https://www.sprinforma.mx/noticia/asfixian-bloqueos-y-pugna-politica-la-economia-de-bolivia-tras-orden-de-aprehension-contra-evo-morales
6 min La economía boliviana enfrenta una severa parálisis en sus principales vías de comunicación tras la intensificación de las protestas del sector "evista", detonadas de manera crítica luego de que la justicia declarara en rebeldía y emitiera una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de personas agravada. Los bloqueos de carreteras, concentrados en el eje troncal del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), han cortado el flujo de alimentos y suministros médicos, mientras el desabastecimiento crónico de hidrocarburos e insumos básicos mantiene bajo asedio al aparato productivo nacional y al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira.
La crisis ha tomado un cariz de seguridad nacional. El Poder Ejecutivo denunció que las movilizaciones no responden a reivindicaciones sociales, sino a un "plan subversivo" financiado con recursos del narcotráfico para forzar la impunidad del exmandatario. Por su parte, la dirigencia leal a Morales advierte de un levantamiento generalizado si las fuerzas del orden intentan irrumpir en su bastión del Chapare para ejecutar la captura, consolidando un preocupante escenario de dualidad de poderes y fractura institucional.
El conflicto político escaló a su punto más crítico tras la decisión de un tribunal penal de declarar a Evo Morales en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio oral en su contra. El proceso penal que enfrenta el expresidente —por acusaciones de haber mantenido una relación con una menor con la que presuntamente tuvo una hija en 2016— derivó en una orden de captura que hasta el momento no se ha ejecutado.
Morales permanece recluido en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, custodiado día y noche por barricadas y guardias sindicales armadas formadas por productores de hoja de coca.
Desde su bastión, el exmandatario ha acusado públicamente al gobierno de Rodrigo Paz y a agencias de Estados Unidos de orquestar un operativo para capturarlo o asesinarlo en la región amazónica.
La respuesta del Pacto de Unidad y de los sindicatos leales a Morales ha sido el cierre indefinido de rutas terrestres estratégicas, aislando las zonas productoras de los principales mercados de consumo.
El corte de carreteras impide el libre tránsito de ambulancias y el envío de suministros sanitarios de urgencia, registrándose ya decesos por falta de atención oportuna. Para mitigar el desabastecimiento en la sede de gobierno, las autoridades activaron costosos puentes aéreos para trasladar carne y vegetales.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la suspensión temporal del despacho de combustibles en las zonas en conflicto por razones de seguridad, agravando la escasez de diésel y gasolina en las estaciones de servicio que paraliza al sector agroindustrial y de transporte.
Frente a las protestas que exigen la renuncia de todo el gabinete presidencial por supuesta incapacidad para resolver la crisis energética previa, la administración de Rodrigo Paz Pereira ha buscado legitimidad mediante la acción judicial y el respaldo exterior.
El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el país enfrenta la necesidad de "eliminar definitivamente las redes del narcotráfico" arraigadas en anteriores gestiones y acusó a los líderes del bloqueo de buscar la ruptura democrática.
n el plano exterior, los gobiernos de ocho países latinoamericanos —incluidos Perú, Argentina, Chile y Costa Rica— emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación por el desabastecimiento de alimentos y rechazaron cualquier acción destinada a desestabilizar el orden constitucional en Bolivia.
El desabastecimiento de combustibles, el cierre de rutas clave y una orden de captura contra el expresidente arrastran al país andino a una asfixia productiva y a una profunda fractura institucional
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