Saturan con demandas de Amparo a Conahcyt: detrás, millonarios, abogados de ONG y grupos religiosos

El ahora Conahcyt enfrenta una embestida de casi 700 juicios de amparos, con el objetivo de que empresas privadas como el Tec de Monterrey de la familia Garza Sada; la Ibero de los Jesuitas (compañía de Jesús); la universidad Anáhuac de la congregación Los Legionarios de Cristo; y el ITAM de la familia Bailléres, sigan recibiendo presupuesto del Estado para pagar bonos a sus trabajadores.

Dos modificaciones a los reglamentos y la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, con los que opera actualmente el aparato científico del país, detonaron una vorágine de juicios de amparo en contra del Estado. En total, 683 (de los que se tiene conocimiento por el momento). Y el problema segmenta en dos polos: Por un lado, agrupaciones de universidades privadas que se ven beneficiadas con recursos públicos y no quieren cumplir con sus obligaciones patronales; por el otro, una dependencia con fuertes problemas financieros (déficit en el SNII de más de 500 millones de pesos anuales) intentando reparar el caos, recortando programas de apoyos a la comunidad científica. Los verdaderos beneficiados, empresarios millonarios que son incapaces de ofrecer sueldos dignos a sus trabajadores de la educación.

 Las reformas en cuestión ocurrieron en dos etapas. La primera, el 20 de abril de 2021; y la segunda el 10 de agosto del 2022. Con estos cambios publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ocurrió principalmente que los fondos (dinero) que se entregaban al Sistema Nacional de Investigadores (SNI ahora SNII), a partir de la publicación del nuevo reglamento, sólo pudieran entregarse a aquellos científicos o académicos que formen parte de la estructura del Estado, es decir, universidades públicas. 

Con el segundo cambio (el del 10 de agosto) se estipula que aquellos centros de investigación que formen parte de empresas con objeto social de educación y capital privado, sean quienes otorguen a sus docentes los apoyos económicos que originalmente erogaba el Estado. 

De tal modo, que el principal argumento para la defensa jurídica del ahora Conahcyt apunta a que, con estos cambios a la ley, el Gobierno Federal, deja de financiar a universidades privadas como: el Tecnológico de Monterrey (TEC de Monterrey o ITESM) de la millonaria familia Garza Zada; la Universidad Panamericana (UP) fundada por el simpatizante religioso con el Opus Dei, Carlos Llano Cifuentes; el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), del magnate Alberto Baillères; y la Universidad Iberoamericana del grupo religioso denominado “Compañía de Jesús”, o bien, Jesuitas. También es importante mencionar que estos acuerdos (con las empresas privadas) no ocurrieron en igualdad de circunstancias, es decir, no todas las universidades eran candidatas para esta prestación, sólo aquellas con propietarios millonarios aquí mencionadas. Y entonces aparecieron las demandas.

Al Amparo… del dinero

En total, el monto anual que el Conahcyt, reporta vía Acceso a la Información, se estaría ahorrando al dejar de pagar la adscripción al SNII de los 2,016 académicos de universidades privadas, asciende a los 502,952,076 millones de pesos (mdp). En contraste, el déficit presupuestal anual del mismo programa (SNII) aun no es preciso, sin embargo, se estima que anualmente existe un déficit de $1,862,572,073 (mil ochocientos sesenta y dos millones quinientos setenta y dos mil setenta y tres pesos 00/100m.n.), para cubrir el pago de apoyos económicos asociados al reconocimiento otorgado a las personas investigadoras, en el marco del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Aunque las autoridades explican que este monto depende de la cantidad de académicos adscritos por lo que se trata de una cantidad que cambia cada año. 

Respecto a las demandas, explica Conahcyt, existen 683 juicios de Amparo en su contra (incluyendo reglamentos y la Ley General). De los cuales, 442, son promovidos por 1,256 personas investigadoras que pretenden desacreditar las reformas del 20 de abril de 2021 (Donde se estipula que sólo investigadores de Universidades Públicas pueden acceder al estímulo del SNII); mientras el 241 juicios restantes, apelan en contra del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2022 (Es decir, que consideran que a pesar de ser trabajadores privados apelan a que el Estado pague por sus bonos).

A estos procesos, se le suman otros 5 juicios promovidos directamente por algunas empresas educativas: Instituto Educativo del Noroeste (ITAM); Universidad del Valle de México (UVM); Universidad de las Américas Puebla (UDLAP); y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Es decir, aquellos negocios que lograron acuerdos para no pagar a sus trabajadores durante el periodo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. 

Los despachos del Poder Judicial

El conflicto jurídico que tiene ocupado al Conahcyt tiene origen en un grupo de abogados, muchas veces, coludidos con casos de presunta corrupción en el pasado. El despacho de abogados con mayor presencia es Mijangos y González. 

A pesar de que trabajar colectivamente para presionar sobre el ejercicio de las leyes en México, no configura una irregularidad o un delito, lo que sí podría poner en entredicho el proceso judicial actual, es una presunta relación entre el exministro José Ramón Cossío Díaz (intermediario en casos de impunidad como el de la Guardería ABC y el caso Florence Cassenz) y el despacho en cuestión. Así como la cercanía entre el despacho y el ministro sobre quien recae el caso: Arturo Zaldivar.

Mijangos y González es operado principalmente por dos personajes: Javier miganjos y González; así como la abogada  Carolina Marrusich Esquivel. El primero, exdirector de lo jurídico en la Asociación Civil: “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)”, uno de los organismos más críticos con la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La relación entre estos dos actores resulta evidente, debido a que ambos personajes poseen una publicación de un libro juntos (Mijagos y Cossio), en la que incluso, el actual ministro Arturo Zaldivar, publicó hace 4 años en su página oficial: “Me es especialmente grato escribir unas breves palabras introductorias sobre el excelente libro del profesor Javier Mijangos y González, que estudia la probemática de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares (…) en cuya lectura y defensa tuve el honor de formar parte del tribunal correspondiente”, además agrega que dicho personaje fue su alumno en la Escuela Libre de Derecho por lo cual, tienen varios años de ser amigos según las palabras del propio Zaldivar.

En cuanto a la relación con el ministro en retiro, José Ramón Cossio y el personaje en cuestión (Javier Mijangos y González), es de conocimiento publico que durante el caso de la francesa acusada por trata de personas,  Florence Cassenz. Tanto el exministro Cossío y el abogado Mijangos operaron en el desarrollo del Amparo directo en revisión 517/2011. El primero como ministro disidente al criterio del amparo y el segundo como secretario. Es decir, el principal operador de los amparos es también una persona cercana y excolaboradora de la primera sala donde convergen estos personajes. 

Académicos de CNI se reunirán con ministros de la SCJN 

El 08 de mayo del 2023, aparece el decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación con la que se reforman diversas disposiciones de la ley de entidades paraestatales y de planeación. Y otra vez, aparecieron los juicios. 

En total, según la información obtenida vía Acceso a la Información, se han presentado dos demandas de Acción de Inconstitucionalidad: la primera fue interpuesta el 06 de junio de 2023  por el frente opositor al obradorismo desde el Senado de la República, misma que quedó en el expediente 126/2023; y la otra, por diputados (también opositores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, principalmente) el 07 de junio de 2023 bajo el expediente 128/2023. Ambas fueron aceptadas por la SCJN y recaen en las manos del ministro Arturo Zaldivar, quién rechazó la solicitud de los demandantes para suspender la ley.

Con el objetivo de intentar recular a la Acción de Inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), académicos adscritos a diferentes Centros Públicos de Investigación se reunirán con los magistrados con el fin de apoyar la ley obradorista. 

El doctor en jurisprudencia constitucional, Armando Hernández Cruz, representará jurídicamente a 27 CPI que, recientemente discutirán con los ministros sobre la necesidad de mantener la actual Ley General, así como sus reglamentos. Además intentarán hablar con los magistrados respecto a la relación que existe entre la actual ley y la supervivencia de estos Centros de Investigación. En entrevista exclusiva para este medio de comunicación comenta: 

“Se trata, en definitiva, de un movimiento político más que de una preocupación legitima por la Ley de Ciencia y Tecnología. Bueno, es un movimiento político sin duda porque son legisladores  quienes promueven la Acción de Inconstitucionalidad. Se trata también de una visión contrastante con la realidad que vivimos algunos académicos”. Y agrega: “Yo como especialista en temas constitucionales y parlamentarios, no veo no vicios del procedimiento como argumentan esos Senadores y Diputados. Lo que sí hay, son dos visiones distintas de cómo debe operarse el sistema de ciencia en México”.