¿Reforma política para quién?

En el largo periodo de 1977 a 2014 la sociedad mexicana llevaba treinta y siete años conociendo la experiencia de reformas electorales que afectaron tanto a gobernantes como gobernados de manera singular. 

Esa experiencia reformadora, como se puede comprobar en muchos testimonios, no convirtió a nuestro país en un territorio y Estado más democráticos. Las estructuras construidas por el régimen priista, en todos esos años, siguieron preservando los intereses económicos y políticos de las élites más pudientes y grupos transnacionales defensores del modelo globalizador neoliberal.

A pesar de las múltiples reformas electorales los mexicanos padecimos el desmantelamiento del Estado y se sufrió la pérdida de muchos de los derechos fundamentales como el empleo, la salud y la educación, principalmente.

En las elecciones de los poderes públicos, el fraude electoral prevaleció y el resultado fue contundente: continuó el predominio de un partido (PRI) que en un momento de crisis (1988), se amalgamó con el Partido Acción Nacional para consolidar a un subsistema de partidos políticos no competitivo, endeble y fuertemente autoritario.

El acompañamiento del PAN al régimen priista eliminó, desde la última década del siglo veinte, una débil pluralidad en el Congreso y solo se aceptó una serie de triunfos en algunos territorios municipales de la República donde habían obtenido victorias personajes que venían de un sector político de izquierda.

La alianza prianista, hay que insistir en ello siempre, tenía como fin la eliminación de las fuerzas de izquierda o al menos reducirlas a su mínima expresión como lo reflejaron las acciones gubernamentales y las campañas en los medios de comunicación después de cada una de las elecciones presidenciales de los años dos mil al dos mil doce.

La tesis peregrina de la modernización política y transición democrática que se nos quiso vender a propósito de las reformas electorales de aquellos años, a través del control de la mayoría de los medios, más la difusión de argumentos de políticos prianistas y académicos universitarios (los abajo firmantes) asociados hasta el día de hoy a esos partidos permitieron el engaño que terminó desde las elecciones que hicieron triunfador a Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto económico de los últimos siete años que registra a pasos agigantados la recuperación de la inversión pública en áreas fundamentales para el Estado mexicano como son la energía, infraestructura, educación, salud y vivienda requiere de un modelo político renovado. Como en los mejores momentos de la historia se necesita profundizar en la vida democrática para terminar de construir una nueva institucionalidad.

Erradicar la corrupción, indolencia y burocratismo en los partidos políticos. Así como reestructurar la organización electoral, debiesen ser algunos de los objetivos prioritarios de la reforma política que se presentará en este mes.

Se está formando una sociedad muy exigente que demanda, pide cuentas y responde a los apoyos que recibe con una lealtad política singular. Como se refleja en cualquier encuesta de opinión conocida, es una nueva realidad social crítica a la que no se le puede engañar.

La movilización ciudadana de los años ochenta y noventa se dirigió hacia el PAN. Esa alternativa democrática se frustró por la incapacidad y corruptelas de sus líderes y dirigentes principales. Dos sexenios bastaron para que la mayoría de la sociedad se arrepintiera de su apoyo inicial a un partido que ni tardo ni perezoso hizo mezcolanza con su adversario histórico.

Las reglas electorales no son inamovibles. La cultura electoral y la cultura de la movilización de los mexicanos se han modificado en los años recientes. La nueva participación ciudadana está fincada en el modelo que se autonombra como humanista, donde se privilegia a la clase social más perjudicada históricamente, los pobres. Por ellos, el sistema político mexicano debe necesariamente cambiar, modificarse cualitativamente.

Una nueva reforma invita a que el ciudadano utilice su derecho a controlar a los gobernantes a través de una mayor participación sea por la pauta de la democracia representativa, pero incrementando el modelo democrático participativo a través de la consulta popular y la revocación del mandato.

El ruido y descontento de algunos cuantos oponiéndose a la reforma no debe impedir el esfuerzo y decisión gubernamentales por transformar democráticamente a este país.