era el “deber ser”. La realidad es que se uso como una forma de rescatar a los banqueros y socializar sus pérdidas y malas decisiones para que fuera la población en general quien pagara dichos errores. Pasó de ser una herramienta para ayudar a los ahorradores a ser la herramienta que comprometió a los ahorradores a pagar las malas decisiones y excesos de la banca privada.

El FOBAPROA se utilizó por primera vez en 1995. Después de una serie de prestamos mal realizados y decisiones equivocadas de parte de los banqueros, los llevaran a encontrarse con una cartera vencida equivalente al 14.5% del PIB, la cual, combinada con la crisis de 1994, amenazaba la estabilidad del sistema financiero del país.  A través del Programa de Capitalización  y Compra de Cartera, el gobierno mexicano, adquirió el derecho de cobrar las deudas de los Bancos, para otorgarles liquidez. Todo esto era en un marco de 10 años, y la banca privada se comprometía a aportar 1 peso de capital, por cada 2 pesos de derechos de cobro cedidos al FOBAPROA. Es decir, se vendió como una “ayuda temporal” y que en 10 años, se recuperaría todo el dinero, la deuda seguía siendo privada y se encontraba garantizada por el Gobierno Federal. Sin embargo, Ernesto Zedillo (ese que también desapareció la SCJN y renombró a todos los ministros) en 1998, decidió dar el paso final y convertir la deuda privada en pública.

Así surgió el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), quien en 1998, asumió una deuda inicial del FOBAPROA de 552 mil millones de pesos de ese año ( lo cual es equivalente a 2.1 billones de pesos actuales, monto similar a el presupuesto en 2023 de los 32 estados, juntos) . Se dijo en un inicio que de no haber rescatado los bancos de esta manera, la crisis de 1994 se hubiera profundizado a niveles insospechables. Sin embargo, cálculos posteriores han dejado claro que esto es falso, hubiera salido más barata la nacionalización de la  banca, pero claro, Zedillo tenía que proteger las utilidades del sector que sería uno de sus futuros empleadores (recordemos que terminando su mandato, fue nombrado como consejero de Citi). Una de las grandes críticas es que a este “rescate bancario” también se sumaron deudas empresariales que no tenían porque estar ahí.

¿Cuánto ha costado y costará el FOBAPROA?

El saldo actual de la deuda del IPAB, es de 1 billón de pesos, requiere 62 mil millones de pesos anuales para cubrir los pagos de intereses y la poca amortización que se pueda. Este monto es superior al que se destina a la mayoría de las secretarías de estado. En un inicio, se dijo que se pagaría en 30 años, cálculos mas recientes advierten que la deuda se pagará en 70 años.

De la fecha de su creación a la fecha actual, se han pagado 1.6 billones de pesos, y se espera que la deuda continué generando pagos que, a valor presente, lleven el valor del rescate a un total de 7 billones de pesos, es decir, el pago total de la deuda equivale al 25% del PIB de 2022 y 80% del presupuesto. No hay como querer justificar el hipotecar las arcas del país, para el rescate de unos cuantos banqueros y empresarios.

Hay quien insiste que se ayudó a los ahorradores porque si no se absorbía la deuda por parte del estado, perderían todos sus ahorros. Esto es como decir que usted presta su coche a su primo, su primo apuesta el coche y lo pierde, su tío le presta dinero a su primo para recuperar el coche y después resulta que usted debe pagarle a su tío. Por más que le digan que es por su propio bien porque de lo contrario hubiera perdido su coche, dudo mucho que alguien coincida. Sin embargo hay quien asegura que así fue.

Pero bueno, todo este debate debe ser muy fácil de resolver. Sencillamente hay que saber, que deudas fueron las que se adquirieron en un inicio. ¿De quién eran esas deudas? ¿Qué tipo de créditos? ¿Quiénes eran los deudores y quienes los acreedores? Al ser deuda pública, y al utilizar los recursos del estado, dicha información debería ser muy sencilla de acceder, ¿o no? Pues resulta, que no se sabe. ¿Por qué? Pues porque el INAI (antes IFAI, y establecido con el gobierno de Fox, quien, se rumora, fue uno de los empresarios cuya deuda se absorbió por el estado) ha emitido una serie de criterios los cuales han protegido dicha información de ser entregada. Con argumentos leguleyos, han establecido que si bien se usan fondos públicos, podría vulnerarse la privacidad de las personas tanto acreedores, como deudores, que el estado rescató. Así es, a la fecha, después de casí 30 años de estar pagando mas de 1.6 billones de pesos, la población mexicana no tiene idea de que o a quién se le rescató.

Nunca hay que normalizar eso, nunca hay que olvidar eso.