Transparencia 3.0: Un juego disparejo para juzgadores

Las campañas para renovar 881 cargos judiciales federales están por llegar a la mitad de su camino en una contienda electoral histórica por donde se le mire: Será la primera vez que en México se elegirá a las personas que serán ministras, magistradas y jueces de diferentes materias. 

Quienes hoy ocupan esos cargos siempre se mantuvieron alejados del pueblo bajo el argumento de la imparcialidad y objetividad que debe prevalecer en las sentencias que emitan, lo que los llevó a convertirse en una élite burocrática con más privilegios que los otros dos poderes. 

Hay que reconocerlo y decirlo también, en el sistema educativo mexicano se ha fallado en educación cívica y cultura democrática. De ahí que la ciudadanía desconozca los poderes que integran el Estado y cómo se conforma el máximo tribunal de justicia o los tribunales estatales. 

En ese escenario es que se realizará un gran experimento social, casi único en el mundo (con excepción de Bolivia, donde se celebra la elección de juzgadores), con reglas novedosas que el árbitro electoral va incluyendo, sin tener un precedente. 

En unos días, se sumarán a este juego bastante disparejo, las y los candidatos a juzgadores locales en 19 estados, lo que incrementará la presencia “orgánica” de las campañas en las redes sociales.

Entre las restricciones que tienen quienes aspiran a estos cargos es que no pueden pagar publicidad en medios de comunicación tradicionales ni en las plataformas digitales, tampoco pueden ocupar instalaciones públicas, ni siquiera la de las universidades públicas de las que egresaron muchos de los suspirantes.

Lo más importante, a diferencia de los candidatos de los otros poderes, no pueden recibir financiamiento de los partidos políticos. De hecho, nadie, ni particulares ni asociaciones civiles pueden destinar dinero o productos en especie, ni directa ni indirectamente; tampoco pueden pagar a personas o empresas para hacer y difundir encuestas sobre las preferencias electorales.

Los poderes, el Ejecutivo, Legislativo y el propio Judicial, de donde emanaron las convocatorias y las candidaturas no podían promover esta contienda, hasta hace unos días que el Tribunal Electoral Federal concluyó que el gobierno y sus autoridades sí pueden promover el voto y la participación ciudadana, en virtud de que dichas restricciones no están previstas expresamente en la Constitución ni en la ley.

A estas reglas o prohibiciones, hay que sumar que, en todo el país se colocarán menos centros de votación para la elección judicial, es decir, si estamos acostumbrados a la ubicación de la casilla que por años ha sido la misma, ahora habrá que buscar dónde toca votar y desplazarnos más lejos. Ahora pensemos en los municipios rurales como los del sureste del país, donde se instalará una sola casilla en la cabecera municipal y las comunidades se encuentran alejadas, con caminos de terracería o barreras naturales como ríos y lagunas. Sólo eso, la distancia, es otro factor que podría inhibir el voto.

Además, habrá una “urna única”, lo que significa que con independencia del nivel de funcionarios que se elegirán o materia (electoral, penal, laboral, mixta, etc.) todos los votos se depositarán en la misma caja.

El reto es mayúsculo para quienes están involucrados: las y los aspirantes, el funcionariado electoral y de casilla; la propia ciudadanía que en una elección novedosa elegirán mediante el voto popular a las personas juzgadoras el próximo primero de junio.