El dilema de los vapeadores: salud pública, mercado negro y libertad individual

La reciente reforma constitucional que prohíbe la producción, comercialización y uso de vapeadores en México ha encendido un debate que trasciende los dispositivos en sí. Este tema toca fibras sensibles: la protección de la salud pública, la rectoría del Estado frente a los intereses de la industria, los riesgos del prohibicionismo y el derecho de las personas a decidir sobre su consumo. ¿Es esta prohibición, la solución ideal?

Un problema de salud pública

Los vapeadores llegaron al mercado como una alternativa supuestamente menos dañina que los cigarrillos tradicionales. Sin embargo, estudios internacionales y de la Cofepris han demostrado que estos dispositivos no están exentos de riesgos. Su uso puede provocar inflamación pulmonar, daños a largo plazo en las vías respiratorias y problemas cardiovasculares, causando lesiones pulmonares severas, en muchos casos, relacionadas con líquidos adulterados.

En México, aunque no se tienen cifras exactas sobre muertes o daños directos causados por el vapeo, su popularidad entre jóvenes es alarmante. Estos dispositivos, con sus sabores llamativos y publicidad sofisticada, han seducido a nuevas generaciones, creando un riesgo latente de normalizar el consumo de nicotina y perpetuar la adicción.

La prohibición busca proteger a los más vulnerables, especialmente a los jóvenes. Sin embargo, es crucial preguntarnos si la simple eliminación de estos productos del mercado será suficiente para resolver el problema o bien, por el contrario, abrirá la puerta a otros riesgos.

El Estado contra las tabacaleras

La industria tabacalera, consciente de la disminución global en el consumo de cigarrillos tradicionales, ha invertido fuertemente en vapeadores como una nueva fuente de ingresos. Estas empresas han presentado los cigarrillos electrónicos como una opción "menos dañina", apoyándose en campañas que minimizan los riesgos.

En este contexto, la reforma representa un acto de fuerza del Estado al anteponer la salud pública a los intereses económicos. No es la primera vez que las tabacaleras intentan frenar regulaciones mediante amparos y litigios estratégicos, y probablemente no será la última. Sin embargo, la inclusión de esta prohibición en la Constitución envía un mensaje claro: la rectoría del Estado no está en venta.

El problema del prohibicionismo

Prohibir no siempre significa erradicar. Más bien, puede significar trasladar el mercado a la clandestinidad. Experiencias internacionales muestran que el prohibicionismo suele fortalecer los mercados negros, donde los productos se comercializan sin controles de calidad. En el caso de los vapeadores, esto podría aumentar el riesgo para los consumidores, quienes estarían expuestos a líquidos adulterados o dispositivos defectuosos.

En México, el mercado de vapeadores tiene un valor estimado de entre 3,000 y 5,000 millones de pesos anuales. Si este negocio cae en manos del crimen organizado, no solo se perdería la oportunidad de regularlo, sino que se abriría un nuevo frente de violencia y extorsión, como ya ha ocurrido con otros mercados ilícitos.

Libertad individual: ¿prohibir o regular?

Otro aspecto importante es el derecho de las personas a decidir sobre su consumo. En una sociedad democrática, los adultos deberían tener la libertad de consumir sustancias legales siempre y cuando estén plenamente informados de los riesgos. Prohibir el vapeo sin considerar esta perspectiva puede interpretarse como un acto paternalista del Estado, que decide por los ciudadanos lo que es mejor para ellos.

Sin embargo, la libertad individual no puede ir en detrimento de la salud pública. Cuando el consumo de una sustancia afecta a terceros o genera costos significativos para el sistema de salud, el Estado tiene el deber de intervenir. El reto está en encontrar un equilibrio entre estos derechos y responsabilidades.

Hacia una solución integral

Más que una prohibición total, México necesita un enfoque integral. Esto implica una regulación estricta de los vapeadores, incluyendo estándares de calidad, restricciones de publicidad dirigida a jóvenes, etiquetados claros sobre riesgos y campañas educativas efectivas. Además, es crucial fortalecer los programas de atención a las adicciones, asegurando que quienes buscan dejar de fumar o vapear encuentren alternativas seguras y accesibles.

El debate sobre los vapeadores no es solo un tema de salud, sino de derechos, regulación y estrategia. La reforma constitucional es un paso, pero no será suficiente si no se complementa con políticas públicas bien diseñadas que protejan la salud, respeten las libertades y eviten consecuencias no deseadas como el mercado negro. 

Prohibir sin acompañar con educación, regulación y alternativas es como tratar un síntoma sin abordar la enfermedad.