Soberanía selectiva

En el debate público mexicano hay momentos que revelan no solo los hechos, sino la forma en que decidimos interpretarlos. Dos casos recientes —la muerte de agentes vinculados a la CIA en Chihuahua y las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya en Sinaloa— exponen una preocupante inconsistencia: mientras en uno existen indicios de una posible violación a la soberanía nacional, en el otro predominan los dichos sin sustento probatorio sólido. Sin embargo, el tratamiento político y mediático parece invertido.

En Chihuahua, el punto central no es únicamente la muerte de los agentes, sino el contexto en el que operaban. La Constitución mexicana es clara en cuanto a la prohibición de intervención de agentes extranjeros en tareas de seguridad sin los mecanismos legales y acuerdos institucionales correspondientes. Si estos agentes actuaban fuera de dichos marcos, lo que está en juego no es un hecho aislado, sino un posible quebrantamiento del orden constitucional. La soberanía no es un concepto retórico; es un principio jurídico que delimita quién puede ejercer fuerza y autoridad en territorio nacional. Ignorar esto implicaría normalizar una extraterritorialidad de facto.

Este caso, por tanto, exige una investigación rigurosa, no solo para esclarecer responsabilidades, sino para definir los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad. México no puede permitirse ambigüedades en este terreno: o se respeta la Constitución o se abre la puerta a su erosión progresiva.

En contraste, el caso de Sinaloa, donde se ha intentado vincular al gobernador Rocha Moya con el crimen organizado, presenta una debilidad estructural: la ausencia de pruebas contundentes. Hasta ahora, lo que predomina son declaraciones, filtraciones y versiones no corroboradas. En un Estado de derecho, los dichos no constituyen evidencia suficiente para establecer culpabilidad ni para deslegitimar a una autoridad electa.

Esto no significa cerrar los ojos ante posibles irregularidades, sino exigir el mismo estándar que en cualquier proceso serio: pruebas verificables, investigaciones institucionales y debido proceso. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir la arena política en un espacio donde la acusación sustituye a la evidencia, y la percepción reemplaza a la verdad.

La comparación entre ambos casos revela una tensión más profunda: la selectividad en la defensa de principios fundamentales. ¿Por qué la soberanía parece negociable en un contexto, mientras que en otro se construyen narrativas condenatorias sin sustento? La respuesta podría estar en intereses políticos, agendas mediáticas o incluso en la lógica del escándalo como motor de atención pública.

Sin embargo, el costo de esta inconsistencia es alto. Cuando se relativiza la Constitución en un caso y se flexibiliza la exigencia de pruebas en otro, se debilitan las bases del Estado de derecho. La legalidad no puede ser selectiva ni adaptarse a conveniencias coyunturales.

México enfrenta un momento en el que debe decidir qué tipo de institucionalidad quiere sostener. ¿Una donde la soberanía se defiende solo en el discurso y la justicia se construye a partir de percepciones? ¿O una donde los principios constitucionales y el rigor probatorio sean innegociables?

La respuesta no está en los casos aislados, sino en la coherencia con la que decidamos enfrentarlos. Porque al final, más que los hechos, lo que define a un país es la forma en que decide juzgarlos.