Reforma judicial: un acto democrático

Las y los legisladores de la Cuarta Transformación que asumirán sus funciones como parte del nuevo constituyente permanente que emanó del proceso electoral del pasado 2 de junio, llegan a esos escaños con un mandato contundente: reformar la constitución para concretar, entre otras cosas, una readecuación al poder judicial, único de lo tres poderes del estado mexicano que ha permanecido intacto desde el inicio de esta nueva etapa de la vida pública del país. No se le mintió a los electores cuando se dijo abiertamente los alcances de esta propuesta, y se fue más allá, las candidatas y los candidatos propuestos por Morena, PT y PVEM; solicitaron abiertamente el voto para llegar a una mayoría calificada que pudiera conseguir los cambios constitucionales que este planteamiento requiere. La reforma al poder judicial emana entonces del más profundo acto democrático: el de la emisión del voto. 

Pero más allá de contenidos o alcances, cualquier reforma implica un ejercicio de transformación que expresa una voluntad popular. El INE, el poder judicial y cualquier institución si se tocan. Petrificar a cualquier aparato público o burocrático, defendiéndolo a toda costa, no solo implica un acto de obcecación sino un verdadero atentado en contra de la democracia y del devenir histórico de la sociedad. El Estado y sus normas no deben ser aparatos anacrónicos que se enquisten sin asumir que deben ajustarse a las necesidades de la sociedad a la que sirven, esto incluso está garantizado en el propio artículo 39 de la constitución que protege el derecho que tiene el pueblo de hacer cambios a su forma de gobierno en cualquier momento. 

Por décadas el poder judicial permaneció alejado de todo escrutinio público, incluso la jerga jurídica era el halo que encerraba al funcionamiento de este aparato público del debate del promedio de la ciudadanía. Nunca se llegó a discutir, a pesar de ser hechos del conocimiento popular, sobre el monto de las remuneraciones, ni las canonjías de magistrados y ministros; tampoco se hablaba abiertamente sobre prácticas como el nepotismo o la discrecionalidad en la asignación de plazas al interior de la llamada carrera judicial, estaban en la sombra los fideicomisos millonarios que se resguardaban de la revisión de las instancias de control presupuestal. Hoy se comienzan a popularizar los nombres de los ministros de la SCJN e incluso de algunos de los funcionarios judiciales, se ha sabido además de que en algunos casos comienzan a hacerse esfuerzos por comunicar a la sociedad los alcances de resolutivos y determinaciones de este poder. El solo hecho de abrir esta caja de Pandora a los ojos de millones de mexicanas y mexicanos es un acto de transparencia que hace más público lo público. 

El derecho del pataleo no se puede regatear a ningún inconforme, pero el paro de los funcionarios del poder judicial podría seguir desvelando las verdaderas razones de la oposición a la reforma y el rostro de quienes están detrás de ella. 

La reforma no se detendrá sin embargo y con ella avanzarán tres cambios fundamentales en el funcionamiento de este poder: la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados; la creación de mecanismos que garanticen que la impartición de justicia sea verdaderamente pronta y expedita; y la cancelación de los privilegios económicos y las canonjías inmorales de la dorada burocracia judicial. Empero, el mayor logro de esta reforma se encuentra en ser la expresión de una democracia mexicana que está más viva que nunca.