La libertad anticipada como traición a Miroslava Breach

En México, hablar de justicia suele implicar una dolorosa paradoja: las sentencias llegan tarde, incompletas o se disuelven antes de tiempo. Este 6 de mayo, el Poder Judicial mexicano tiene en sus manos una decisión que pondrá a prueba, una vez más, su compromiso con el acceso real a la justicia y su capacidad de proteger a quienes arriesgan todo por denunciar la corrupción y el crimen. La posible liberación condicionada de Hugo Amed Schultz, sentenciado por su participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, no es un simple trámite judicial: es un retroceso flagrante en un país que se ha convertido en uno de los más letales para ejercer el periodismo.

Schultz, exalcalde de Chínipas, Chihuahua, fue condenado a ocho años de prisión por haber colaborado con los autores materiales e intelectuales del homicidio. Su responsabilidad no está en duda: fue reconocida por él mismo en un procedimiento abreviado. Sin embargo, después de cumplir apenas cuatro años en reclusión, ahora busca acogerse al beneficio de la libertad condicionada. La noticia, que ha encendido las alertas de organizaciones como Propuesta Cívica, nos obliga a cuestionar si el Poder Judicial entiende la gravedad del crimen que ayudó a facilitar Schultz y, sobre todo, el mensaje que se envía con decisiones como esta.

El asesinato de Miroslava Breach no fue un hecho aislado ni producto del azar: fue un crimen político, premeditado y ejecutado con precisión para silenciar una voz incómoda. Breach documentó la colusión entre autoridades locales y el crimen organizado, una labor que terminó costándole la vida. Su muerte no solo privó a su familia de una madre y a la sociedad de una periodista valiente; también marcó un punto de inflexión en la lucha por la libertad de expresión en México. Schultz no disparó el arma, pero su papel como facilitador fue clave: proporcionó información sobre Miroslava que fue utilizada para asesinarla.

En un país donde el 98% de los delitos contra periodistas quedan impunes, ¿qué sentido tiene conceder beneficios anticipados a los pocos responsables que han sido sentenciados? La respuesta es clara: ninguno. Si el Poder Judicial opta por otorgar la libertad condicionada a Schultz, no solo estará reduciendo aún más una sentencia que ya era benévola, sino que también estará debilitando la débil estructura de justicia que aún sostiene la esperanza de las víctimas y de quienes luchan por la verdad.

Más allá del caso particular, lo que está en juego es el precedente. Hugo Amed Schultz fue el primer actor político condenado por el asesinato de una periodista. Su condena fue un pequeño paso hacia la rendición de cuentas en un entorno donde el poder político rara vez paga por sus crímenes. Pero su excarcelación temprana transformaría ese paso en una zancada hacia atrás. ¿Qué incentivo queda para que otros funcionarios, cómplices del crimen, sean procesados? ¿Qué garantías quedan para que las familias de las víctimas crean en las instituciones?

La narrativa judicial mexicana, plagada de tecnicismos y fórmulas vacías, suele escudarse en la “rehabilitación del reo” como fundamento para conceder estos beneficios. Sin embargo, esta lógica no puede aplicarse de manera mecánica ni ajena al contexto del delito. La justicia, cuando se vuelve ciega a la realidad social, se convierte en una forma más de violencia institucional. ¿Puede hablarse de rehabilitación efectiva en un país donde el crimen organizado sigue infiltrando gobiernos locales y donde las estructuras que permitieron el asesinato de Miroslava siguen impunes?

Además, la posibilidad de que se esté gestando una campaña mediática para exonerar moralmente a Schultz, tal como denuncia Propuesta Cívica, añade una dimensión aún más preocupante. Estamos ante una peligrosa reedición del pacto de silencio que históricamente ha protegido a los responsables de agredir a periodistas. No basta con haber obtenido una sentencia: la justicia debe sostenerse, hacerse cumplir y no prestarse al olvido.

El acceso a la justicia en México no puede seguir siendo un simulacro en el que se condena con una mano y se libera con la otra. La lucha contra la impunidad no admite medias tintas. Y cuando se trata de crímenes contra la libertad de expresión, la justicia debe ser no solo punitiva, sino ejemplar. Si el Poder Judicial quiere recuperar algo de legitimidad, tiene que demostrar que la vida y la labor de periodistas como Miroslava Breach no son moneda de cambio en un sistema que se acomoda al poder.

El tribunal aún puede elegir. Puede decidir si quiere sumarse a esa larga fila de instituciones que miran hacia otro lado, o si quiere sostener, aunque sea por un instante, el nombre de Miroslava como un juramento. No como un recuerdo, no como una víctima, sino como un acto de resistencia. Porque mientras haya quien escriba, quien investigue, quien denuncie, la voz de Miroslava no habrá sido en vano. Pero si el Estado la olvida, si la justicia la traiciona, entonces sí, habrán ganado sus asesinos. 

La muerte como precedente

Miroslava Breach Velducea fue una periodista chihuahuense reconocida por su valentía al investigar y denunciar la corrupción política, la colusión de autoridades con el crimen organizado y el poder de los cárteles en la Sierra Tarahumara. Durante años, colaboró con medios como La Jornada y El Norte de Ciudad Juárez, enfocando su labor en exponer cómo los grupos criminales influían directamente en las candidaturas locales, especialmente en municipios controlados por el narcotráfico. Su trabajo reveló con nombres y apellidos a quienes tejían esos vínculos oscuros entre el poder público y los intereses criminales.

El 23 de marzo de 2017, Miroslava fue asesinada a tiros frente a su domicilio en Chihuahua, mientras llevaba a su hijo a la escuela. El crimen causó una fuerte conmoción nacional e internacional, tanto por su brutalidad como por el mensaje que transmitía: silenciar la verdad con violencia. Su asesinato fue un golpe directo a la libertad de expresión y a la labor periodística en un país donde, incluso hoy, ejercer el periodismo puede significar una sentencia de muerte.

La investigación posterior reveló que el exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz, jugó un papel clave en facilitar el crimen. Schultz entregó a los sicarios información sobre las actividades y ubicación de Miroslava, luego de que ella publicara un reportaje que afectaba políticamente a su círculo cercano. Gracias a un procedimiento abreviado, Schultz fue condenado a solo ocho años de prisión tras aceptar su responsabilidad. A pesar de esta sentencia, su confesión permitió que la pena fuera considerablemente menor de lo que la ley contempla para el delito de homicidio.

Hasta la fecha, únicamente Schultz y uno de los autores materiales, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias "Larry", han sido sentenciados, a pesar de que al menos cinco personas estuvieron involucradas en la planeación y ejecución del asesinato. El caso ha sido acompañado por organizaciones como Propuesta Cívica, que han denunciado constantemente la falta de voluntad del Estado para investigar a fondo, proteger a periodistas en riesgo y sancionar a todos los responsables, incluidos los autores intelectuales. A ocho años del crimen, el caso Miroslava sigue siendo símbolo del riesgo de informar en México y del largo camino que aún queda para lograr justicia plena.

Lea aquí el pronunciamiento de Propuesta Cívica.